Un fallo judicial expuso un entramado de corrupción estructural en la Agencia Nacional de Discapacidad, con sobreprecios descomunales, coimas, funcionarios enriquecidos y la sombra de un “otro nivel de complicidades” que pone en cuestión el discurso anticasta del gobierno de Javier Milei. Mientras el Gobierno recortaba fondos y demoraba la emergencia en discapacidad, una organización montada dentro y fuera de la ANDIS convirtió derechos esenciales en un negocio millonario. El procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 implicados revela una asociación ilícita que funcionó en paralelo al ajuste y abre interrogantes incómodos sobre responsabilidades políticas más altas.
El fallo del juez Sebastián Casanello no sólo procesó a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y a otras 18 personas. Hizo algo más profundo y perturbador: describió con crudeza cómo un organismo creado para garantizar derechos básicos fue cooptado y transformado en una maquinaria de saqueo. En el centro de la escena aparece una asociación ilícita que, según la resolución, operó de manera organizada y sistemática entre fines de 2023 y octubre de 2025, el mismo período en el que el gobierno de Javier Milei aplicaba un ajuste feroz sobre el área y desoía la emergencia en discapacidad votada por el Congreso.
La definición judicial no deja lugar a eufemismos. La ANDIS, pensada para asegurar tratamientos, medicamentos y prestaciones a personas con discapacidad, adultos mayores pobres o madres con muchos hijos, se convirtió en “una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito” para quienes la dirigían. El contraste es brutal: mientras miles de familias veían interrumpidos tratamientos y prestaciones esenciales, un puñado de funcionarios y empresarios se repartía contratos inflados con sobreprecios que, en algunos casos, rozaron lo obsceno. El propio Casanello consignó cifras que llegan hasta el 1.960,48 por ciento. No es un error de tipeo: casi dos mil por ciento.
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, reconstruyó una estructura con roles definidos. Desde adentro del Estado, exfuncionarios de la gestión libertaria ocupaban lugares estratégicos para direccionar compras y adjudicaciones. Desde afuera, operadores privados y empresarios del sector salud aseguraban que siempre ganaran los mismos. En la cúspide de esa pirámide, el juez ubicó a Spagnuolo, a Daniel Garbellini, a Miguel Ángel Calvete y a Pablo Atchabahian, todos señalados como jefes de la organización. Los delitos imputados no son menores: asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y, en el caso del extitular de la ANDIS, cohecho probado.
El dato político que atraviesa todo el expediente es imposible de ignorar. El período investigado coincide con la decisión del Gobierno de recortar partidas, trabar pagos y relativizar la emergencia en discapacidad. Mientras el discurso oficial hablaba de austeridad y sacrificio, el fallo describe un organismo “cooptado de manera planificada” para desviar fondos públicos. La ecuación es tan simple como escandalosa: ajuste para los más vulnerables, negocios extraordinarios para una minoría bien conectada.
La trama de chats y mensajes incorporados al expediente refuerza esa idea de una red que excedía largamente a un grupo aislado. Casanello advierte que el esquema delictivo “no se agotaría” en los hechos ya probados y que existiría “otro nivel de complicidades”. No lo dice al pasar. Lo fundamenta en la extensión de los negocios, en la magnitud de las cifras y en el desenfado con el que los implicados actuaban, incluso frente a quejas internas o reclamos de empresarios desplazados. La sensación que queda es la de una impunidad asumida, como si alguien más arriba garantizara cobertura.
Los mensajes son elocuentes. En uno de ellos, se habla de “alineamiento” tras una designación clave dentro de la ANDIS. En otro, aparecen alusiones a figuras de peso político, con referencias a contactos que “definen todo”. El juez no utilizó los audios más explosivos como prueba, pero dejó asentado que esos indicios no pueden ser ignorados. La causa, de hecho, pasará a otro juzgado porque Casanello finaliza su subrogancia, y su advertencia funciona como una bomba de tiempo para el gobierno libertario.
