La diputada nacional de Unión por la Patria presentó un proyecto para declarar la nulidad absoluta e insanable del DNU 493/2025 de Javier Milei, que desregula el servicio público de agua y cloacas, abriendo las puertas a su privatización total. Mientras el gobierno de Javier Milei avanza sin freno sobre derechos básicos, la diputada Julia Strada se planta con una propuesta concreta: declarar inconstitucional e insanable el decreto que convierte al agua en mercancía. Un documento que expone, con fundamentos sólidos, el atropello jurídico, social y ambiental que implica el DNU 493/2025.
En un país atravesado por una crisis estructural agudizada por políticas de ajuste brutales, el agua —ese bien vital, esencial y universal— vuelve a estar en el centro del debate político. El gobierno de Javier Milei, fiel a su ideología mercantilista, ha decidido avanzar con la desregulación del servicio público de agua potable y desagües cloacales mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 493/2025. Frente a este escenario, la diputada nacional Julia Strada presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para declarar la nulidad absoluta e insanable del mencionado decreto, una iniciativa que no solo desnuda la arbitrariedad de la medida presidencial sino que plantea un llamado urgente a la resistencia democrática.
El DNU 493/2025 pretende modificar, sin intervención del Congreso, el marco regulatorio que garantiza el acceso al agua como servicio público esencial. Este decreto, redactado con la frialdad del Excel y el desprecio de quien no conoce el barro, elimina de un plumazo el control estatal, anula la obligación de brindar cobertura universal y desmantela el principio de equidad territorial. En nombre de una supuesta “eficiencia” del mercado, el gobierno impulsa una privatización encubierta que habilita el lucro empresarial sobre un derecho humano consagrado por tratados internacionales y por la propia Constitución Nacional.
Strada no se limita a manifestar su desacuerdo. En su proyecto, argumenta con precisión técnica y claridad política por qué este DNU es nulo de toda nulidad. Para comenzar, advierte que no existe ni una situación excepcional ni una urgencia que justifique eludir el procedimiento legislativo ordinario. Nada en la coyuntura actual —por más crítica que sea— habilita a Milei a legislar por decreto sobre un área sensible y estructural como el acceso al agua. La diputada remarca que el DNU vulnera el principio republicano de división de poderes, lo cual constituye un avasallamiento institucional de extrema gravedad.
Pero la cuestión va mucho más allá del procedimiento. El proyecto de Strada evidencia cómo el decreto atenta contra la Ley General del Ambiente (25.675), desconoce convenios internacionales firmados por Argentina como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y pasa por alto recomendaciones de organismos como la ONU que reconocen el acceso al agua como derecho humano fundamental. En otras palabras: no se trata solo de una maniobra autoritaria, sino de una decisión política profundamente regresiva, que pone en riesgo la salud, la vida y la dignidad de millones de personas.
La ofensiva de Milei no es ingenua. El texto del DNU 493/2025 habilita la desinversión del Estado, transfiere competencias a provincias sin financiamiento, deja a merced del mercado el establecimiento de tarifas y elimina cualquier obligación de expansión del servicio. No es una reestructuración: es una amputación deliberada del derecho al agua, camuflada bajo el ropaje técnico de la “eficieniencia regulatoria”. En lugar de garantizar que todos los argentinos y argentinas accedan al agua potable, el gobierno decide crear un negocio para pocos, quitando del medio al Estado como regulador, planificador y garante.
Strada, en su proyecto, denuncia con claridad que esta desregulación “promueve la mercantilización de un derecho humano básico” y denuncia que el gobierno nacional “se desentiende de sus deberes esenciales” bajo una falsa narrativa de libertad económica. Señala, además, que los usuarios pasarán a ser meros “clientes”, condenados a pagar tarifas impagables o directamente a quedar excluidos del servicio, sobre todo en los territorios más vulnerables y menos rentables. En una Argentina profundamente desigual, eso no es una reforma: es una condena.
La diputada también alerta sobre el peligro ambiental que implica el nuevo marco. Al eliminar controles, desincentivar inversiones y fragmentar el sistema, se pone en riesgo la calidad del agua, se fomenta la contaminación de acuíferos y se desdibuja cualquier estrategia nacional de preservación del recurso hídrico. Lo que el DNU ofrece no es desarrollo ni sostenibilidad: es extractivismo salvaje con consecuencias sanitarias y ecológicas devastadoras.
Este decreto no nació del consenso ni del diálogo. Fue parido entre gallos y medianoche, sin consulta a los sectores afectados, sin informes técnicos que lo avalen, sin debates en comisiones. Un manotazo de autoritarismo hídrico. Y en esa ausencia brutal de institucionalidad, Strada plantea la necesidad urgente de frenar este atropello con todas las herramientas legales disponibles. Su proyecto no es solo una declaración: es un acto de defensa del Estado de Derecho, del rol del Parlamento y de los principios básicos que sostienen una democracia moderna.
Lo que está en juego no es simplemente una normativa administrativa. Es la concepción misma de los derechos, el papel del Estado y el sentido de comunidad. Milei insiste en construir un país para pocos, donde los servicios básicos solo estén garantizados para quienes puedan pagar. Pero como señala Strada en su presentación, el agua no puede ser un privilegio. Es un bien común. Es vida. Y ningún decreto puede despojar al pueblo de ese derecho sin que se levanten voces en defensa de lo esencial.
Resulta inaceptable que, en medio de una crisis social y económica, el gobierno decida avanzar en la privatización silenciosa de un recurso vital. El ajuste llega al grifo, y mientras las familias sufren cortes, facturas impagables o agua contaminada, los grandes grupos empresarios celebran las nuevas oportunidades de negocio. Frente a esta realidad, el proyecto de Julia Strada representa una línea de resistencia, una línea de dignidad y una línea de sentido común.
En definitiva, el DNU 493/2025 no solo es inconstitucional e ilegítimo: es inmoral. Porque transformar un derecho humano en mercancía es una forma brutal de violencia institucional. Es una renuncia a la justicia social, a la salud pública, al desarrollo sostenible y a la igualdad territorial. Y si el Congreso no lo frena, si la sociedad no lo rechaza, lo que sigue no será solo la venta del agua. Será la venta del alma del país.
Fuente:
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4015-D-2025.pdf
- El agua en venta: el proyecto de Strada contra el DNU que convierte un derecho en negocio
- DNU 493/2025: la ofensiva de Milei para privatizar el agua enfrenta una impugnación en el Congreso
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