Mientras Javier Milei insiste en demonizar la corrupción K para justificar su ajuste, el informe demoledor de un perito oficial expone la falta de sustento técnico de las causas contra Cristina Kirchner y exhibe la podredumbre de un sistema judicial que, lejos de buscar justicia, se ha transformado en una pieza clave de la ingeniería política de persecución. Entre cálculos mal hechos, precios mal comparados y argumentos vacíos, se revela el guion de una guerra jurídica cuyo verdadero propósito es disciplinar a la política y construir el relato del “enemigo público número uno”.
La Argentina está atrapada en una paradoja perversa: mientras el gobierno libertario de Javier Milei ajusta brutalmente el gasto público, recorta universidades, pulveriza salarios y destruye la estructura social que todavía sostiene a millones, sigue agitando, sin pudor, el espantajo de la corrupción K como cortina de humo. Y justo cuando más necesitan sostener ese relato, aparece un peritaje que le pega un tiro en el corazón a una de las causas judiciales emblemáticas que se han usado durante años para demonizar a Cristina Kirchner.
El perito oficial ingeniero Pablo Bereciartua acaba de demoler la base técnica de la acusación por sobreprecios en las obras públicas adjudicadas en Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez, causa que la justicia –y buena parte de los grandes medios– han convertido en sinónimo de “corrupción kirchnerista”. Su informe es un verdadero cachetazo de realidad: no sólo cuestiona cómo se compararon los precios, sino que deja claro que los cálculos con los que se pretendía probar un sobreprecio promedio del 65% carecen de rigor y están basados en análisis defectuosos. En cristiano: el supuesto desfalco al Estado que se le atribuye a Cristina Kirchner y a su entorno, no estaría probado ni por asomo.
A nadie debería sorprender que detrás de semejante acusación haya cuentas mal hechas, estimaciones fantasiosas y conclusiones sacadas de los pelos. Desde hace años, el lawfare ha operado sobre un mismo libreto: construir enemigos, inflar cifras, instalar titulares estridentes y, finalmente, buscar condenas que son más políticas que judiciales. Es la fórmula que permitió convertir a Cristina en “la jefa de una asociación ilícita” sin pruebas firmes. El peritaje de Bereciartua lo desnuda de manera brutal.
Uno de los puntos más explosivos del informe es cómo se establecieron los precios “de mercado” contra los que se compararon las obras en Santa Cruz. El cálculo de la pericia acusatoria se basó en supuestos precios promedio de la Dirección Nacional de Vialidad, pero Bereciartua advierte que esos valores son, en realidad, cifras “contractuales” y no necesariamente precios de mercado. Además, señala que no se consideraron variables cruciales como el tipo de terreno, el clima extremo de la Patagonia, ni las distancias logísticas que encarecen todo. No es lo mismo construir una ruta en el conurbano bonaerense que en medio de la meseta helada de Santa Cruz. Eso cualquiera lo entiende. Salvo, claro, cuando el objetivo es condenar a Cristina a como dé lugar.
No sólo eso: el perito señala que la pericia original, usada para acusar a la expresidenta, mezcló obras nuevas con obras de mantenimiento, sin diferenciar su complejidad ni sus costos específicos. Así, se compararon peras con manzanas y se armó un supuesto sobrecosto que, en palabras del perito, no surge de ningún dato sólido. Es un castillo de naipes que se desarma apenas se lo sopla.
Y aquí aparece lo más perverso. Porque todo este montaje técnico-jurídico no fue sólo un problema de mala praxis profesional. Fue parte de una estrategia política. Durante años, la Justicia federal —con jueces y fiscales amigos de Comodoro Py y de la Corte— armó causas que se convirtieron en espectáculo mediático. Titulares a todo color, periodistas haciendo guardia frente a los tribunales, horas y horas de televisión hablando de “robo al Estado”, mientras la figura de Cristina Kirchner era pintada como símbolo de la corrupción. Era el menú perfecto para la antipolítica, la misma que Milei hoy cabalga para dinamitar lo poco que queda en pie de la institucionalidad argentina.
No es casual que este informe pericial aparezca justo ahora. Cristina Kirchner, aunque fuera del poder, sigue siendo un factor político de peso. Su eventual regreso a escena preocupa tanto a Milei como a sectores de la oposición que encontraron en el lawfare la herramienta perfecta para correrla del tablero. Desactivar las causas judiciales, o exponerlas como armados, significa devolverle a Cristina una legitimidad política que el poder real está desesperado por negarle. Porque si hay algo que le resulta intolerable al establishment —financiero, judicial, mediático y ahora libertario— es una figura que, guste o no, todavía expresa un modelo de país con Estado presente y con derechos sociales. Y frente a un Milei que destruye hasta los cimientos, Cristina es, para muchos, la referencia inevitable.
Es casi tragicómico que mientras el Gobierno de Milei habla de transparencia, de cortar privilegios y de castigar la corrupción, se beneficie de la maquinaria judicial que fabrica causas truchas para disciplinar a la política. El ajuste brutal y el vaciamiento del Estado que está ejecutando necesita enemigos, chivos expiatorios que justifiquen el sacrificio social. Cristina Kirchner es, y seguirá siendo, la pieza perfecta para ese relato. Una figura demonizada, útil para tapar la catástrofe económica y social que Milei profundiza día tras día.
El peritaje de Bereciartua, sin embargo, corre el velo. Deja al descubierto que la acusación de sobreprecios, tan utilizada para agitar el fantasma de la corrupción, es en realidad un relato armado sobre bases técnicas flojísimas. No hay sobrecostos del 65% probados. No hay precios de mercado correctamente calculados. No hay pruebas sólidas de un desfalco al Estado. Lo que hay es una operación política convertida en causa judicial.
¿Y ahora qué? La pregunta es incómoda. Porque si este peritaje fuera tomado en serio, gran parte del proceso judicial contra Cristina Kirchner debería desmoronarse como un castillo de naipes. Pero aquí es donde la realidad se ensaña con la Argentina. Porque aunque las pruebas se caigan a pedazos, el daño ya está hecho. Las tapas de diario, los zócalos televisivos y las sentencias mediáticas construyeron en la conciencia social una imagen de corrupción imposible de borrar. Y Milei, con su narrativa anticasta, aprovecha esa construcción para validar su propio ajuste y sus políticas de demolición.
En definitiva, lo que está en juego no es sólo la suerte judicial de Cristina. Está en juego algo mucho más profundo: si en Argentina la Justicia seguirá siendo un arma política o si alguna vez se animará a actuar con independencia y rigor técnico. Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei sigue adelante con su motosierra, sosteniéndose, en parte, sobre el mito de la corrupción K que, a la luz del informe de Bereciartua, empieza a desmoronarse. Pero ojo: un mito político, aunque desnudo y tambaleante, puede seguir siendo funcional. Sobre todo cuando se necesita un villano para tapar el ajuste más feroz de los últimos tiempos.
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