La denuncia penal contra la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Adela Bolukalo Lemoine, vuelve a encender las alarmas sobre el costado más opaco del financiamiento político en la era libertaria. Presentada por Marcela Viviana Aguirre, la acusación apunta alto: lavado de activos agravado y delitos contra la administración pública. El hilo conductor es un nombre que ya se volvió sinónimo de dinero sucio en la política argentina reciente: Federico “Fred” Machado, empresario con causas en Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado y fraude. El mismo que, según se investiga, habría aportado 200.000 dólares a la campaña de José Luis Espert.
El expediente no aparece de la nada ni se sostiene en susurros de pasillo. La presentación incorpora publicaciones periodísticas, registros en redes y videos que ubican a Lemoine en actividades vinculadas a la campaña presidencial de Espert en 2019, además de escenas donde se la ve interactuando con el propio Machado y con figuras de ese armado. El corazón de la denuncia es clásico pero efectivo: maniobras para “dar apariencia lícita” a fondos de origen presuntamente ilícito y la eventual omisión de deberes como funcionaria al no alertar sobre posibles delitos. Si el itinerario del dinero manchado con cocaína buscó la lavandería electoral, el itinerario judicial ahora intenta reconstruir quiénes abrieron la puerta, quiénes miraron hacia otro lado y quiénes se beneficiaron.
La defensa de Lemoine eligió un libreto conocido: relativizar, deslegitimar y encapsular. Su abogado, Hernán Seivane, descalificó a la denunciante como “serial” y redujo todo a una “operación mediática sin sustento judicial”. Pero, al mismo tiempo, ofreció una admisión que no por obvia es menor: sí, Lemoine “lo vio” a Machado en una reunión de campaña. Es la misma línea argumental que ensayó Espert cuando estalló el escándalo—no hay relación, sólo fue un cruce en un ámbito político. El problema con esa coartada es doble. Primero, porque la política no se juzga por casualidades sino por contextos: no son selfies perdidas en un festival, son engranajes de una campaña donde circuló dinero hoy bajo sospecha. Segundo, porque aun si la diputada fuera un “cruce circunstancial”, lo cierto es que el financiamiento sospechado existió, está bajo pesquisa y las conexiones no desaparecen por decreto.
Hay otro tramo de la defensa que tampoco ayuda: “Esto no significa que esté involucrada en narcotráfico”, dijo Seivane, para luego señalar que el eje es el financiamiento de campaña y no el tráfico de drogas. Nadie la acusa de cargar valijas en un hangar; la imputación es, precisamente, por lavado y por delitos contra la administración pública. Si el dinero de Machado hubiera irrumpido en la arca electoral, la pregunta no es si Lemoine vendió estupefacientes, sino si colaboró—por acción u omisión—en blanquear recursos y en encubrir su origen. Ese es el punto neurálgico: la política como lavadero exprés, no como búnker narco.
La causa, enmarcada en la investigación mayor sobre Espert y su relación con Machado, desnuda además el doble estándar con el que se presentó el “cambio de época”. La retórica libertaria prometía barrer con “la casta” y los privilegios. En la práctica, si se comprueba la ruta de los 200.000 dólares, lo que aparece es la puerta giratoria entre capitales de origen criminal y estructura partidaria. No es nuevo en la política argentina, pero sí es contradictorio con la épica anticorrupción que se vendió a gritos. Y ese choque no es semántico: es judicial y potencialmente penal.
La defensa buscó blindarse con otro argumento: en la campaña más reciente, Lemoine sólo habría dado “una clase de apoyo” al primer candidato de LLA en Buenos Aires, “pero no lo militó”, y lo hizo—según dice—porque Milei también lo hizo. El intento de despegarla del terreno electoral tiene, otra vez, el mismo talón de Aquiles: la relevancia no está en cuántos timbreos hizo, sino en qué rol jugó cuando la plata dudosa buscaba legitimación. Las medidas solicitadas en la denuncia—acceso a reportes financieros, declaraciones juradas, información sobre financiamiento y cooperación judicial con Estados Unidos—apuntan exactamente a eso: la ingeniería de blanqueo, si la hubo, y la cadena de responsabilidades.
El encuadre internacional de Machado funciona como multiplicador del riesgo. Si en tribunales de EE.UU. se prueban delitos que salpican su patrimonio y las transferencias, la cooperación binacional puede traducirse en algo más que papeles: cruces de datos, trazabilidad bancaria, testimonios bajo juramento. En ese mapa, los “cruces casuales” pierden volumen y gana peso la cronología—qué se supo, cuándo se supo, quién firmó, quién recibió, quién autorizó. La justicia no evalúa moralidades abstractas sino huellas verificables.
Hay, por último, una dimensión política que excede el nombre propio. La construcción libertaria se recuesta con frecuencia en campañas hiperpersonalizadas, marketing agresivo y financiamiento descentralizado. Ese ecosistema es fértil para la opacidad. No se trata de demonizar aportes privados per se, sino de entender que los cortafuegos institucionales—registros, auditorías, trazabilidad—no son una molestia socialista, sino el mínimo antídoto contra la captura del sistema por capitales de dudoso origen. Los mismos que después piden “desregulación total” para ocultar que en el desorden florece el dinero sucio.
La pelota está en la cancha judicial, sí. Pero también en la de la coherencia política. Si el discurso contra la “casta” tenía algún anclaje ético, es ahora cuando debería expresarse con gestos concretos: abrir las cuentas, entregar reportes, motorizar auditorías, colaborar con la investigación sin chicanas. Todo lo contrario a refugiarse en el latiguillo de la “denuncia mediática” mientras los expedientes se apilan. La transparencia no es un tuit indignado; es un método. Y se nota cuando falta.
La denuncia contra Lilia Lemoine, en medio del derrotero penal de Espert por el presunto aporte de 200.000 dólares vinculado a Machado, no es un episodio aislado ni una guerra de hashtags. Es la prueba de estrés de una promesa de regeneración política que empieza a parecerse demasiado a lo peor que decía combatir. Si el financiamiento electoral fue el carril rápido para blanquear dinero narco, el costo no es sólo reputacional: es institucional. Y, al final, lo paga la ciudadanía que votó por “romper el sistema” para descubrir que el sistema se rompía por el mismo lugar de siempre: la caja.
Fuente
.https://www.pagina12.com.ar/868090-denuncian-a-lilia-lemoine-por-presuntos-vinculos-con-fred-ma
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