Del concurso frustrado al cierre definitivo, la caída de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima expone un entramado de vaciamiento empresario, desidia judicial tardía y un contexto político-económico que profundizó el derrumbe.
La quiebra de ARSA no es un rayo en cielo sereno. Es el final de un proceso largo, doloroso y previsible que dejó entre 400 y 550 trabajadores sin empleo, dos comunidades golpeadas y una pregunta incómoda sobre el rol del Estado en tiempos de ajuste.
El cierre definitivo de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, conocida como ARSA, no puede leerse como un simple accidente empresarial ni como una fatalidad del mercado. Es, más bien, la crónica de una muerte anunciada, una historia que se fue escribiendo a lo largo de años de incumplimientos, promesas rotas y maniobras que, según denuncian los propios trabajadores, tuvieron un objetivo claro: vaciar, desgastar y finalmente bajar la persiana. La Justicia terminó de poner el sello en noviembre de 2025, pero para entonces el daño social ya estaba hecho.
ARSA producía yogures, flanes y postres que durante años ocuparon un lugar cotidiano en la mesa de millones de argentinos bajo marcas históricas de SanCor como Yogs, Shimy, Vida o Sancorito. Detrás de esa aparente normalidad industrial había dos plantas claves: una en Arenaza, partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y otra en Monte Cristo, Córdoba. En total, entre 400 y 550 trabajadores —las cifras varían según la fuente gremial o empresarial— que dependían de esa producción para vivir y sostener economías locales enteras.
La historia reciente de ARSA comienza formalmente en 2016, cuando SanCor creó la sociedad y vendió el 90% de la operación al Vicentin Family Group por unos 100 millones de dólares. La operación incluyó plantas, marcas y fórmulas. Años después, el gerenciamiento quedó en manos del grupo venezolano Maralac, vinculado a Manuel y Alfredo Fernández, los mismos nombres que hoy aparecen asociados a la crisis de La Suipachense. Desde entonces, la empresa nunca logró estabilidad. Por el contrario, acumuló deudas con proveedores, transportistas y empleados, mientras los salarios comenzaron a pagarse con atraso, en cuotas o directamente dejaron de pagarse.
El concurso preventivo abierto en abril de 2024 fue presentado como una tabla de salvación. La empresa aseguraba que necesitaba tiempo para reordenarse, que la caída del consumo interno complicaba la recuperación y que solo produciendo podría cumplir con los trabajadores. Sin embargo, lo que siguió fue una espiral descendente. Suspensiones masivas, cortes de energía por falta de pago, falta de insumos y, finalmente, la paralización total de las plantas en mayo de 2025. Aquella promesa de “cerrar por un mes” para reordenar la producción se convirtió, en los hechos, en el principio del final.
La Justicia Comercial terminó de confirmar lo que ya era un secreto a voces. En el expediente del concurso preventivo, el juez Federico Güerri, subrogante del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 29, declaró la quiebra al constatar que no se presentó ningún interesado en el proceso de salvataje previsto por la Ley de Concursos y Quiebras. Nadie quiso, pudo o se animó a hacerse cargo de una empresa exhausta. El fallo ordenó la liquidación total de los activos, la inhibición general de bienes, el bloqueo de cuentas bancarias, la clausura inmediata de las plantas y hasta la interdicción de salida del país para su principal administrador, Santiago Jesús Segovia Brun.
Las medidas judiciales fueron rápidas y contundentes en el papel, pero llegaron tarde para quienes llevaban meses —y en algunos casos años— sobreviviendo sin cobrar. La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina fue clara y directa: la quiebra de ARSA deja a cientos de trabajadores “en la calle”. En Arenaza, una localidad de apenas 2.500 habitantes, el cierre significó perder el principal motor económico del pueblo. No es una metáfora: cuando una planta así se apaga, se apagan también comercios, servicios y proyectos de vida.
Los testimonios de los trabajadores pintan un cuadro que va más allá de los números fríos del expediente judicial. Sueldos impagos desde junio de 2024 para unos 250 empleados, deudas de aportes patronales y de obra social, angustia cotidiana y la sensación amarga de haber sido engañados. Algunos llevaban más de 30 o 40 años en la empresa; otros estaban a punto de jubilarse. Para muchos, ARSA no era solo un trabajo: era una biografía entera.
Desde el gremio señalan responsables concretos. Apuntan a Vicentin y al grupo venezolano como gerenciadores que “hicieron todo lo necesario para fundir la empresa”. Hablan de maniobras de vaciamiento desde 2022 y de un deterioro acelerado tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023. Aquí el contexto importa. La llegada del gobierno de Javier Milei, con su política de ajuste brutal, desregulación y retiro del Estado, no creó la crisis de ARSA, pero sí la profundizó. En un escenario donde el consumo interno se desploma y el Estado decide mirar para otro lado, las empresas en problemas quedan libradas a su suerte y los trabajadores, directamente, abandonados.
Lo paradójico es que, según el propio gremio, el sector lácteo no atraviesa un mal momento productivo. Hay producción, hay exportaciones y hay empresas que funcionan. La diferencia, dicen, está en la gestión. “Los empresarios lácteos que administran bien, les va bien; a los que no, quiebran”. La frase suena simple, casi obvia, pero encierra una crítica profunda a un modelo que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias, y que bajo el actual clima político encuentra terreno fértil para avanzar sin controles.
El expediente judicial de ARSA revela un pasivo reconocido de casi 50 mil millones de pesos y garantías por otros 67 mil millones vinculadas a la compra de activos de SanCor. Más de 540 cheques rechazados, una operatoria financiera bloqueada y una empresa completamente paralizada. Aun así, el calendario judicial sigue su curso: los acreedores tienen plazo hasta febrero de 2026 para verificar créditos, mientras la sindicatura avanza en la enajenación de los bienes. Para los trabajadores, ese cronograma suena lejano, casi abstracto, frente a la urgencia del plato de comida hoy.
El caso ARSA no es un hecho aislado. El propio gremio advierte que La Suipachense, otra láctea bajo el control del mismo grupo venezolano, podría correr la misma suerte. Más cheques rechazados, salarios atrasados, producción nula. Un patrón que se repite y que interpela directamente a un Estado nacional que, bajo el discurso de la “libertad de mercado”, se desentiende de su obligación básica: proteger el trabajo y el entramado productivo.
Reconocer la complejidad del tema no implica neutralidad. La quiebra de ARSA es el resultado de decisiones empresarias concretas, de controles estatales ausentes o ineficaces y de un contexto político que legitima el sálvese quien pueda. No se trata solo de una empresa que cerró, sino de un síntoma de época. En tiempos de Milei, el ajuste no es una consigna abstracta: tiene nombres, apellidos y pueblos enteros que pagan la cuenta.
La historia de ARSA deja una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿cuántas empresas más deberán caer y cuántos trabajadores más deberán quedar en la calle antes de que se discuta en serio qué modelo productivo quiere la Argentina? Mientras tanto, en Arenaza y Monte Cristo, las máquinas están apagadas y el silencio pesa más que cualquier discurso de mercado.
Fuente:
https://www.cronista.com/informacion-gral/tras-una-larga-crisis-cerro-una-historica-fabrica-de-yogures-y-flanes-400-empleados-fueron-despedidos/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/cayo-un-gigante-lacteo-quebro-una-empresa-que-hacia-famosos-postres-y-yogures-y-era-controlada-por-nid07112025/
https://argentina.indymedia.org/2025/11/07/quebro-arsa-la-productora-de-postres-y-yogures-de-sancor-550-trabajadores-en-la-calle/
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