El dinero es el hilo conductor de toda la historia. Embargos millonarios, pagos en efectivo, dólares circulando fuera de cualquier circuito formal. El embargo a Spagnuolo supera los 202 mil millones de pesos, el más alto de todos. En el extremo opuesto, el más bajo, de casi 95 mil millones, recayó sobre la pareja de Calvete. Son cifras que hablan por sí solas y que desmienten cualquier intento de minimizar el caso como un desliz administrativo.
La escena más gráfica de ese enriquecimiento ilícito es casi obscena en su banalidad. Mientras la ANDIS recortaba prestaciones, Spagnuolo ampliaba su galería con parrilla, pagaba obras en dólares y en efectivo y recibía dinero de los mismos empresarios que se beneficiaban con las adjudicaciones. El expediente detalla pagos por viajes, deudas saldadas por terceros y una obra valuada en más de 50 millones de pesos, solventada con billetes verdes que, según el juez, no tienen origen lícito. No se trata sólo de corrupción: es una provocación.
El caso de Ornella Calvete, hija del lobista, agrega otra capa de indignación. En su domicilio se encontraron casi 700 mil dólares, millones de pesos y euros en efectivo. Aun así, seguía moviéndose con naturalidad entre oficinas públicas y privadas, ofreciendo productos de la empresa de su padre y garantizando que “no los iban a cagar”. La naturalización del conflicto de intereses es total. Profarma, la firma más beneficiada, concentró junto con otra droguería más del 90 por ciento de las adjudicaciones “especiales” de la ANDIS en menos de un año. Competencia aparente, negocios reales.
El fallo también expone un dato inquietante: el uso irregular de los sistemas oficiales. Personas externas al Estado tenían acceso a plataformas clave desde donde se organizaban las compras, sin publicidad ni controles, al margen de las normas básicas de cualquier licitación. Nada se publicaba en el portal oficial de compras. Todo ocurría en la penumbra, lejos de la transparencia que el gobierno promete en cada discurso.
Que Diego Spagnuolo sea el primer funcionario procesado del gobierno de Javier Milei no es un detalle menor. Marca un quiebre simbólico en el relato anticorrupción y abre un frente político delicado. La Justicia habla de un entramado de corrupción institucional con núcleo en la ANDIS, pero advierte que puede escalar hacia otras áreas del gobierno libertario. Esa posibilidad explica, en parte, el nerviosismo oficial y el silencio selectivo frente a un caso que contradice el mantra de la “casta” ajena.
La causa deja al desnudo una contradicción central del modelo libertario. Mientras se recortan derechos y se demoniza el gasto social, se tolera o se encubre un sistema que convierte ese mismo gasto en una fuente de negocios privados. La corrupción no aparece como una anomalía, sino como una consecuencia lógica de un Estado desmantelado, sin controles efectivos y capturado por intereses que operan con comodidad.
El juez Casanello fue claro al cerrar su resolución: la investigación no debe dejar de lado las zonas grises ni las posibles responsabilidades superiores. Es una advertencia y, al mismo tiempo, un desafío. Porque si algo revela esta causa es que el ajuste no fue sólo una política económica, sino el telón de fondo perfecto para un saqueo silencioso. Y porque, más allá de los nombres propios, lo que está en juego es la credibilidad de un gobierno que prometió terminar con los privilegios y hoy aparece asociado a una de las tramas de corrupción más graves en un área tan sensible como la discapacidad.
La pregunta que queda flotando es incómoda y necesaria: ¿hasta dónde llega ese “otro nivel de complicidades”? La respuesta no está sólo en los tribunales, sino también en la capacidad política de una sociedad para no naturalizar que, una vez más, los más vulnerables paguen el costo de un poder que predica austeridad mientras algunos se construyen quinchos con fondos públicos.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/10/un-entramado-de-coimas-que-empieza-en-spagnuolo-y-escala-hacia-otro-nivel-de-complicidades/
https://www.perfil.com/noticias/canal-e/procesaron-al-ex-titular-de-la-andis-la-justicia-habla-de-asociacion-ilicita-y-complica-a-spagnuolo-y-calvete.phtml
https://www.lapoliticaonline.com/politica/por-las-coimas-en-discapacidad-spagnuolo-se-convirtio-en-el-primer-procesado-del-gobierno/
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