YPF, entre la justicia extranjera y el relato liberal: la otra cara del juicio que Diego Cabot prefiere no contar. Mientras la prensa hegemónica insiste en cargar culpas solo sobre el kirchnerismo, oculta el trasfondo político y económico de un juicio que tiene en jaque la soberanía energética y revela cómo el lawfare financiero sigue condicionando al país.
La nota de Diego Cabot del dia de hoy en La Nación sobre el juicio de YPF reproduce un relato monocorde que culpa exclusivamente al proceso de estatización de 2012, soslayando datos clave: el negocio especulativo detrás de los fondos buitre, la connivencia judicial internacional, y el hecho esencial de que la recuperación de YPF fue —y sigue siendo— una decisión soberana para proteger un recurso estratégico. Un análisis crítico para entender qué se esconde detrás del discurso liberal que responsabiliza a la política y exculpa al mercado.
En su nota titulada “Cómo se gestó el juicio de YPF, el más grande que tiene la Argentina y que podría terminar con algunos millones para la familia Eskenazi”, el periodista Diego Cabot despliega, con su habitual prosa, un relato que se ha vuelto casi dogma en cierta prensa económica argentina: la demonización del Estado y del kirchnerismo como únicos responsables del litigio millonario por la expropiación de YPF.
En su texto, Cabot repite con insistencia la idea de “desprolijidades” y “horrores” cometidos por Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Julio De Vido. Cada párrafo refuerza la misma construcción: el Estado intervino mal, se expuso a juicios internacionales y ahora todos pagaremos las consecuencias.
Pero, como suele ocurrir en estos relatos, el periodista omite aspectos fundamentales para un análisis verdaderamente serio y equilibrado.
La estatización: una decisión de soberanía
Cabot arranca diciendo que “la impronta estatizadora” del kirchnerismo tuvo su “momento de éxtasis” en 2012, cuando se nacionalizó YPF. Pero se cuida de no decir por qué se tomó esa decisión: YPF había reducido drásticamente sus inversiones bajo la gestión de Repsol, provocando una caída estrepitosa en la producción de hidrocarburos y obligando al país a importar energía en cantidades récord.
¿Es un detalle menor? No. Sin explicar ese contexto, cualquier análisis queda incompleto. Recuperar el control de YPF no fue un capricho ideológico sino una acción defensiva del Estado para garantizar la seguridad energética.
Extraño que el periodista ganador del premio «Rey de España» haya olvidado algo tan primigenio como contextualizar el tema a tratar, para que el lector tenga las herramientas necesarias para comprender lo tratado en la nota.
¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios?
En otro pasaje, Cabot explica cómo el fondo buitre Burford compró los derechos del juicio en la quiebra de Petersen. Lo describe casi como un dato anecdótico. Sin embargo, lo que se esconde allí es el corazón mismo del problema: la especulación financiera como mecanismo de saqueo.
Burford Capital no es un pobre acreedor damnificado. Es un fondo buitre especializado en comprar litigios a precio vil para luego perseguir a Estados soberanos y obtener sentencias multimillonarias en tribunales favorables a intereses privados. Eso es lo que ocurre acá pero que el profesor en la Maestría de Periodismo de la Universidad Di Tella olvida mencionar.
Cada día que pasa, dice Cabot, la deuda crece “en dos millones de dólares de intereses”. El dato es cierto. Pero jamás se pregunta —ni se lo pregunta a sus lectores— si es legítimo que un fondo buitre intente quedarse con activos estratégicos de un país como YPF, ni qué consecuencias tendría en términos de soberanía económica.
Lawfare financiero y poder judicial extranjero
El periodista detalla la mecánica legal por la cual la jueza Loretta Preska ordena entregar acciones de YPF como parte de pago. Describe minuciosamente los pasos judiciales, los recursos, las apelaciones. Pero se abstiene de profundizar en la cuestión política: ¿hasta qué punto es admisible que un tribunal extranjero pretenda forzar cambios legislativos en la Argentina o apropiarse de empresas estratégicas?
Preska, heredera del sillón que ocupó Thomas Griesa —famoso por su papel en la ofensiva de los fondos buitre contra la Argentina—, sugiere que la solución es “cambiar la ley o sentarse a negociar”. Es decir, un tribunal de Estados Unidos pretende condicionar la soberanía legislativa de un país independiente. Eso no es apenas un tecnicismo legal: es lawfare financiero en toda regla. Cabot lo sabe y no lo dice. Extraño, ¿no?
El doble estándar de los pseudo-liberales
Cabot califica el proceso de estatización como un acto de “cotillón estatista”. Pero nada dice de cómo se fraguó la entrada de la familia Eskenazi a YPF durante la gestión de Néstor Kirchner y continuada en la de Cristina, bajo un modelo de “capitalismo de amigos” que no es patrimonio exclusivo de ningún gobierno.
Tampoco cuestiona la forma ruinosa en que Repsol gestionó YPF ni el daño económico causado por su vaciamiento. Ni analiza el hecho —clave— de que buena parte de las reglas que hoy se esgrimen en Nueva York son consecuencia de haber permitido que empresas argentinas cotizaran bajo legislación extranjera, abriendo la puerta al poder judicial norteamericano.
En definitiva, el discurso pseudo-liberal suele cargar la culpa en la política y exculpar siempre al mercado, incluso cuando es evidente que hay negocios turbios y especulativos detrás de estos juicios.
Lo que está en juego
El juicio por YPF no es simplemente un pleito legal. Es un conflicto profundo entre los derechos de los Estados a gestionar sus recursos estratégicos y los intereses de fondos buitres que lucran con la especulación jurídica.
La decisión de expropiar YPF podrá haber tenido errores técnicos o legales, pero la causa de fondo fue la defensa de la soberanía energética. Reducir todo el asunto a “errores del kirchnerismo” es un relato cómodo para la prensa hegemónica y para el gobierno actual, que encuentra en ese discurso la excusa perfecta para profundizar su política de desguace del Estado.
El periodismo debería contar toda la película, no apenas el capítulo que conviene a los intereses del mercado financiero o a los actuales ocupantes del poder. Mientras tanto, el juicio sigue su curso, y la amenaza de que un fondo buitre se quede con una parte de YPF es, lamentablemente, una posibilidad real.
Fuente:
- https://www.lanacion.com.ar/economia/como-se-gesto-el-juicio-de-ypf-el-mas-grande-que-tiene-la-argentina-y-que-podria-terminar-con-nid30062025/
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