En medio de la movilización contra la reforma laboral de Javier Milei, un vendedor ambulante terminó siendo blanco de una acción policial que no buscó ordenar, sino disciplinar. El video es elocuente y expone una lógica de crueldad que excede cualquier protocolo.
Las imágenes no dejan demasiado margen para la interpretación benévola. En plena calle, mientras se desarrollaba una protesta contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, un grupo de policías motorizados arremete contra un vendedor ambulante de helados. No hay disturbios a su alrededor, no hay enfrentamiento, no hay amenaza alguna que justifique la intervención. Sin embargo, la hilera policial avanza y termina tirando su mercadería al asfalto. Helados desparramados, trabajo arruinado, dignidad pisoteada.
El episodio fue registrado en un video que circuló en la red social X y fue compartido por el usuario “El Facilitador”, quien resumió el sentimiento que generó la escena con una pregunta tan simple como devastadora: ¿qué necesidad tenían de tirarle los helados al tipo que se gana la vida? No es una pregunta retórica. Es una interpelación directa al corazón del accionar estatal en este nuevo clima político.
Lo que se observa no parece un error ni un exceso individual. Es una forma de proceder. Una pedagogía del miedo que no se aplica únicamente sobre quienes protestan organizadamente, sino también sobre quienes simplemente están ahí, trabajando, sobreviviendo, intentando vender algo para llegar a fin de mes. El mensaje es claro: nadie está a salvo cuando el orden se impone a los palazos, ni siquiera quienes no protestan.
La escena condensa, en pocos segundos, una idea más amplia que atraviesa la gestión actual: la criminalización de la calle como espacio político y social. Bajo la excusa de “garantizar el orden”, se habilitan prácticas que rozan —y muchas veces cruzan— la frontera de la violencia gratuita. El vendedor de helados no era un manifestante, no cortaba calles, no gritaba consignas. Su único “delito” fue estar ahí, en el lugar equivocado, en el momento en que la policía decidió mostrar poder.
Hay algo particularmente perverso en destruir la mercadería de quien vive del rebusque diario. No es solo una pérdida económica inmediata; es un acto de humillación. Es decirle a alguien que su esfuerzo no vale nada, que su trabajo es descartable, que su subsistencia puede ser barrida sin consecuencias. En un contexto de ajuste brutal, caída del consumo y precarización creciente, ese gesto adquiere una dimensión todavía más oscura.
Resulta difícil no vincular este episodio con el clima político que promueve el propio gobierno. Cuando desde el poder se estigmatiza a quienes protestan, se banaliza la represión y se celebra la “mano dura” como virtud, lo que sigue es una cadena de acciones donde la violencia deja de ser una excepción y pasa a ser una herramienta cotidiana. La policía no actúa en el vacío: actúa en un marco de habilitación política.
El posteo que acompaña al video va aún más lejos en su indignación, y aunque el tono sea crudo, refleja un sentimiento social que empieza a expandirse. La idea de fuerzas de seguridad convertidas en “mulos del poder económico” no surge de la nada. Surge cuando quienes deberían cuidar terminan golpeando hacia abajo, descargando su fuerza sobre los más vulnerables mientras protegen intereses que jamás los incluirán.
Este episodio no es menor ni anecdótico. Es una postal del presente. Un presente donde el derecho constitucional a la protesta convive con prácticas policiales que parecen diseñadas para intimidar, castigar y disciplinar. Un presente donde incluso vender helados puede convertirse, de un segundo a otro, en una actividad peligrosa.
Porque cuando el Estado decide que todo vale para garantizar el “orden”, lo que realmente está diciendo es que hay vidas y trabajos que no importan. Y ese mensaje, lejos de pacificar, solo profundiza el conflicto social que dice querer evitar.
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