Bajo una investigación sin pruebas concluyentes, la Casa Rosada retiró acreditaciones a medios críticos mientras preservó a otros también señalados. El episodio deja al descubierto una maniobra política que mezcla victimización, disciplinamiento y oportunismo.
La escena no fue un error administrativo ni una confusión técnica: fue una decisión política. Este lunes por la mañana, periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape quedaron literalmente afuera de la Casa Rosada. El sistema de huella digital que habilita el ingreso dejó de reconocerlos. La exclusión fue quirúrgica y, sobre todo, selectiva.
El argumento oficial, tan estridente como endeble, apeló a un supuesto entramado de “espionaje ruso” que habría financiado columnas periodísticas para perjudicar al gobierno de Javier Milei. La versión se apoya en una investigación del sitio británico Open Democracy que, según el propio medio, no logró verificar ni los pagos ni los destinatarios de ese dinero. Aun así, fue suficiente para que la administración libertaria avanzara con una medida de censura directa.
La narrativa no es casual. Invocar a Vladimir Putin como titiritero de una operación global permite construir un enemigo externo, amplificar el dramatismo y justificar decisiones que, en otro contexto, serían difíciles de defender. Pero el problema no es sólo la falta de pruebas: es la inconsistencia.
Porque en la misma lista difundida por Open Democracy aparecían también Infobae y El Cronista. Sin embargo, estos medios conservaron sus acreditaciones. La pregunta es inevitable: si el criterio es la supuesta participación en una campaña financiada desde Rusia, ¿por qué algunos son castigados y otros no? La respuesta parece menos vinculada a la seguridad nacional que a la incomodidad política.
Los medios expulsados comparten un rasgo: han sido particularmente incisivos con el vocero presidencial Manuel Adorni. En especial, durante la reciente conferencia de prensa en la que el funcionario intentó explicar el crecimiento de su patrimonio, un episodio que dejó más dudas que certezas y que expuso las debilidades del relato oficial. La represalia, entonces, no parece casual sino reactiva.
La maniobra se vuelve aún más evidente cuando se observa el contexto. El gobierno atraviesa semanas de tensión, con un frente judicial abierto y cuestionamientos crecientes por el manejo de créditos hipotecarios multimillonarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios. En ese escenario, desplazar el eje de la discusión hacia una supuesta conspiración internacional no sólo resulta funcional, sino también urgente.
Sin embargo, la coartada se desmorona con facilidad. La propia editora de Open Democracy, Diana Carboni, admitió públicamente que no existen pruebas concluyentes sobre los pagos. La investigación, en sus propios términos, no pudo verificar si el dinero fue efectivamente entregado ni a quién. Es decir: el gobierno tomó una hipótesis no confirmada y la transformó en argumento para restringir el acceso a la información.
El periodista Santiago O’Donnell, una de las caras visibles del informe, lo anticipó sin rodeos: “Yo ya sabía que esto le iba a servir al gobierno”. La frase, lejos de ser una defensa, funciona como una radiografía del momento. La investigación, más que un hallazgo periodístico, terminó siendo una herramienta política.
Las reacciones no tardaron en llegar. Liliana Franco, histórica acreditada de Ámbito en la Casa Rosada, expresó su rechazo con ironía y contundencia: subrayó el carácter “supuesto” de la denuncia y remarcó la ausencia total de vínculos personales con Rusia. Su testimonio no sólo evidencia el impacto individual de la medida, sino también su arbitrariedad.
Lo que está en juego excede a los periodistas afectados. La acreditación en la Casa Rosada no es un privilegio discrecional, sino una herramienta fundamental para el ejercicio del periodismo en un sistema democrático. Retirarla sin pruebas, sin proceso y con criterios selectivos implica un avance preocupante sobre la libertad de prensa.
La decisión del gobierno no sólo busca disciplinar a los medios críticos, sino también enviar un mensaje al resto: la incomodidad tiene costo. En ese sentido, la censura ya no se presenta como un acto explícito, sino como una consecuencia administrativa de una narrativa construida a medida.
El episodio deja al descubierto una lógica más profunda. En lugar de responder a las preguntas, se cuestiona a quienes las formulan. En lugar de transparentar la gestión, se construyen enemigos. Y en lugar de sostener estándares mínimos de evidencia, se utilizan investigaciones inconclusas como excusa para restringir derechos.
La paradoja es evidente: un gobierno que se presenta como defensor de la libertad termina utilizando herramientas de control para acallar voces disidentes. Todo, bajo el paraguas de una amenaza externa que, por ahora, sólo existe en el terreno de las conjeturas.
En tiempos de crisis, las democracias se ponen a prueba. Y en ese examen, la relación con la prensa suele ser un indicador clave. Lo ocurrido en la Casa Rosada no es un episodio aislado ni un exceso circunstancial: es una señal. Una advertencia sobre el rumbo de una gestión que, ante la incomodidad, parece optar por el silencio impuesto antes que por la rendición de cuentas.
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