El cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel dejó de ser un pase de facturas político para convertirse en una disputa institucional con derivaciones judiciales. En el centro de la tormenta aparece IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, con denuncias de déficit millonario, recortes en prestaciones y presuntas irregularidades.
El oficialismo que prometía dinamitar la “casta” ahora exhibe su propia guerra intestina. La frase fue directa, sin anestesia y con intencionalidad política evidente. En el programa “La Ves”, conducido por Jonatan Viale en Todo Noticias, el ex ministro de Defensa y actual diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de haber “apostado al fracaso del Gobierno”. No fue un exabrupto aislado ni una ironía al pasar. Fue una imputación política de máxima gravedad en medio de tensiones internas dentro del espacio libertario y tras el discurso de apertura de sesiones del presidente Javier Milei, donde ya se habían deslizado críticas hacia quienes “soñaban con el sillón de Rivadavia”.
Petri fue más allá. Sostuvo que Villarruel no apoyó las políticas del Ejecutivo, que fue funcional a la oposición, que no estuvo a la altura de las circunstancias y que incluso se ofreció como alternativa en la línea sucesoria presidencial. La acusó de comprar la agenda opositora y de traicionar el proyecto libertario. En otras palabras, la señaló como una pieza desleal dentro del engranaje oficial.
El mensaje era claro: dentro del Gobierno hay quienes, según Petri, no empujan el carro sino que esperan que descarrile.
La respuesta de Victoria Villarruel no tardó en llegar y fue todavía más filosa. Desde su cuenta en X, la vicepresidenta decidió no entrar en la discusión abstracta sobre lealtades o estrategias políticas. Apuntó a la gestión concreta y puso el foco en una herida sensible: el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, IOSFA. “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino”, escribió. Y remató con una frase demoledora: dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país.
No se quedó ahí. Lo tildó de “vecina chusma”, ironizó sobre los “trencitos de la alegría” y deslizó algo mucho más grave que un simple error administrativo: habló de un posible desfalco en la obra social de los militares y sus familias y aseguró seguir atentamente la causa judicial.
En ese instante, la interna dejó de ser un pase de facturas discursivo y se convirtió en un campo minado institucional.
IOSFA no es una dependencia menor ni un área técnica más dentro del organigrama estatal. Es la obra social que cubre a personal militar en actividad, retirados y a sus familias a lo largo y ancho del país. Su alcance es federal y su población beneficiaria incluye a quienes viven en regiones alejadas, donde la oferta sanitaria privada es escasa y el sistema público muchas veces no alcanza. Cuando se habla de recortes en prestaciones, deudas con prestadores o suspensión de medicamentos oncológicos, no se trata de tecnicismos presupuestarios. Se trata de tratamientos interrumpidos, de familias que peregrinan por cobertura, de uniformados que sienten que el Estado al que sirven les suelta la mano.
Durante la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa, IOSFA acumuló un déficit millonario. Los reportes mencionan que pasó de alrededor de 44.000 millones de pesos a más de 200.000 o 210.000 millones en deuda en un período breve, según balances y auditorías internas de 2025 y 2026. Hubo renuncias resonantes, como la del presidente Roberto Fiochi, mendocino designado por Petri. También se registraron deudas con droguerías y prestadores, recortes en prestaciones y denuncias de vaciamiento impulsadas por sindicatos como ATE y asociaciones de suboficiales.
En ese contexto, la acusación de Villarruel adquiere otro espesor. No habla solo de desorden administrativo sino de un “desfalco”, palabra que en el lenguaje político argentino tiene connotación penal. Si bien no existe hasta el momento confirmación pública de una condena o procesamiento firme contra Petri, sí hay menciones a denuncias y a investigaciones en curso. La vicepresidenta, al afirmar que sigue atentamente la causa judicial, instala la sospecha de que el problema no se agota en una mala gestión sino que podría involucrar responsabilidades más profundas.
El cruce revela algo más que diferencias personales. Expone una grieta creciente dentro del oficialismo libertario. Villarruel mantiene vínculos y legitimidad dentro de sectores militares y del universo castrense, un terreno donde IOSFA es un actor central. Petri, en cambio, fue el responsable político de esa estructura durante su gestión. El choque no es casual ni abstracto: se da en el corazón de una disputa por liderazgo, influencia y proyección.
Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver…
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026
Y todo esto ocurre bajo la sombra de un gobierno que ha hecho del ajuste, la motosierra y la confrontación su marca registrada. Las políticas de Javier Milei, orientadas a una reducción drástica del gasto público y a una reconfiguración del Estado, han generado tensiones en múltiples frentes. La situación de IOSFA aparece, en este marco, como un ejemplo incómodo de cómo el discurso de eficiencia puede terminar impactando en áreas sensibles como la salud de quienes integran las Fuerzas Armadas.
El Gobierno que prometía orden y transparencia enfrenta ahora cuestionamientos internos por déficit millonarios, recortes en medicamentos y posibles irregularidades contractuales. La épica libertaria se topa con la realidad de balances en rojo y denuncias sindicales. Y en lugar de un cierre de filas, lo que emerge es un intercambio feroz entre dos figuras centrales del espacio.
Hay, además, un componente simbólico que no pasa desapercibido. Petri habló desde la pantalla de TN, un canal de alto alcance, en un programa político de fuerte impacto. Villarruel eligió X, su trinchera habitual, para responder con un tono áspero y directo. Dos estilos, dos públicos, dos narrativas. En el medio, un Gobierno que intenta sostener cohesión mientras sus principales referentes se lanzan acusaciones de sabotaje y desfalco.
No es sencillo descifrar cuánto hay de estrategia y cuánto de fractura real. Pero el hecho de que la disputa incluya menciones a causas judiciales, cifras de deuda y denuncias de vaciamiento indica que la tensión ya no puede reducirse a un simple chisporroteo mediático. Cuando la segunda autoridad del país acusa al ex ministro de Defensa de dejar un vacío que afectó la atención médica de cientos de miles de personas, el problema excede el terreno de la retórica.
La pregunta que sobrevuela es incómoda: ¿qué tan sólida es la arquitectura política de un gobierno cuyos principales referentes se señalan mutuamente como responsables de traicionar el proyecto o de vaciar una obra social clave? La respuesta, por ahora, es incierta. Lo que sí resulta evidente es que la promesa de orden interno y disciplina libertaria se enfrenta a una realidad más áspera, donde las disputas por poder y gestión se exponen sin filtro.
La interna entre Petri y Villarruel no es un episodio menor. Es la expresión de un oficialismo que, mientras impulsa reformas profundas y ajustes severos, debe lidiar con sus propias contradicciones. Y cuando esas contradicciones se ventilan con acusaciones de fracaso y desfalco, la credibilidad institucional queda en el centro de la escena.
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