La Casa Rosada maniobra a contrarreloj para evitar la postal que ningún medio extranjero debería ver: cientos de miles de personas acompañando a Cristina Kirchner hasta Comodoro Py. La movilización ya no se puede detener, y el temor del gobierno libertario se convierte en desesperación.
Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en desligarse del caso judicial que condena a la expresidenta, despliega en paralelo una batería de presiones, operaciones y sugerencias para evitar lo que más teme: la demostración palpable de que millones aún respaldan a quien buscan proscribir. La calle, otra vez, se vuelve territorio de disputa.
El fantasma de la multitud
No hay nada que incomode más al gobierno de Javier Milei que la demostración tangible del respaldo popular a Cristina Fernández de Kirchner. Y no se trata solo de una cuestión de imagen interna. Lo que realmente quita el sueño en la Casa Rosada es la proyección internacional de una escena que se repite en la historia argentina: una mujer, acusada y condenada por un Poder Judicial deslegitimado, rodeada por una marea humana que no solo la respalda, sino que impugna —con el cuerpo y con la calle— la legitimidad de esa condena.
Desde hace días, los operadores libertarios trabajan en dos frentes. Por un lado, simulan que todo lo relativo a la causa «Vialidad» es cosa de la Justicia, asunto técnico y distante, ajeno a las preocupaciones del Ejecutivo. Por el otro, intentan —a plena luz del día y también en la penumbra de los despachos— desmontar la movilización prevista para este miércoles. Las versiones se acumulan y se cruzan: prisión domiciliaria de último momento, notificación por Zoom, gestiones del Ministerio de Justicia con jueces del Tribunal Oral Federal 2, y hasta presiones apenas disimuladas para “evitar convulsiones sociales”.
El miedo no es a la calle, sino a lo que la calle representa
Lo dijo sin vueltas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: «Me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación puedan hacerse sin que la expresidenta concurra a los tribunales. Eso no va a generar nada positivo». Nada positivo… para el gobierno, claro. Porque lo que se juega este miércoles no es sólo el futuro de Cristina, sino la imagen del poder. Y esa imagen, si se impone la marcha, será demoledora: una multitud acompañando a una expresidenta que, lejos de esconderse o huir, camina hacia un tribunal que la condenó sin pruebas concretas y con una sentencia plagada de irregularidades.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola —los mismos que pidieron 12 años de prisión sin haber podido probar enriquecimiento ilícito ni retorno de fondos— se preparan para objetar la prisión domiciliaria, incluso apelando a tecnicismos médicos. Ya se opusieron antes a conceder ese beneficio a un imputado de casi 80 años. ¿Se atreverán ahora a negar el derecho a una mujer de 72, que fue víctima de un intento de magnicidio y que por su condición de expresidenta cuenta con custodia permanente?
Cristina no se rinde. El pueblo tampoco.
La estrategia oficial es tan burda como transparente. Intentan simular desinterés mientras ruegan que la imagen no se viralice. Porque no hay nada más potente que una líder condenada rodeada por su pueblo. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Ni Lula en Brasil logró semejante convocatoria. El fenómeno argentino tiene una raíz particular: aquí, la calle es memoria, resistencia y también advertencia.
Desde el entorno de la expresidenta ya confirmaron que la movilización no se desarma. Saldrá a las 10 desde su domicilio en la calle San José y llegará hasta Comodoro Py. Será una postal inevitable. En los tribunales federales, los jueces del TOF 2 (el mismo que antes rechazó la detención inmediata que pedían los fiscales) evalúan la posibilidad de conceder la domiciliaria, pero lo harían —afirman— por «razones de razonabilidad», no por presiones. Una forma elegante de decir que no quieren enfrentar la marea humana que se les viene encima.
La paradoja de la proscripción es que multiplica adhesiones
En el fondo, Milei y su gabinete saben que están jugando con fuego. Porque lo que intentan presentar como una causa judicial ejemplar se revela, cada vez con mayor nitidez, como una operación política con forma de sentencia. La condena de Cristina no nació de una búsqueda de justicia, sino de una necesidad de disciplinamiento. Que no vuelva. Que no se atreva. Que nadie crea que se puede cuestionar al poder real sin consecuencias.
Pero esa jugada tiene un costo. Y ese costo es la calle. Es la memoria colectiva que recuerda la persecución a Perón, los exilios forzados, los presos políticos. Es la convicción —instintiva, visceral— de que a Cristina no la quieren presa por ladrona, sino por haber empoderado a los nadies, por haber molestado a los de arriba, por haber gobernado con el peronismo en la piel.
Operaciones, peritajes y vergüenza institucional
Mientras se preparan para recibirla, los jueces piden peritajes, estudios socioambientales, actualizaciones del monto del decomiso. El show judicial no se detiene. Pero detrás del decorado, la vergüenza asoma. ¿Qué sentido tiene seguir con el circo cuando la protagonista misma ha dejado en claro que no se va a esconder? ¿Qué clase de república es aquella que se construye con sentencias digitadas y fiscales militantes?
El pedido de prisión domiciliaria, lejos de ser un privilegio, se apoya en fundamentos constitucionales y criterios internacionales. El derecho internacional prohíbe, de hecho, que una persona en su condición y edad sea sometida al aislamiento extremo. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad. Pero incluso ese derecho básico está siendo puesto en duda, porque lo que molesta, lo que irrita, es la posibilidad de que Cristina siga hablando, que salga al balcón, que siga interpelando a esa Argentina que resiste.
Una decisión que definirá más que un destino personal
Los jueces del TOF 2 saben que su decisión no será técnica, por más que lo pretendan. Están ante un momento bisagra. Si ceden a las presiones, quedarán definitivamente marcados como instrumentos de un poder vengativo. Si respetan los derechos de Cristina, cargarán con la furia de los que quieren verla derrotada, silenciada y anulada.
La Corte Suprema, que confirmó la condena sin ruborizarse, ya dio muestras de que todo es posible en esta Argentina de sentencias con tufillo a vendetta. Por eso, esta movilización no es solo un acto de respaldo a Cristina, sino un grito colectivo contra una deriva institucional que pone en jaque los cimientos democráticos.
El miércoles no será un día más
No lo será para el pueblo que camine junto a Cristina. No lo será para los medios que intenten ignorar o minimizar la marcha. Y, sobre todo, no lo será para un gobierno que ha hecho de la represión simbólica su marca de gestión. A Javier Milei no le teme tanto a Cristina como a lo que ella convoca: la memoria de las luchas populares, la vigencia del peronismo, la vigencia de una política que no se arrodilla.
La imagen que se avecina es potente. No podrán borrarla, ni con zoom, ni con prisiones domiciliarias de apuro, ni con operaciones mediáticas. Porque hay algo que no se puede esconder: el pueblo, cuando decide ponerse de pie, no pide permiso. Y esta vez, como tantas otras, lo hará gritando una certeza: no se proscribe a quien elige el pueblo.
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