Documentos confidenciales del Ministerio de Seguridad, elaborados con datos de Homeland Security, confirmaron que Federico “Fred” Machado —acusado de narcotráfico y fraude internacional— financió la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. Pese a las advertencias y pruebas de inteligencia, Patricia Bullrich y Javier Milei guardaron silencio y permitieron su candidatura.
Los informes oficiales, uno rotulado como “Secreto” y otro como “Confidencial”, detallan vínculos entre el empresario narco Fred Machado, el entorno de Mauricio Macri y el actual diputado libertario José Luis Espert. A pesar de la gravedad de los hechos, el gobierno de Javier Milei mantuvo a Espert como figura central de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en una muestra de encubrimiento político y desdén por la legalidad institucional.
El escándalo estalló esta semana, pero su historia se remonta al corazón mismo del sistema político que hoy sostiene a Javier Milei. El Ministerio de Seguridad de la Nación tenía en su poder no uno, sino dos informes de inteligencia elaborados durante 2021 con la colaboración directa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security). En ellos se señalaba con claridad que Federico “Fred” Machado —empresario acusado de narcotráfico, lavado de activos y fraudes millonarios— había financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.
El silencio de Patricia Bullrich frente a estos documentos, ahora desclasificados por presión mediática, revela algo más profundo que un simple descuido: la decisión política de mirar hacia otro lado mientras se consolidaba la alianza entre el dinero sucio y la ultraderecha argentina.
El primer informe, identificado como CF 35/2021 y rotulado “Secreto”, fue elaborado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC). Su texto es inequívoco: “Machado también financió la campaña presidencial de José Luis Espert, aportando fondos y transporte en aviones”. La mención no deja lugar a dudas. Aporta además detalles logísticos y financieros, con información provista por organismos norteamericanos.
El segundo documento, número 15/2021 y clasificado como “Confidencial”, fue redactado por el Departamento de Inteligencia Criminal Aeroportuaria. Consta de 12 páginas que, además de confirmar la financiación ilícita, describen una red de vuelos clandestinos y cargamentos de cocaína interceptados en distintos países: 1558 kilos en México, 1200 en Venezuela, 1215 en México otra vez, 2572 en Guatemala, 1700 más en el mismo país, 168 en Colombia y 2310 en Belice. Todos vinculados con aviones del entramado de Machado.
Bullrich, en su rol de ministra de Seguridad, tuvo ambos informes sobre su escritorio. No solo los ignoró, sino que los mantuvo bajo reserva mientras José Luis Espert era promovido como figura visible de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En 2025, ya con Milei en la presidencia, el silencio se transformó en complicidad política. Bullrich se escudó en una frase hueca: “es falso que yo supiera”. Pero los documentos la desmienten línea por línea.
En uno de ellos, se agrega incluso un detalle que hoy resulta escandaloso: la prueba de una transferencia de 200.000 dólares enviada por Machado a Espert, documento que llegó al país desde un juzgado de Texas, donde el empresario espera su extradición. Esa evidencia, junto a los 36 vuelos realizados por Espert en aviones pertenecientes al narco empresario, conforman un cuadro de corrupción estructural que ningún gobierno responsable podría haber pasado por alto.
Los antecedentes eran más que suficientes. Homeland Security había advertido expresamente a la Argentina sobre los vínculos criminales de Machado. El informe lo dice de manera textual: “Este informe fue elaborado a partir de información recibida del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre vinculaciones de Federico Andrés Machado con delitos de narcotráfico y lavado de activos”. En términos diplomáticos, esa es una alarma roja. Sin embargo, en la Argentina de la impunidad selectiva, las advertencias internacionales terminaron archivadas en un cajón ministerial.
