El presidente Javier Milei recibió a referentes de las iglesias evangélicas de todo el país en la sede del Gobierno nacional. El gesto, celebrado por sectores conservadores, despierta preocupación por la creciente injerencia religiosa en la política argentina y por el debilitamiento del principio de laicidad estatal.
Mientras la crisis económica golpea y el malestar social se multiplica, el gobierno de Javier Milei abre las puertas de la Casa Rosada a los pastores evangélicos para una jornada de oración. La postal simboliza algo más que un acto espiritual: es un movimiento político que repite un patrón ya conocido en América Latina, donde el poder religioso se entrelaza con los gobiernos para imponer agendas conservadoras y moldear el sentido común desde los púlpitos.
La periodista y politóloga Cecilia Camarano, acreditada en Casa Rosada y colaboradora de Ámbito Financiero, informó que Javier Milei recibió a referentes de las iglesias evangélicas en el propio salón de gobierno. Los pastores, provenientes de distintas provincias, participaron de una jornada de oración por la Nación. La escena, cuidadosamente difundida por los voceros oficiales, refuerza la imagen de un Presidente que busca respaldo espiritual mientras enfrenta el desgaste de su gestión. Pero detrás del gesto simbólico, hay una lectura política inevitable: el Estado argentino se aproxima cada vez más a un sector religioso que ha demostrado ser un actor de peso en los gobiernos de la nueva derecha latinoamericana.
La expansión de las iglesias evangélicas en la región no es un fenómeno menor. En países como Brasil, Guatemala o Costa Rica, el crecimiento pentecostal fue acompañado por una influencia directa en la política pública, la educación y las decisiones morales de Estado. Según estudios del CEIL-CONICET, en Argentina alrededor del 15 % de la población se identifica con alguna rama evangélica —13 % pentecostal y 2 % de otras iglesias—. Ese porcentaje se traduce en votos, redes territoriales, poder de movilización y financiamiento. Milei parece entenderlo bien: en su narrativa del “orden moral”, los pastores pueden ocupar el rol de legitimadores sociales que su gobierno necesita en tiempos de ajuste y pérdida de legitimidad popular.
El fenómeno no es nuevo, pero sí adquiere en el actual contexto una dimensión preocupante. Las iglesias evangélicas, en su mayoría de corte conservador, han sido protagonistas de las cruzadas contra la educación sexual integral, el aborto legal y los movimientos feministas y de diversidad. En varios países impulsaron campañas políticas con consignas como “Con mis hijos no te metas” o “Dios por encima de todo”, eslóganes que, bajo apariencia religiosa, terminan funcionando como instrumentos de disciplinamiento social. En Argentina, esos mismos grupos participaron de marchas “celestes” y, en algunos casos, financiaron campañas de figuras políticas que hoy orbitan cerca del gobierno libertario.
Recibirlos en Casa Rosada, por tanto, no es un gesto de tolerancia interreligiosa, sino una señal de alianza política. La oración en el corazón del poder ejecutivo es la imagen de un gobierno que confunde la fe personal con las políticas públicas, la espiritualidad con la gestión, la religión con el Estado. En una república que constitucionalmente no reconoce religión oficial, esa confusión erosiona el principio de laicidad y alimenta un discurso que separa a los “creyentes” de los “enemigos de Dios”, trasladando el enfrentamiento político al terreno moral.
La historia reciente ofrece advertencias. En Brasil, el bolsonarismo utilizó las iglesias evangélicas como una maquinaria electoral y comunicacional. Pastores convertidos en diputados promovieron leyes que restringieron derechos reproductivos y censuraron contenidos educativos. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales —pastor evangelista— gobernó con el apoyo de líderes religiosos mientras avanzaba sobre la prensa y la justicia. En todos esos casos, la alianza entre poder político y poder religioso derivó en lo mismo: menos pluralismo, más intolerancia y una retórica que justifica la desigualdad como voluntad divina.
Milei parece replicar ese libreto. Su discurso de cruzada moral, su desprecio por el movimiento feminista y su constante apelación a “Dios como fuente de verdad” funcionan como un guiño a ese electorado conservador que crece en barrios populares, donde la iglesia evangélica ocupa el lugar que el Estado abandona. En esos territorios, las congregaciones ofrecen comida, contención y sentido de comunidad. Pero también transmiten un mensaje político: la pobreza es una prueba espiritual, el sufrimiento es parte del plan divino, y la protesta social equivale a rebelarse contra Dios. Un gobierno que encuentra en ese relato un aliado encuentra también una forma eficaz de desactivar la organización popular.
Lo preocupante es que esa asociación no solo compromete el laicismo, sino que introduce una forma de poder sin control democrático. Las iglesias no rinden cuentas al Estado, no están sometidas a auditorías públicas ni al escrutinio ciudadano. Sin embargo, inciden en campañas, influyen en legislaciones y orientan votos. En un contexto de crisis económica y desesperanza, el recurso a la fe puede parecer inocente o incluso reconfortante, pero la historia latinoamericana demuestra que el precio suele ser alto: la subordinación del Estado a dogmas religiosos que niegan derechos y limitan libertades.
Argentina ha sido, hasta ahora, una excepción relativa en el mapa regional: la tradición laica de su educación pública y la influencia del pensamiento crítico actuaron como barreras ante el fundamentalismo religioso. Pero la visita de los pastores a la Casa Rosada muestra que esas fronteras comienzan a desdibujarse. La retórica libertaria del gobierno, que dice defender la libertad individual, se vuelve contradictoria cuando se alía con movimientos que buscan imponer una moral única. Es el mismo discurso que combate la “ideología de género” en nombre de la libertad, pero termina promoviendo censura, exclusión y retroceso de derechos conquistados.
La jornada de oración en la sede del Ejecutivo no fue un episodio aislado, sino un gesto político de enorme significado. Representa la normalización del vínculo entre religión y gobierno, una fusión que amenaza con colonizar el espacio público con dogmas. En un momento de crisis social profunda, Milei parece elegir la fe como refugio y los pastores como socios. Pero el Estado no puede rezar: debe gobernar con razón, justicia y pluralidad. Si la Casa Rosada se convierte en templo, la democracia corre el riesgo de transformarse en catecismo.
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