Una investigación judicial en Estados Unidos y registros de financiamiento electoral en la Argentina confirman que la empresaria Vidal Bada Vázquez —socia de Fred Machado y propietaria de una flota de aviones usados por el narcotráfico— aportó más de 3 millones de dólares a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023. La ministra, que exigía explicaciones a Espert por el mismo caso, quedó ahora en el centro de la trama narco-política más grave del país.
El discurso de la “mano dura” se derrumba a la velocidad de una confesión televisiva. Documentos oficiales revelan que Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y candidata presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, fue financiada por el mismo circuito narco que vinculó al empresario detenido Federico “Fred” Machado y al diputado José Luis Espert.
Según consta en la Justicia del estado de Texas y en la Cámara Nacional Electoral argentina, la empresaria Vidal Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal y socia comercial de Machado, aportó 3.073.354 dólares a la campaña “Patricia Bullrich Presidenta 2023”. Lo hizo a través de sociedades con domicilio fiscal en los Estados Unidos y Argentina, que forman parte del entramado financiero investigado por lavado de dinero y narcotráfico internacional.
La revelación no surge de rumores ni de operaciones políticas, sino de documentación judicial que también detalla la propiedad de una flota de aeronaves privadas —una de las cuales fue secuestrada con 350 kilos de cocaína— a nombre de la misma empresaria que aparece como donante principal de la campaña bullrichista. El dato clave: las transferencias que vinculan a Bada Vázquez con la estructura de Machado coinciden temporalmente con los aportes declarados a la campaña presidencial de Bullrich.
Mientras Bullrich pedía públicamente a José Luis Espert “que aclare su situación” tras la detención de Fred Machado —empresario acusado de lavar dinero del narcotráfico a través de vuelos privados—, ella misma recibía aportes millonarios de la socia directa del mismo narcotraficante. De acuerdo con fuentes judiciales, Vidal Bada Vázquez no sólo figura en los documentos de Texas que investigan las operaciones de Machado, sino que además es propietaria de al menos tres aeronaves utilizadas en vuelos irregulares hacia Paraguay, Bolivia y México, rutas históricamente señaladas por las fuerzas antidrogas como corredores de cocaína.
El detalle que terminó de detonar el escándalo es que la Cámara Nacional Electoral validó los aportes de su empresa como legales, sin advertir la conexión con un entramado narco que ya estaba siendo monitoreado por agencias internacionales.
La historia expone la hipocresía estructural del relato libertario y macrista sobre la lucha contra el narcotráfico. Mientras Patricia Bullrich y Javier Milei insisten en que “los narcos están en las calles” y prometen “mano dura”, los mismos capitales que envenenan barrios populares financian sus campañas. No se trata de una “irregularidad administrativa”. Es un caso de financiamiento narco-político con evidencia cruzada entre tribunales internacionales. La coincidencia de nombres, fechas y montos, confirmada por documentos judiciales, deja a Bullrich en una situación de extrema gravedad política y penal.
Incluso, según trascendió en ámbitos judiciales, la propia ministra habría llamado al fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), para agilizar la extradición de Machado desde Estados Unidos, buscando despegarse del escándalo. Sin embargo, los documentos ahora conocidos muestran que la conexión era directa: el dinero provenía del mismo circuito empresarial que utilizaba Machado para lavar fondos del narcotráfico internacional.
El hilo de complicidades se tensa cada día más. Primero fue Espert, luego los empresarios cercanos a La Libertad Avanza, y ahora Bullrich aparece involucrada en el mismo esquema de financiamiento narco. La revelación genera un efecto dominó que golpea el corazón del oficialismo. ¿Cómo explicar que la ministra que encarna la lucha contra el delito haya recibido millones de dólares de una estructura criminal internacional? ¿Qué tan profunda es la infiltración del dinero narco en la política argentina?
Mientras Milei promete “echar a patadas a los narcos”, los tiene adentro de su propio gabinete y en las boletas electorales que lo llevaron al poder. La historia política reciente ya no se puede leer sin el componente narco-financiero. Bullrich y Espert compartieron espacio político y padrinos económicos, ambos vinculados a la misma red de empresarios con intereses en la aviación privada y operaciones de exportación trucha.
La coincidencia no es casual: el dinero del narcotráfico penetró los partidos que hoy gobiernan Argentina bajo el discurso de la “libertad de mercado” y la “eficiencia privada”. El resultado: una élite política que criminaliza la pobreza mientras blanquea el dinero del crimen organizado.
El caso Bullrich-Machado deja en evidencia el verdadero rostro del poder en la Argentina actual: una estructura político-financiera donde el dinero sucio financia la represión y el marketing electoral, mientras se utiliza el aparato estatal para perseguir a quienes denuncian. No hay libertarios limpios. Todos están manchados por los dólares del narcotráfico que los sostienen. La ministra de Seguridad que promete orden y moralidad pública deberá explicar ante la Justicia cómo su campaña recibió millones provenientes de una red narco internacional. La transparencia, parece, solo sirve para los enemigos políticos, nunca para los amigos del poder.
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