La histórica empresa creadora del Mantecol vuelve a aplicar suspensiones y reduce los sueldos un 20 por ciento, incluso a delegados sindicales y empleados con más de 30 años de antigüedad. Mientras la patronal habla de crisis, los trabajadores denuncian un ajuste sistemático y una “reforma laboral anticipada” alentada por la apertura importadora del gobierno.
La profundización del conflicto en Georgalos expone con crudeza el impacto del programa económico de Javier Milei sobre la industria nacional. Importaciones sin control, caída de ventas, pasividad sindical y una avanzada patronal que usa la crisis como excusa para precarizar, disciplinar y sentar precedentes peligrosos.
La escena se repite, pero cada vez con menos disimulo. En la planta de Victoria, donde durante décadas se produjeron algunas de las golosinas más emblemáticas del país, hoy manda el silencio forzado de las suspensiones y el ruido sordo del ajuste. Georgalos, la empresa que hizo del Mantecol un símbolo popular, volvió a notificar una nueva tanda de suspensiones que alcanza a 20 trabajadores y viene acompañada de un recorte salarial del 20 por ciento. No se trata de un episodio aislado ni de una medida excepcional: es la continuidad de un proceso que ya lleva meses y que, para los trabajadores, tiene un nombre claro aunque incómodo para el poder político y económico: reforma laboral de facto.
El nuevo esquema de suspensiones llega apenas semanas después de haber concluido un período previo que se extendió por tres meses y que afectó a la totalidad de los 600 operarios de la planta. Aquella vez, la empresa apeló al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el mismo que habilita suspensiones por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Hoy, con el conflicto lejos de resolverse, la patronal vuelve a recurrir a la misma herramienta, pero sube la apuesta: no sólo suspende, también baja salarios y apunta contra delegados sindicales y trabajadores con más de 30 años de antigüedad, es decir, contra quienes concentran experiencia, derechos y memoria colectiva.
El argumento empresarial es conocido y suena gastado: caída drástica de ventas. A fines de 2025, Georgalos ya había justificado despidos y suspensiones en un supuesto derrumbe del consumo. Sin embargo, puertas adentro de la planta y en el conjunto del sector alimenticio, la explicación aparece incompleta. La apertura total de importaciones, impulsada sin matices por el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, está inundando el mercado de productos importados, en particular desde Brasil, que compiten con ventaja frente a la producción nacional. El resultado es una presión directa sobre los costos, las ventas y, finalmente, sobre el empleo.
La industria de las golosinas es un ejemplo brutal de este fenómeno. En las últimas semanas cerró la histórica fábrica de alfajores La Paila en Córdoba. Otra empresa del rubro, conocida por haber lanzado los caramelos “No hay plata”, terminó rematando su fábrica ante la imposibilidad de sostener la producción. La lógica es simple y despiadada: abrir importaciones para “bajar la inflación”, aun cuando esa inflación sigue sin ceder, y aceptar como daño colateral —o quizás como objetivo implícito— la destrucción del entramado industrial.
En Georgalos, ese contexto macroeconómico se traduce en una política concreta dentro de la planta. Desde noviembre pasado, al menos 60 trabajadores fueron suspendidos por períodos de 15 días, a los que se les “pegaron” las vacaciones de manera compulsiva para mantenerlos un mes fuera de la fábrica. Hoy, quienes ya cumplieron dos suspensiones previas se encontraron con una tercera prórroga, otra vez de 15 días, y con la notificación de una rebaja salarial del 20 por ciento. Para los trabajadores, no hay dudas: no es una emergencia coyuntural, es un esquema de ajuste sistemático.
Miguel Maciel, uno de los trabajadores reincorporados por una cautelar judicial, lo explicó sin rodeos al relatar el conflicto. Fue despedido en junio del año pasado, luego de haber acatado un paro convocado por el sindicato de la alimentación. De un sector de chocolates con cien empleados, sólo cinco fueron despedidos, todos por ejercer el derecho a huelga. “Desde abril peleamos contra la reforma laboral que la empresa trata de imponer”, señaló. Su caso sigue judicializado y es, al mismo tiempo, un síntoma y una advertencia.
La gravedad del conflicto no se limita al impacto económico sobre los salarios familiares. También está en juego la tutela sindical. Entre los suspendidos hay delegados congresales con fueros gremiales, una situación que los trabajadores denuncian como una vulneración directa de derechos básicos. El mensaje es claro: disciplinar a quienes se organizan y sentar un precedente que pueda replicarse en otras plantas y otros sectores.
En este punto aparece otro actor clave, aunque por su ausencia: el Sindicato de la Alimentación, STIA. Dentro de la planta crece el malestar por lo que describen como una pasividad peligrosa. Los trabajadores reclamaron una acción urgente, no sólo para repudiar las suspensiones y la rebaja salarial, sino para evitar que el adelantamiento compulsivo de vacaciones funcione como un preludio de despidos masivos. El llamado también se extendió a la CGT y a los cuerpos de delegados de la zona, con un pedido concreto: visibilizar el atropello y romper el aislamiento.
La crisis de Georgalos no ocurre en el vacío. Forma parte de un cuadro industrial mucho más amplio y alarmante. La planta de cerveza Corona, inaugurada en 2020, redujo fuertemente su dotación de personal por la caída de ventas. La histórica fábrica de tractores Pauny atraviesa una situación delicada, al igual que Metalfor. Y el cierre definitivo de la planta principal de Fate en Virreyes, que dejó a 920 trabajadores en la calle, funcionó como un golpe seco incluso para una sociedad que parece anestesiada frente al cierre de fábricas.
En ese contexto, los trabajadores de Georgalos se solidarizaron con los despedidos de Fate y se movilizaron para advertir que lo que ocurre en su planta no es un hecho aislado. “Es un ensayo de precarización”, repiten. La frase no es exagerada. Si se aprueba una reforma laboral que reduzca indemnizaciones y flexibilice aún más las condiciones de trabajo, como promueve el gobierno, estas prácticas podrían legalizarse y multiplicarse. “Van a despedir con indemnización al 50 por ciento, lo que es gravísimo”, advirtió Maciel.
La incertidumbre atraviesa todo el conflicto. Nadie puede asegurar hasta dónde llegará la avanzada patronal ni cuál será el próximo paso del gobierno. Lo que sí aparece con claridad es una matriz de decisiones que prioriza el ajuste, la apertura irrestricta y la disciplina social por sobre el trabajo, la producción y el mercado interno. Georgalos, con su historia y su peso simbólico, se convierte así en un caso testigo de una política económica que promete orden y libertad, pero entrega precarización, miedo y fábricas vacías.
La pregunta que queda flotando es incómoda y necesaria: ¿cuántas Georgalos más hacen falta para que el costo social del modelo deje de ser una estadística y se convierta en un debate real? Por ahora, en Victoria, la respuesta se mide en suspensiones, salarios recortados y trabajadores que, aun golpeados, siguen dando pelea.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/economia/georgalos-aplica-una-nueva-tanda-de-suspensiones-y-se-extrema-el-conflicto-laboral/
https://www.lv16.com.ar/sg/nota-211801/conflicto-en-georgalos-se-escudan-en-una-falsa-crisis
https://www.sanfernandonuestro.com.ar/wp/trabajadores-de-georgalos-alertan-por-nuevas-suspensiones-y-rebaja-salarial/
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