Trolls, tanques y dinamita: la grave denuncia que sacude al círculo digital de Milei y amenaza con exponer vínculos explosivos con el poder. Legisladores de Unión por la Patria acusan penalmente a usuarios de X vinculados al oficialismo por instigación a la violencia y amenazas para atentar contra el Congreso. El caso pone en jaque los límites de la libertad de expresión y siembra dudas sobre complicidades en las más altas esferas del gobierno de Javier Milei.
Mientras el Senado debatía leyes clave, cuentas de redes sociales que orbitan alrededor del Presidente publicaron mensajes que llamaban a meter tanques en el Congreso o a dinamitarlo con legisladores dentro. La denuncia penal expone la frontera entre discurso político y delito, y aviva el fuego sobre las redes ultra que militan al libertario.
El 10 de julio de 2025, mientras el Senado de la Nación discutía proyectos que podían modificar la vida de millones —jubilaciones, moratoria previsional, discapacidad, fondos a provincias—, un núcleo de cuentas en la red social X, en apariencia ligadas al universo libertario, lanzaba un vendaval de mensajes que rezumaban pólvora y olor a golpe. Desde tanques adentro del Congreso hasta explosiones cinematográficas, el espectáculo digital no fue solo grotesco: adquirió ribetes de posible delito federal.
Ese mismo día, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Sabrina Selva, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino y Julio Pereyra —diputados de Unión por la Patria— firmaron una denuncia penal que cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti. Allí se plasma lo que, a juicio de los denunciantes, no puede quedar bajo el manto de la “libertad de expresión”: publicaciones que instigan a la violencia, promueven delitos y amenazan de manera directa la integridad del Congreso y sus integrantes. Un cocktail letal para la democracia.
Los denunciados, según las piezas judiciales, no son meros anónimos en la jungla de internet. Tras las cuentas @GordoDan_, @ElTrumpista, @FranFijap y @elpittttt estarían, respectivamente, Daniel Parisini, Luciano Cabrera, Franco Antunes y Pedro María Lantarón. Nombres que, si bien no son figuras públicas masivas, aparecen rodeados de rumores sobre vínculos con sectores del gobierno de Javier Milei, incluso con acceso privilegiado al propio Presidente. La denuncia no se limita a imputarlos por sus tuits incendiarios, sino que sugiere la inquietante posibilidad de que detrás de este guion violento haya algo más organizado, quizá incluso apadrinado desde despachos oficiales.
Las pruebas aportadas en el expediente no dejan margen para la tibieza. “Javo pone un F16 a sobrevolar el Congreso ya”, escribió @GordoDan_ a las 15:38. Siete minutos más tarde, en la misma cuenta, se leía: “Los tanques a la calle ya. Es ahora”. Casi en simultáneo, @ElTrumpista aportaba su dosis de delirio militarista: “El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”. Y el remate vino desde @FranFijap: “Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”.
No es casual el lenguaje bélico ni las referencias a armamento real. Los denunciantes detallan, con precisión casi obsesiva, que los “strikers” son vehículos blindados adquiridos por el Ministerio de Defensa argentino; que los F-16 son cazas comprados a Dinamarca; que “Javo” es el modo familiar con el que algunos simpatizantes se refieren a Javier Milei. No hablamos de simples memes. Hablamos de mensajes que, según los legisladores, superan el umbral de la mera opinión política y se convierten en llamados explícitos a la violencia y a la interrupción del orden democrático.
Las imágenes anexadas a la denuncia no son menos preocupantes: tanques apuntando al Congreso, explosiones en el recinto del Senado, el Presidente dentro de un tanque de guerra. Todo ello difundido entre risas, gifs y frases que, en otro contexto, serían una broma de mal gusto. Pero aquí, en el calor de una sesión parlamentaria decisiva, tienen sabor a amenaza. El expediente advierte que estos posteos tuvieron un eco inmediato en redes y medios, amplificando su alcance y generando un clima de tensión que no pasó inadvertido.
Para los diputados denunciantes, la gravedad radica en que estas expresiones no provienen de cualquier usuario random, sino de perfiles presuntamente vinculados a la misma cúpula del poder. “No se descarta que las conductas denunciadas hayan sido, además de un plan común, coordinadas por alguna autoridad del Poder Ejecutivo Nacional”, se afirma en la denuncia. Una frase que, de confirmarse, desataría un verdadero terremoto político y judicial.
La discusión sobre libertad de expresión atraviesa toda la denuncia. No se trata de censurar ideas políticas o el humor negro. El propio texto reconoce que la libertad de expresión es un pilar democrático, protegido por la Constitución Nacional y los más altos estándares internacionales. Pero también subraya que este derecho encuentra límites cuando se pasa a la instigación a delinquir o a la apología de crímenes. Citando la jurisprudencia, los legisladores sostienen que un discurso pierde su protección cuando su contenido se traduce en un daño concreto, cuando abandona el terreno de la crítica y se sumerge en la violencia como método político.
Lo que en otro contexto podría parecer el griterío estrafalario de cuentas libertarias, en este caso se examina bajo la lupa penal, precisamente porque coincide en tiempo y forma con un debate legislativo clave. Para el bloque Unión por la Patria, no es casual que estos mensajes aparecieran mientras el Senado trataba proyectos que afectan intereses económicos y sociales profundos. Allí está el punto neurálgico de la sospecha: ¿se trató solo de trolls sueltos, o hay hilos invisibles que vinculan esos tuits con estrategias políticas más siniestras?
La causa, aún en etapa inicial, promete encender una mecha incómoda para el oficialismo de Milei, que suele coquetear con discursos de confrontación extrema y cuyos cuadros más fervorosos alimentan, a diario, la máquina de indignación digital. No sería la primera vez que desde las filas libertarias se alienta la épica del “barrido institucional”, pero nunca había habido una denuncia penal tan directa, con nombres, capturas de pantalla y pedidos concretos de investigación a organismos como ANSES, ARCA y compañías telefónicas para rastrear a los autores materiales y, acaso, a sus eventuales instigadores políticos.
Mientras tanto, en el Congreso y en los pasillos del poder, flota el interrogante que eriza la piel democrática: ¿Cuán delgada es la línea que separa un meme político de un plan golpista? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar el oficialismo para sostener su relato libertario y “anticasta”? Porque si algo demuestran estos mensajes, es que el odio digital, cuando se conjuga con poder político, puede transformarse en dinamita real.
Nada está cerrado. La investigación recién comienza, pero el escándalo ya está sobre la mesa. En un país habituado a crisis políticas y retóricas encendidas, la novedad aquí es otra: los tanques digitales no solo se mueven con likes y retuits. Podrían estar aceitando los engranajes de una estrategia para socavar la misma democracia que Milei jura defender. Y en esa encrucijada peligrosa, lo que está en juego es mucho más que una batalla en redes: es el pulso mismo del orden institucional.
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