Julián de Diego, abogado de compañías como Rappi y asesor del secretario de Trabajo, impulsa un proyecto que flexibiliza las condiciones laborales y recorta derechos. El Gobierno niega cualquier conflicto de intereses, mientras los especialistas advierten un sesgo patronal y un retroceso de décadas en materia de protección al trabajador.
El nuevo borrador de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei toma el modelo de las plataformas digitales como referencia para precarizar el empleo registrado. Con ampliación de jornada, pago en cuotas de indemnizaciones y eliminación de derechos básicos, el texto escrito por el abogado de las empresas de delivery representa la reedición más cruda del menemismo: desregulación, desigualdad y un Estado al servicio del capital.
La historia parece repetirse, pero con un guion todavía más brutal. En el centro del nuevo proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei aparece el nombre de Julián de Diego, un abogado con amplio recorrido en la defensa de grandes empresas y asesor legal de la aplicación Rappi. El mismo hombre que en los años noventa redactó la ley de ART —más tarde declarada inconstitucional por la Corte Suprema— vuelve a ocupar un lugar estratégico en la reconfiguración del mercado laboral argentino. Esta vez, con la venia de la “revolución libertaria”.
El texto en preparación, que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en diciembre, plantea cambios de fondo que atentan directamente contra la protección del trabajo. Entre sus puntos centrales figuran la ampliación de la jornada laboral de ocho a doce horas, el pago en cuotas de las indemnizaciones por despido y la posibilidad de abonar parte del salario con tickets canasta. También prevé la flexibilización de la negociación colectiva —que dejaría de ser por actividad para pasar a ser por empresa— y la creación de un “banco de horas” que permitiría alterar los tiempos de descanso sin compensación económica.
En palabras del propio De Diego, “el salario debe ser dinámico, ajustado a la productividad”. Lo que suena a modernización no es más que el eufemismo de siempre: eliminar los pisos de derechos y debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores. Detrás del discurso de eficiencia y meritocracia, se esconde la intención de instaurar un régimen laboral a la medida de las corporaciones.
El vínculo entre De Diego y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no es casual. Ambos provienen del mismo universo empresarial: el primero asesora a multinacionales como Adecco y Manpower; el segundo trabajó para Techint y la Unión Industrial Argentina antes de desembarcar en el gobierno. Desde el oficialismo aseguran que “no hay conflicto de intereses”, pero el argumento resulta insostenible cuando quienes redactan las normas son los mismos que litigan contra los derechos laborales.
El abogado laboralista Luis Ramírez lo definió con claridad: “No veo reproche ético a que trabajen juntos, pero el sesgo patronal del proyecto es evidente”. En efecto, el equipo que impulsa la reforma no oculta su propósito. De Diego, con décadas de experiencia en “ajustar costos laborales”, es ahora la pluma detrás del documento que promete “modernizar” la relación laboral, lo que en la práctica significa retroceder un siglo en conquistas obreras.
El modelo de las plataformas digitales, lejos de ofrecer soluciones, se erige como el ejemplo más nítido de la precarización. Rappi, Glovo o Uber construyeron un esquema en el que los trabajadores son falsamente “independientes”, sin cobertura sindical, sin aportes previsionales y con la amenaza constante de perder su fuente de ingreso con un clic. En lugar de regular estas actividades para garantizar derechos, el gobierno libertario busca expandir ese formato al conjunto del mercado laboral.
La Organización Internacional del Trabajo lleva años advirtiendo sobre los riesgos de ese sistema y promueve la firma de un convenio que proteja a quienes trabajan bajo plataformas digitales. Pero el borrador que circula en la Secretaría de Trabajo va en la dirección opuesta: trasladar el modelo de explotación sin vínculo formal al resto de las relaciones laborales.
Desde que la Ley Bases allanó el terreno, el oficialismo se siente con la legitimidad suficiente para avanzar. Aquel paquete legislativo ya había eliminado sanciones por empleo en negro, extendido el período de prueba y restringido el derecho de huelga. Ahora, el nuevo texto pretende completar la obra: consolidar una economía de servicios de bajo costo y trabajadores reemplazables.
El discurso oficial insiste en que “el mercado se autorregula” y que “las nuevas modalidades de empleo son el futuro”. Pero detrás de esa narrativa se oculta una política deliberada para desarmar el tejido social. La ampliación de la jornada laboral a doce horas o el pago fraccionado de indemnizaciones no responden a la innovación, sino a la lógica del castigo. Y el Estado, lejos de proteger, se convierte en el garante del desequilibrio.
En los noventa, De Diego fue uno de los artífices de la flexibilización menemista. Treinta años después, el libreto no cambió: ajuste sobre los asalariados, beneficios fiscales para los grandes grupos y una retórica que culpa a los sindicatos por la falta de competitividad. Solo que ahora el contexto es más dramático: millones de trabajadores informales, una economía estancada y una dirigencia que celebra la destrucción del derecho laboral como si fuera una gesta heroica.
El resultado es previsible. Con cada nueva “reforma”, los empresarios ganan poder de despido y los trabajadores pierden herramientas de defensa. La llamada “modernización” es, en realidad, la institucionalización de la precariedad. Y el hecho de que uno de los redactores de la norma sea asesor de Rappi simboliza la captura completa del Estado por intereses privados.
Milei promete “libertad” mientras entrega la legislación a los estudios jurídicos de las corporaciones. El Ejecutivo niega los conflictos de intereses, pero no puede ocultar la contradicción: un abogado de las plataformas digitales diseña la reforma laboral que afectará a todos los argentinos. La supuesta eficiencia del mercado se paga con la desprotección de los que menos tienen.
Si en los noventa se habló de “flexibilización”, hoy habría que hablar de desposesión. Un gobierno que considera al trabajador un costo y al empresario un héroe no construye un país, sino un campo de batalla social. El proyecto que se presentará en diciembre marca un antes y un después: la entrega formal de los derechos laborales en nombre del libre mercado.
Conflicto de intereses en la reforma laboral: un asesor de Rappi detrás del proyecto de Milei
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