Causa $LIBRA: el celular que los libertarios quieren borrar y la trama incómoda que rodea a Javier Milei. El intento de anular el peritaje al teléfono de Mauricio Novelli expone una tensión central: cuánto de lo revelado compromete al entorno presidencial y cuánto queda atrapado en una nebulosa judicial donde las pruebas sobran pero las decisiones no llegan.
La investigación por la criptomoneda $LIBRA suma llamados, borradores millonarios y vínculos directos con la Casa Rosada, mientras el oficialismo busca deslegitimar las evidencias y diluir responsabilidades en medio de una narrativa que oscila entre la negación y la sospecha.
La escena es tan elocuente como inquietante: un teléfono celular convertido en pieza clave de una causa judicial que incomoda al poder, un lobista con vínculos aceitados con el corazón del gobierno y una estrategia defensiva que no apunta a explicar los hechos sino a borrar las huellas. En el centro de todo, la causa $LIBRA, un expediente que empezó como una investigación sobre una criptomoneda promocionada desde las más altas esferas del Estado y que hoy desnuda algo más profundo: la posible articulación entre negocios privados, influencia política y dinero que todavía no termina de encontrar su rastro definitivo.
Mauricio Novelli no es un actor secundario en esta historia. Es, según surge de los peritajes, el engranaje que conecta a desarrolladores, operadores financieros y el entorno presidencial. Su celular, analizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, se convirtió en una especie de caja negra de la trama. Y lo que aparece ahí no es menor: decenas de llamadas, mensajes, borradores de contratos, instrucciones cruzadas. Una coreografía de contactos que, lejos de ser casual, parece seguir el ritmo de un proyecto que se cocinó con anticipación.
Los registros son contundentes en un punto clave: la comunicación entre Novelli y el presidente Javier Milei no fue esporádica ni marginal. Hubo intercambios constantes, incluso en momentos críticos, como los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda. No se trata de una charla aislada ni de un saludo protocolar. Es una secuencia que sugiere coordinación, planificación y, al menos, conocimiento compartido de lo que estaba por ocurrir. En paralelo, aparecen también contactos con Karina Milei y con Santiago Caputo, ampliando el círculo de interlocutores dentro del oficialismo.
Pero el dato que más ruido genera no es solo quién hablaba con quién, sino qué se discutía. Entre los archivos del teléfono emergen borradores de acuerdos que mencionan cifras millonarias. Hasta cinco millones de dólares como parte de un esquema vinculado al apoyo público del proyecto. No es una prueba cerrada, es cierto. No es una condena. Pero tampoco es un detalle menor que pueda descartarse como una simple especulación. Es un indicio que obliga a preguntar qué tipo de relación se estaba construyendo entre la política y este emprendimiento financiero.
En ese contexto, la reacción de la defensa de Novelli no sorprende, pero sí resulta reveladora. El pedido de nulidad del peritaje no es un trámite técnico más. Es un intento directo de sacar del tablero la principal fuente de evidencia. La estrategia es conocida: cuestionar la cadena de custodia, denunciar excesos en la extracción de datos, hablar de violación de la privacidad. Todo bajo el paraguas de una doctrina jurídica que, si prospera, podría dejar sin efecto gran parte del material recolectado. Traducido al llano: si el teléfono cae, la historia se desarma.
Y ahí aparece una pregunta incómoda: ¿por qué tanto esfuerzo en invalidar la prueba en lugar de refutar su contenido? Porque, en definitiva, lo que está en juego no es solo la legalidad del procedimiento, sino el impacto político de lo que ese dispositivo revela. Un celular que habla demasiado puede convertirse en un problema mayor que cualquier denuncia.
En medio de esta trama, circulan cifras que alimentan el escándalo. Pagos de 2.000 dólares a Javier Milei, 4.000 a Karina Milei. Montos que, en sí mismos, parecen menores frente a los millones que se mencionan en los borradores de acuerdos. Pero que funcionan como símbolos de algo más grande: la sospecha de un circuito de dinero que habría acompañado la promoción del proyecto. Sin embargo, acá es donde la historia se vuelve más compleja y menos lineal.
Porque, hasta el momento, no hay confirmación judicial firme de que esos pagos específicos hayan ocurrido en los términos en que se difunden. Existen referencias, menciones, registros en conversaciones. Incluso antecedentes de vínculos económicos previos, como actividades vinculadas a cursos o promociones. Pero no hay una prueba concluyente que permita afirmar que esos montos forman parte de la operatoria investigada en la causa $LIBRA. Es un terreno gris, donde la información circula más rápido que las certezas.
Y ese gris es, justamente, el espacio donde el gobierno parece moverse con mayor comodidad. La estrategia oficial combina dos movimientos: minimizar el alcance de la investigación y cuestionar la validez de las pruebas. Desde la Casa Rosada se habla de una causa sobredimensionada, de una operación mediática, de un expediente que no debería haber avanzado. Pero lo cierto es que los datos siguen acumulándose y las preguntas también.
El problema de fondo no es solo jurídico. Es político y, sobre todo, ético. ¿Puede un presidente promover un activo financiero sin que eso genere sospechas cuando aparecen vínculos económicos en paralelo? ¿Dónde termina la libertad de mercado y dónde empieza el uso de la investidura para favorecer intereses privados? ¿Qué pasa cuando el discurso libertario choca con prácticas que parecen sacadas del manual más clásico del lobby?
La causa $LIBRA expone una contradicción que incomoda al relato oficial. Un gobierno que se presenta como enemigo de la “casta” pero que aparece rodeado de operadores, acuerdos confidenciales y movimientos de dinero que todavía no encuentran una explicación clara. No hay condenas, es cierto. No hay imputaciones formales contra el presidente. Pero hay algo que no cierra, una sensación persistente de que detrás de la retórica hay una trama mucho más densa.
Mientras tanto, la justicia avanza a un ritmo que también genera sospechas. Demoras, filtraciones, discusiones técnicas que dilatan definiciones. Un escenario donde el tiempo parece jugar a favor de quienes necesitan que el tema pierda centralidad. Pero el problema es que el expediente sigue ahí, creciendo, sumando capas, acumulando información.
En definitiva, la discusión sobre los 2.000 o 4.000 dólares puede ser apenas la punta de un iceberg mucho más grande. Lo verdaderamente relevante es el entramado que conecta a un lobista con el poder político, a un proyecto financiero con decisiones públicas y a un conjunto de pruebas que ahora alguien quiere sacar de circulación. Porque cuando lo que se intenta anular no es una acusación sino la evidencia misma, la sospecha deja de ser un ruido externo y se convierte en el corazón del problema.
La causa $LIBRA todavía está lejos de resolverse. Pero ya dejó algo claro: en la Argentina de hoy, la frontera entre negocios privados y poder político sigue siendo peligrosamente difusa. Y cuando esa frontera se borra, lo que está en juego no es solo un expediente judicial, sino la credibilidad misma de quienes gobiernan.
Fuentes:
https://chequeado.com/el-explicador/caso-libra-las-claves-del-peritaje-al-celular-de-mauricio-novelli-por-la-causa-que-involucra-a-javier-milei/?utm_source=chatgpt.com
https://www.pagina12.com.ar/2026/03/22/los-contratos-los-llamados-y-los-chats-toda-la-evidencia-que-complica-a-javier-milei-en-el-caso-libra/?utm_source=chatgpt.com
https://www.politicargentina.com/notas/202603/72411-libra-milei-cobraba-usd-2000-por-mes-cuando-era-diputado-y-duplico-el-monto-como-presidente-a-traves-de-karina.html?utm_source=chatgpt.com