La inteligencia argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández, había detectado patrones sospechosos en la actividad de Machado: vuelos frecuentes a Perú, Colombia, Panamá y Guatemala, todos desde el aeropuerto de San Fernando, muchos de ellos junto a Sergio Daniel Mastropietro, un empresario vinculado a Mauricio Macri a través de la firma Avian Líneas Aéreas (la continuación de MacAir, del Grupo Socma). Los informes muestran un mapa claro: narcotráfico, lavado de dinero, conexiones empresariales con el macrismo y financiamiento directo a figuras de la ultraderecha liberal.
“Seguramente es una casualidad que el nombre Macri aparezca en el informe”, ironiza el texto de inteligencia. Pero nada parece casual en una red donde se cruzan capitales oscuros, vuelos privados y silencios políticos.
El segundo informe, elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, agrega todavía más datos comprometedores: Machado y Mastropietro compartían incluso una sociedad llamada SO Vaín, dedicada al rubro de “agencia de modelos” en Barrio Parque. Una fachada tan inverosímil como eficaz para disimular flujos financieros. Además, se documentan operaciones de alquiler y venta de aviones con matrículas adulteradas, varios de los cuales fueron utilizados para transportar cocaína.
Interpol, por pedido de Estados Unidos, emitió en 2021 una alerta roja internacional contra Machado. La orden de captura incluía las pruebas de sus vínculos con los cargamentos de droga, así como las denuncias de fraude en la compra y leasing de aeronaves. En paralelo, la justicia de Florida condenó al empresario a pagar 179 millones de dólares por estafas a 22 damnificados, entre ellos compañías aéreas internacionales como Japan Airways y Air India.
A esta altura, la pregunta es inevitable: ¿cómo pudo pasar todo esto sin que el Ministerio de Seguridad ni el propio Milei tomaran medidas? La respuesta es política, no técnica. Patricia Bullrich, figura clave del gobierno, prefirió proteger el acuerdo con Espert —aliado útil para ampliar la base electoral libertaria— antes que reconocer que uno de los suyos había sido financiado por un narcotraficante internacional. Y Milei, que en su momento había acusado públicamente a Espert de ofrecerle una valija con 300.000 dólares para que se bajara de la elección presidencial de 2019, eligió la amnesia.
Los hechos son testarudos. La transferencia de 200.000 dólares, los vuelos pagados por Machado, los contratos simulados por un millón de dólares con empresas sin actividad real. Todo eso está documentado. Aun así, el oficialismo libertario maniobra para evitar que el rostro de Espert figure en la boleta única de papel del 26 de octubre. Es el intento desesperado de borrar un escándalo que desnuda la hipocresía del discurso “anticasta” y la corrupción en el corazón mismo de La Libertad Avanza.
El caso es paradigmático: mientras el gobierno ajusta presupuestos, reprime la protesta social y persigue a científicos y docentes, protege en silencio a quienes tienen vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Bullrich y Milei construyeron una narrativa de transparencia y orden, pero los documentos revelan un entramado de connivencias políticas y financieras que destruye cualquier atisbo de ética republicana.
El financiamiento narco de Espert no es una anécdota: es el síntoma de una enfermedad estructural del poder libertario, donde la ideología del mercado libre sirve como cobertura para negocios ilícitos y alianzas con capitales criminales.
Frente a la contundencia de los informes de inteligencia y las pruebas judiciales internacionales, la respuesta del gobierno ha sido el silencio. Un silencio cómplice, deliberado, que busca evitar que el escándalo salpique a los socios del poder. Pero las filtraciones, las pruebas bancarias y los antecedentes judiciales hacen imposible sostener la farsa. La pretendida “libertad” se desmorona frente a la evidencia del dinero sucio que financió sus cimientos.
La historia está escrita en los documentos oficiales, con sello del Estado argentino y advertencias de los Estados Unidos. Y si algo queda claro después de esta revelación, es que Patricia Bullrich no solo miró para otro lado: garantizó, con su inacción, que el narcotráfico financiara la política libertaria.
Fuente:
.https://www.pagina12.com.ar/865116-bullrich-y-esa-costumbre-de-mirar-para-otro-lado
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