Tras dos años de congelamiento, el Ejecutivo descongeló sueldos de altos funcionarios por decreto y los llevó a un rango bruto cercano a los $6 millones. Caputo defendió la medida como necesaria para retener talento, en medio de paritarias acotadas y recesión persistente. El discurso de austeridad que marcó el inicio de la gestión libertaria mutó en 2026 hacia una recomposición selectiva para ministros y secretarios. La decisión reavivó el debate sobre el alcance real del ajuste y el uso político del concepto de “casta”.
Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei construyó su identidad política sobre una consigna repetida hasta el hartazgo: “no hay plata”. Bajo esa bandera se congelaron sueldos de presidente, vicepresidenta, ministros y altos cargos como gesto de austeridad y disciplina fiscal. La narrativa era clara: el ajuste empezaba por arriba. Sin embargo, a comienzos de 2026, esa promesa simbólica se reconfiguró. Por medio del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial a inicios de enero, el Poder Ejecutivo oficializó la actualización salarial para autoridades superiores —ministros, secretarios y subsecretarios— aplicando el porcentaje acumulado de las paritarias estatales entre enero de 2024 y julio de 2025.
El resultado fue contundente. Los salarios que habían quedado congelados en torno a los $3,5 millones brutos para ministros pasaron a ubicarse en un rango estimado entre $5.800.000 y $6.600.000 brutos desde febrero de 2026, lo que implica ingresos netos cercanos a los $4,8 millones o incluso superiores a los $5 millones, según el cargo. Los secretarios, por su parte, quedaron apenas por debajo, con cifras brutas que rondan entre $5.300.000 y $6.100.000. La actualización no incluyó retroactivos y comenzó a regir con los haberes de enero cobrados en febrero. El presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron excluidos y mantienen sus sueldos congelados —alrededor de $4 millones y $3,7 millones brutos respectivamente— como señal política.
El argumento oficial, encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo, fue directo y sin demasiados rodeos. En entrevistas radiales, entre ellas una en Radio Rivadavia a comienzos de febrero de 2026, sostuvo que los sueldos “quedaron muy bajos” y que “no se actualizaban desde 2023”. Fue más allá: “A mucha gente se le hace muy difícil”, afirmó, aludiendo a las dificultades para sostenerse con remuneraciones que, según su interpretación, habían perdido competitividad frente al sector privado. Caputo habló de migraciones hacia empresas privadas, de cuadros técnicos que no podían retenerse y de la necesidad de profesionalizar la administración pública sin comprometer el superávit fiscal. Mencionó incluso el caso de Pedro Lines, vinculado al INDEC, que figuraba como “open to work” en LinkedIn, como ejemplo de esa fuga silenciosa de talento.
En términos estrictamente técnicos, el aumento no fue presentado como un privilegio discrecional sino como la aplicación del acumulado de las paritarias estatales del período 2024-2025, que según distintas referencias osciló entre el 62,4% y el 85,9%, dependiendo del cálculo utilizado. La política salarial incluyó una cláusula de salvaguarda: los futuros incrementos automáticos por paritarias quedarían suspendidos si se produjera déficit fiscal financiero. El mensaje oficial buscó transmitir prudencia y continuidad del orden fiscal.
Pero la discusión no quedó en el plano técnico. En redes sociales, el posteo de la cuenta @romerodiario, el 5 de febrero de 2026, encendió la mecha. Con un tono opositor y utilizando el propio término mileísta, habló de “la casta” que se aumentaba el sueldo a 5 millones de pesos mientras los “laburantes” no llegaban a fin de mes, perdían el empleo o bajaban las persianas de sus comercios. El post viralizó un video con texto superpuesto que condensaba la crítica: ajuste para jubilados y trabajadores, recomposición para funcionarios. La frase atribuida a Caputo —“los funcionarios cobran poco y por eso renuncian”— sintetizaba el eje del cuestionamiento, aun cuando en sus declaraciones el ministro había hablado más de dificultades y migración al sector privado que de renuncias masivas en sentido literal.
El contraste político es inevitable. Durante 2024 y 2025, mientras el gobierno defendía el congelamiento como gesto ejemplificador, las paritarias generales para empleados estatales se movieron con aumentos acotados. En enero de 2026, por ejemplo, se homologó un incremento del 2% más una suma fija de $50.000 para trabajadores bajo el régimen SINEP, en un contexto donde en algunas negociaciones se establecieron techos del 1%. La diferencia entre el ritmo de recomposición de la base estatal y el salto aplicado a la cúpula ejecutiva alimentó las críticas opositoras y el malestar en sectores sindicales.
La tensión de fondo remite a una pregunta incómoda: ¿puede sostenerse el discurso del ajuste simétrico cuando la recomposición es selectiva? El gobierno argumenta que no se trata de privilegios sino de evitar la descapitalización técnica del Estado. En su visión, si los salarios de ministros y secretarios quedan demasiado rezagados respecto del sector privado, la administración pública pierde capacidad de gestión. Bajo esa lógica, actualizar no sería un lujo sino una necesidad funcional.
Sin embargo, el contexto económico le otorga a la decisión una carga simbólica pesada. La discusión se da en medio de un escenario de recesión prolongada, caída del consumo y debates sobre la falta de aumentos significativos para jubilados o el salario mínimo. La narrativa oficial insiste en que el equilibrio fiscal es innegociable y que la disciplina es la base del orden macroeconómico. La cláusula que suspende aumentos en caso de déficit intenta reforzar esa coherencia. Pero para amplios sectores sociales la imagen es otra: mientras el mensaje público sigue apelando al sacrificio y al “no hay plata”, los salarios de la primera línea del Ejecutivo se duplican en términos nominales respecto de los valores congelados desde 2023.
Hay un matiz que complejiza el análisis. El congelamiento inicial no fue una ficción: efectivamente, durante más de dos años los sueldos de las máximas autoridades no se actualizaron. En ese lapso, la inflación acumulada erosionó el poder adquisitivo y generó una brecha creciente con el sector privado. La actualización de 2026 puede leerse como una regularización tardía más que como un aumento aislado. Pero la política no se mueve sólo por balances técnicos; se mueve por percepciones, símbolos y prioridades.
El propio discurso libertario, que construyó identidad enfrentando a “la casta”, enfrenta ahora un espejo incómodo. El término, utilizado originalmente para criticar a la política tradicional, es devuelto por voces opositoras al gobierno actual. La pregunta no es únicamente cuánto ganan los ministros, sino qué mensaje transmite esa decisión en un contexto de ajuste extendido al resto de la estructura estatal y a la sociedad en general.
La política salarial de la gestión Milei, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, muestra así una transición clara: de un congelamiento total como gesto inaugural de austeridad a una recomposición selectiva para autoridades superiores, atada formalmente a las paritarias estatales y condicionada al superávit fiscal. El gobierno sostiene que profesionalizar el Estado requiere salarios competitivos. Sus críticos responden que la competitividad empieza por el ejemplo y que el relato del sacrificio compartido pierde fuerza cuando la recomposición no es pareja.
En definitiva, la discusión excede los números y se instala en el terreno de la coherencia política. ¿Es esta actualización una necesidad administrativa o una señal contradictoria en tiempos de ajuste? ¿Es una regularización lógica tras años de congelamiento o un privilegio en medio de la recesión? La respuesta dependerá, en gran medida, de cómo evolucione la economía real y de si el equilibrio fiscal que el gobierno reivindica se traduce en mejora tangible para el conjunto de la sociedad. Mientras tanto, el debate ya está abierto y, como suele ocurrir en Argentina, no se salda sólo con planillas de Excel.
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