A doce meses de la denuncia por el escándalo cripto promocionado por Javier Milei, el fiscal Eduardo Taiano sigue sin llamar a indagatoria a los principales implicados, pese a la acumulación de pruebas, víctimas identificadas y documentación aportada por el Congreso. La causa por la estafa $LIBRA expone un entramado de negocios privados, promoción presidencial, pérdidas millonarias y una Justicia que parece más dispuesta a ganar tiempo que a investigar al poder. El reclamo público de Gregorio Dalbón vuelve a poner el foco donde incomoda: en Comodoro Py.
El calendario marca casi un año desde que la estafa $LIBRA estalló y dejó un tendal de damnificados, y también desde que fue presentada una de las denuncias penales más graves que pesan sobre el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, lo que debería haber sido una investigación ágil frente a un escándalo de magnitud internacional se transformó en un caso paradigmático de parálisis judicial. El posteo reciente del abogado Gregorio Dalbón no es un exabrupto aislado ni una sobreactuación en redes sociales: es la síntesis brutal de una causa que avanza a paso de tortuga mientras las pruebas se acumulan, las víctimas esperan y el poder político sigue blindado.
La llamada “Estafa Libra”, también conocida como Criptogate o $LIBRA, no fue un error técnico ni una simple mala recomendación financiera. Se trató de una maniobra que combinó el atractivo de las criptomonedas, la lógica especulativa de los memecoins y, sobre todo, la intervención directa del Presidente de la Nación. El 14 de febrero de 2025, Javier Milei promocionó desde su cuenta oficial de X un token en la red Solana, presentado como un emprendimiento privado orientado a financiar pymes y proyectos productivos en Argentina. Ese tuit fue el disparador de una suba explosiva del precio del activo, seguida de un colapso abrupto que dejó pérdidas estimadas entre 100 y 250 millones de dólares. Sin la palabra presidencial, la estafa no habría existido.
El mecanismo fue el clásico rug pull que ya se repitió en decenas de fraudes cripto alrededor del mundo. Los creadores y tenedores iniciales del token vendieron masivamente tras el pico de precio, retirando fondos mientras miles de pequeños inversores quedaban atrapados con activos sin valor. La diferencia, esta vez, fue el rol central del jefe de Estado argentino, que no solo promocionó el token sino que, según la documentación incorporada al expediente, mantenía vínculos previos con los responsables del proyecto.
Dalbón fue uno de los primeros en judicializar el escándalo. En febrero de 2025 presentó una denuncia penal contra Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Mauricio Novelli, Julian Peh, Hayden Davis y otros actores vinculados al lanzamiento de $LIBRA. Las acusaciones incluyen estafa, asociación ilícita, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y tráfico de influencias. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de María Servini, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. Desde entonces, el expediente se convirtió en un símbolo de la distancia entre el discurso oficial de “república” y la práctica real del sistema judicial.
El reclamo de Dalbón apunta a un punto clave: las pruebas no faltan. Muy por el contrario, sobran. Uno de los ejes centrales de la causa es la trazabilidad blockchain. Los análisis de las billeteras en la red Solana permiten seguir el recorrido de los fondos con un nivel de precisión que pocas investigaciones financieras tradicionales pueden ofrecer. Los movimientos muestran ventas millonarias inmediatamente posteriores a la promoción presidencial, con retiros rápidos de liquidez por parte de los creadores del token. Algunas billeteras aparecen asociadas a nombres, slogans o estructuras societarias vinculadas al entorno libertario, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra coordinada.
A esto se suma un elemento demoledor para la defensa presidencial: la existencia de un contrato confidencial firmado por Javier Milei el 29 de enero de 2025, apenas dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA. El acuerdo, presentado como un “asesoramiento en blockchain y criptoactivos”, fue suscripto con Hayden Davis, uno de los principales impulsores del token. Este documento contradice de manera directa la versión oficial de que Milei actuó “de buena fe” y sin conocimiento previo del proyecto. No se trata de una simpatía ideológica ni de una recomendación al pasar, sino de un vínculo contractual formal.
La secuencia temporal es otro de los puntos que refuerzan la imputación. Hubo reuniones previas, encuentros en ámbitos oficiales y privados, ingresos autorizados a Casa Rosada y una coordinación evidente entre los actores involucrados. El posteo presidencial incluyó incluso el link al contrato inteligente del token, un dato técnico que no estaba disponible públicamente antes y que demuestra un nivel de involucramiento que excede largamente el de un simple usuario entusiasta de las criptomonedas.
En el expediente también figuran mensajes y comunicaciones atribuidas a Hayden Davis en los que se mencionan pagos a Karina Milei a cambio de avales políticos. Si bien estos elementos requieren corroboración judicial plena, su sola existencia amerita medidas inmediatas: secuestro de celulares, peritajes, cruces de llamadas, congelamiento de activos. Sin embargo, a un año de la denuncia, ninguna de estas acciones clave se concretó sobre los principales implicados.
El informe final de la Comisión Investigadora del Congreso, presentado en noviembre de 2025 y con más de 200 páginas, aportó un respaldo institucional contundente a las denuncias. Allí se concluye que sin la intervención de Milei la estafa no habría sido posible, que existió un modus operandi repetido y que se violaron normas básicas de la Ley de Ética Pública. El documento también señala la falta de colaboración del Poder Ejecutivo y la responsabilidad directa del Presidente y su entorno. Todo ese material fue entregado al fiscal Taiano. El problema es que sigue sin traducirse en decisiones procesales concretas.
Mientras tanto, las víctimas se cuentan por decenas de miles. No se trata solo de grandes inversores o especialistas financieros, sino de ciudadanos comunes que confiaron en la palabra presidencial y perdieron sus ahorros. Existen demandas colectivas en Argentina y presentaciones en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, donde la investigación avanza con mayor dinamismo y cooperación de organismos federales. El contraste es evidente y deja a Comodoro Py en una posición incómoda.
El posteo de Dalbón del 10 de febrero de 2026 condensa esa frustración. “Las pruebas están. Las víctimas también. El tiempo pasa. La Justicia no puede dormir”, escribió, interpelando directamente al fiscal. No es solo un reclamo personal ni una estrategia mediática. Es una denuncia política e institucional sobre el funcionamiento real del sistema judicial cuando los acusados ocupan el vértice del poder.
La demora del fiscal Taiano ya no puede explicarse como prudencia ni como complejidad técnica. En causas de este tipo, el tiempo no es neutral: juega a favor de los imputados, desgasta a las víctimas y enfría el impacto social del escándalo. Cada día sin indagatorias es un mensaje implícito de tolerancia, cuando no de protección.
El gobierno de Javier Milei llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, la casta y la impunidad. Un año después de la estafa $LIBRA, esa narrativa choca de frente con una realidad incómoda: un Presidente acusado de haber promovido un fraude multimillonario y una Justicia que parece mirar para otro lado. La pregunta ya no es si hay pruebas suficientes, sino cuánto tiempo más puede sostenerse este silencio sin que el costo institucional sea irreversible.
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