La Justicia avanza en dos investigaciones paralelas que golpean al oficialismo: el diputado José Luis Espert está imputado por lavado de dinero vinculado al narco Federico “Fred” Machado, mientras que Karina Milei enfrenta denuncias por coimas y privatización encubierta en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La imagen de pureza moral y lucha contra “la casta” que Javier Milei intenta sostener empieza a resquebrajarse bajo el peso de los hechos. En menos de una semana, el gobierno libertario quedó envuelto en dos causas judiciales que combinan corrupción, narcotráfico y negocios ilegales con fondos públicos. Los allanamientos realizados en la mansión del diputado José Luis Espert y en oficinas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) marcaron un punto de inflexión para un oficialismo que ya no puede esconder el olor a podredumbre detrás del discurso antisistema.
El primer golpe vino desde San Isidro. Agentes de la Policía Federal allanaron la residencia del diputado José Luis Espert, tras el hallazgo de un contrato por un millón de dólares en una propiedad vinculada al empresario y presunto narcotraficante Federico “Fred” Machado, actualmente detenido en Estados Unidos. El documento, según trascendió, llevaba la firma de Espert y fue encontrado parcialmente quemado dentro de un tacho de basura durante un procedimiento judicial.
La conexión entre Espert y Machado no es nueva: el propio diputado había admitido públicamente haber recibido 200 mil dólares del empresario, justificándolo como “honorarios por asesoramiento económico”. Sin embargo, la Justicia sospecha que aquel “servicio” fue en realidad financiamiento encubierto para su campaña política, cuando fue promovido por Milei como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires.
Los allanamientos, autorizados por el juez federal a cargo de la causa de lavado de dinero del narcotráfico internacional, revelan la existencia de movimientos financieros irregulares entre empresas off shore vinculadas a Machado y cuentas controladas por allegados a Espert. Acorralado por las pruebas y el costo político, el diputado habría decidido “bajarse solo” de la candidatura, intentando despegarse del gobierno libertario en medio del escándalo.
Pero el daño ya está hecho: el caso vuelve a poner sobre la mesa la relación entre política y dinero narco, un vínculo que Milei calificó alguna vez como “chismes de peluquería”, sin sospechar que terminaría explotando dentro de su propio espacio.
Mientras tanto, otro frente judicial sacude los cimientos del Ejecutivo. La Justicia federal ordenó 25 allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde habrían operado droguerías privadas que tomaban decisiones por el gobierno, en lo que se describe como una “privatización clandestina” del organismo.
Las pesquisas surgieron tras la filtración de audios en los que se escucharía al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, hablar de retornos millonarios por contratos de medicamentos de alto costo. En las grabaciones se mencionan los nombres de Karina Milei —hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia— y de su operador político, Eduardo “Lule” Menem, como supuestos beneficiarios de los sobornos.
El modus operandi era simple: empresas del sector farmacéutico, como la droguería Suizo Argentina, habrían tenido injerencia directa en las decisiones sobre qué medicamentos comprar, a quién adjudicar las licitaciones y a qué precio.
Los investigadores sospechan que parte de los sobreprecios terminaba distribuida entre funcionarios del entorno presidencial.
El caso es seguido por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes secuestraron celulares, computadoras y documentación en los allanamientos realizados en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.
Aunque por ahora no hay detenciones, la magnitud de las pruebas anticipa un proceso judicial de largo alcance.
Lo que Milei intenta presentar como un “proceso de depuración del Estado” empieza a parecerse más a una red de negocios oscuros y favores cruzados.
La contradicción es evidente: el gobierno que se autoproclama “enemigo de la corrupción” enfrenta acusaciones simultáneas por lavado, coimas y privatización de funciones públicas.
La defensa del oficialismo apela a la estrategia clásica: culpar a “la casta”, denunciar operaciones mediáticas y victimizarse frente al “poder político y judicial”.
Sin embargo, el avance de las causas deja al descubierto una verdad incómoda: la corrupción no tiene ideología, y los libertarios que prometieron “motosierra moral” parecen haber quedado atrapados en los mismos mecanismos que decían combatir.
Mientras tanto, la sociedad observa —con creciente escepticismo— cómo los autodenominados paladines de la libertad acumulan causas judiciales, contratos sospechosos y allanamientos televisados.
El experimento libertario, que se presentó como una revolución ética, empieza a parecer un espejo roto del viejo sistema que juró destruir.
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