Andrés Vázquez, máximo responsable de la Dirección General Impositiva bajo la órbita de ARCA, pagó con cheques personales los impuestos de tres condominios en Miami valuados en más de dos millones de dólares, que nunca declaró en el país.
La investigación de La Nación reveló que el funcionario clave del sistema tributario de Javier Milei mantiene vínculos con sociedades offshore y propiedades no declaradas. Mientras crece el escándalo, el gobierno guarda silencio y refuerza la sensación de impunidad.
El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo frente de tormenta. La investigación del periodista Hugo Alconada Mon, publicada por La Nación, revela que Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), pagó con cheques a su nombre los impuestos inmobiliarios de tres departamentos de lujo en Miami, valuados en más de dos millones de dólares, que jamás fueron declarados en la Argentina.
Vázquez no es un funcionario menor. Dirige la DGI, el corazón de la Administración de Recursos y Contribuciones de Argentina (ARCA), el nuevo ente recaudador nacional creado por el propio Milei en 2024 para reemplazar en funciones a la AFIP. En teoría, ARCA debía “modernizar” la estructura impositiva, pero en la práctica concentró más poder político y redujo controles internos. En esa nueva pirámide burocrática, Vázquez se convirtió en el máximo responsable de la recaudación nacional, con acceso directo al Presidente y a su entorno económico.
Por eso el escándalo duele doble: el hombre encargado de perseguir evasores es hoy acusado de haber evadido. Según documentos del condado de Miami-Dade, entre 2014 y 2018 Vázquez pagó con cheques personales los tributos correspondientes a tres condominios de lujo ubicados en Icon Brickell, The Avenue Brickell y Château Beach Residences. Las propiedades figuran a nombre de sociedades registradas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, pero los comprobantes de pago y las operaciones bancarias llevan su firma.
Cuando fue consultado por el medio, el funcionario se defendió diciendo que las propiedades “pertenecen a su suegro”, un empresario uruguayo. Sin embargo, los registros desmienten su versión: los pagos fueron realizados por él durante más de una década, y las hijas de Vázquez figuran como directoras de las sociedades offshore utilizadas para mantener las propiedades fuera del radar fiscal argentino.
El gobierno de Milei eligió mirar hacia otro lado. Ninguna voz oficial —ni del vocero presidencial Manuel Adorni ni de la conducción de ARCA— dio explicaciones de fondo. La línea argumental repite el libreto de siempre: “tema del pasado”, “sobreseído”, “no hay nada que aclarar”. Pero el expediente judicial al que aluden corresponde a otra causa anterior, relacionada con cuentas en el exterior, sin vínculo con las propiedades de Miami.
El contraste entre discurso y realidad es abrumador. Milei prometió erradicar la “casta corrupta” y poner fin a los privilegios del poder, pero su propio recaudador estrella está señalado por prácticas que él mismo debería sancionar. La pregunta se impone: ¿qué credibilidad puede tener un gobierno que protege al evasor que dirige el sistema tributario nacional?
Mientras tanto, en las redes sociales la indignación crece. Los posteos de Alconada Mon se viralizaron en cuestión de horas. “El cazador de evasores es evasor”, sintetizó un usuario, y la frase se volvió tendencia. Otros recordaron que Milei había prometido una “revolución moral” en el Estado. Hoy, esa consigna suena vacía: los hechos la contradicen.
No se trata solo de una cuestión penal. Lo que está en juego es la legitimidad del sistema impositivo. Si quien debe fiscalizar a millones de contribuyentes juega con sociedades opacas y bienes no declarados, el principio de equidad se derrumba. El ciudadano común, que paga IVA, Ganancias o Monotributo con esfuerzo, percibe que hay dos varas: una para los de arriba y otra para todos los demás.
ARCA, presentada como símbolo de transparencia y eficiencia, se hunde en su primer gran crisis ética. El gobierno podría haber optado por la prudencia institucional: abrir una auditoría, apartar al funcionario, garantizar una investigación imparcial. Eligió, en cambio, el silencio y la complicidad. Y ese silencio es una forma de encubrimiento.
El caso Vázquez muestra cómo el poder económico y político se protegen mutuamente. No importa el color partidario ni el eslogan libertario: cuando la estructura estatal se usa para blindar a los propios, la corrupción deja de ser un accidente y se convierte en método.
Hoy, la pregunta es quién fiscaliza al fiscalizador. Porque si el máximo responsable de la recaudación nacional puede ocultar bienes por millones de dólares sin consecuencias, ¿qué queda del contrato social? Tal vez solo una certeza amarga: la libertad de unos pocos se sigue pagando con el sacrificio de todos los demás.
Escándalo en ARCA: el titular de la DGI libertaria pagó impuestos en EE.UU. por bienes no declarados
El cazador de evasores, evasor: el escándalo que sacude a la DGI de Milei – Noticias La Insuperable
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