Desmantelan el Estado: se subastará una manzana de la Policía Federal en Belgrano

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El Ejecutivo nacional, a través de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), desafectó un terreno de uso público de casi una manzana que pertenecía a la Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio de Belgrano y lo puso en subasta, profundizando el plan de desmantelamiento del Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La operación abre una grieta más en la política de ajuste y privatización; mientras el gobierno reduce su presencia estatal, cede espacios estratégicos en zonas cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires. Los ciudadanos, sin embargo, quedan al margen de los debates que definen el futuro de esos bienes públicos.

El anuncio puede parecer un trámite más, pero tiene la potencia simbólica de un golpe: el Gobierno nacional decidió desafectar de su uso público un terreno de casi una manzana perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio porteño de Belgrano y lo incluyó en la web de subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). (PAGINA12)

Lo que está en juego va más allá del valor del suelo: se trata de un movimiento que articula la lógica privatizadora, el achique del Estado y la entrega de espacios estratégicos en plena Ciudad de Buenos Aires. Bajo el gobierno de Milei, la desposesión del patrimonio estatal se acelera y deja entrever un país donde lo público es, cada vez más, mercancía.

El predio en cuestión, situado en Belgrano —una de las zonas más cotizadas de la capital—, pertenecía a la PFA y albergaba talleres de reparación de vehículos de infantería, de Bomberos y de la Brigada Forestal. (radiocanal.com.ar) Tiene una superficie de aproximadamente 9.986,79 m² (aproximadamente 10.000 m²) y está delimitado por las calles Echeverría 1175, Cazadores s/n, Juramento 1142 y Artilleros 2017/51/81, en la Comuna 13 de la Ciudad. (radiocanal.com.ar)

Según los datos oficiales, la mudanza de esas dependencias ya se concretó hacia un nuevo predio en el barrio de Barracas, calle Zepita 3102, donde la PFA reasignó los talleres de mantenimiento de vehículos pesados y la Banda de Música de Cadetes. (radiocanal.com.ar) Una vez efectuada esa relocalización, el Ministerio de Seguridad dio el visto bueno para poner el inmueble en Belgrano a disposición de la AABE para su desafectación formal. (radiocanal.com.ar)

Lo llamativo es que la enajenación del inmueble ya está autorizada por decretos previos (Decreto 518/2019 y 950/2024) que habilitan a la AABE a “disponer y enajenar” ese tipo de bienes estatales. (radiocanal.com.ar) Con ello queda en evidencia que no se trata de una anomalía aislada, sino de la continuidad de una política de entrega sistemática del patrimonio estatal.

¿Qué sentido tiene este movimiento? El gobierno argumenta que liberar esos terrenos permite “optimizar el uso de los bienes públicos” y, en teoría, destinar los fondos a nuevas prioridades. Pero la realidad muestra otra cosa: se desprende de espacios que cumplen un rol estratégico —el mantenimiento de fuerzas de seguridad, por ejemplo— para liberarlos al mercado inmobiliario. En tiempos de ajuste, con recortes presupuestarios y una presencia estatal menguante, la lógica es clara: lo público pierde valor social y gana valor comercial.

En ese sentido, la subasta de un inmueble en Belgrano pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuál es el límite del Estado en una política que prioriza la privatización cuando la demanda ciudadana reclama justamente lo contrario: mayor presencia estatal, mayor control democrático, mayor redistribución? En lugar de responder, este gobierno parece apostar por la fórmula de achicar, entregar y privatizar.

Los efectos de esta decisión son múltiples: en primer lugar, se debilita la infraestructura estatal de seguridad (cuando trasladar talleres especializados de la PFA a otro barrio no es un mero trámite, implica costos, logística, reubicación de personal, riesgo operacional). En segundo lugar, se envía una señal al mercado inmobiliario: terrenos públicos en zonas premium están disponibles para la especulación. En tercer lugar, se resquebraja la noción de bien público como algo irreemplazable para la comunidad.

Es importante reconocer que hay matices: la relocalización podría significar mejoras en la operatividad de la fuerza policial, y liberar una zona cara podría generar ingresos extraordinarios para el Estado si se gestionara correctamente. Pero aquí está el problema: bajo esta administración, esos ingresos no se están canalizando hacia la ampliación de derechos, sino hacia la reducción del peso estatal y la entrega de lo público al sector privado. Eso sí, sin que el debate pase por la ciudadanía.

Más aún: en un contexto donde la desigualdad se profundiza, la inflación devora salarios, la educación pública se tensiona y la seguridad ciudadana se ve recortada, vender un predio de la PFA en una manzana premium de Belgrano no parece una medida aislada sino un eslabón de una cadena cuyo eslogan podría resumirse así: menos Estado, más mercado, menos control social.

El ejecutivo de Milei, en su discurso, promueve la desregulación, el liberalismo extremo, la privatización y la minimización del Estado. Esta operación encaja con ese modelo a la perfección. Pero perversamente, lo que en teoría se vende como “modernización” acaba tornando al Estado más frágil, más subordinado a las fuerzas económicas y menos responsable frente a los ciudadanos.

En definitiva, estamos frente a una decisión política que deja en claro dónde pone sus prioridades este gobierno: en liberar espacios para la especulación inmobiliaria más que en fortalecer la presencia estatal que garantice derechos. Que se subaste una manzana de la PFA en Belgrano no es mera anécdota: es un indicador del camino elegido.

Así, mientras los ciudadanos reclaman mayor control, redistribución y justicia social, el gobierno acelera la enajenación de bienes, resignando la vocación pública para favorecer al negocio privado. Y lo hace sin grandes discusiones, con el sello de lo funcional, lo técnico, lo inevitable. Porque en el fondo, este modelo no es accidental: es deliberado.

La pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿quién gana y quién pierde con esta venta? El mercado inmobiliario, sin duda. La ciudadanía, en su conjunto, observa con preocupación cómo se autoproduce la erosión de lo público. En un país donde lo estatal debería reforzarse frente a la crisis, el Estado ensancha su vaciamiento.

Y mientras tanto, el terreno de Belgrano sigue en subasta. No sabemos aún quién será el comprador, ni qué destino se le dará al inmueble —residencial, comercial, corporativo— tampoco cuál será el precio final ni la transparencia del proceso. Esa incertidumbre completa el cuadro: un mercado que opera puertas adentro, con la urgencia política de privatizar, con la ciudadanía como espectadora.

Lo que está claro es que este gobierno no espera respuestas, espera cierres. Y el cierre de esta operación será otro capítulo más de la tala de lo público en la Argentina de Milei.