El gobernador bonaerense criticó con dureza la decisión del presidente Javier Milei de excluirlo de la reunión de gobernadores en Casa Rosada, mientras organismos de derechos humanos expresaron su apoyo a Kicillof y alertaron sobre el “ataque constante” del gobierno nacional al pueblo bonaerense.
En un nuevo capítulo de confrontación entre Nación y Provincia, Axel Kicillof denunció el autoritarismo selectivo del presidente Javier Milei, quien lo dejó fuera de una cumbre clave con mandatarios provinciales. El mandatario bonaerense advirtió que la Casa Rosada ignora al distrito que aporta el 40 % de la recaudación nacional y acumula deudas por más de 12 billones de pesos. Mientras tanto, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, encabezada por Taty Almeida, expresó su respaldo a Kicillof y denunció el deterioro de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia bajo el gobierno libertario.
Axel Kicillof volvió a ocupar el centro del escenario político tras ser deliberadamente excluido de la reunión que Javier Milei mantuvo en la Casa Rosada con una veintena de gobernadores. El gesto, lejos de ser un descuido, fue interpretado como una señal de aislamiento político hacia los mandatarios que no se alinean con el oficialismo libertario. Y el gobernador bonaerense no se quedó callado: “Eso habla de las limitaciones que tiene el Presidente”, sentenció en una entrevista radial que tuvo el tono de una advertencia política, pero también de una defensa institucional.
El jefe de Estado había convocado a un encuentro destinado a buscar acuerdos para avanzar con reformas estructurales. Sin embargo, decidió dejar afuera a los gobernadores más críticos, entre ellos a Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). La exclusión, que revela un sesgo ideológico en la búsqueda de consensos, terminó de dinamitar la idea de un diálogo federal. “Mi intención es intercambiar seriamente, respetuosamente. A mí no me pueden achacar ni insultos ni maltrato, y no lo he hecho a pesar de que él lo tiene por deporte. Yo soy número fijo para el insulto”, ironizó Kicillof, poniendo el dedo en la llaga del estilo confrontativo que Milei ha trasladado a la gestión presidencial.
El gobernador bonaerense subrayó que la decisión presidencial no solo es un agravio político sino también un error económico. Buenos Aires, recordó, representa el 40 % de la recaudación nacional y concentra el principal polo industrial y productivo del país. Ignorarla en una mesa de discusión fiscal y laboral equivale a amputar la mitad del cuerpo económico de la Argentina. “La Nación nos debe más de 12 billones de pesos en seguridad, incentivo docente, transporte y obras públicas paralizadas”, enumeró, dando una dimensión concreta al ahogo financiero que sufre el distrito.
Lejos de ser una queja aislada, las palabras de Kicillof se inscriben en una creciente tensión entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales. Milei busca centralizar el poder político y económico bajo el pretexto de un ajuste fiscal inédito, mientras los gobernadores reclaman los fondos que les corresponden por ley. En el caso bonaerense, esa tensión se multiplica por el peso electoral y simbólico de una provincia que, además de ser motor económico, es también el corazón político del peronismo.
En su crítica, Kicillof fue más allá de la coyuntura local y vinculó la estrategia del gobierno nacional con la injerencia extranjera. “El Gobierno está construyendo la foto que le pidió Donald Trump”, advirtió, sugiriendo que la política exterior libertaria no responde a una visión soberana, sino a un mandato ideológico importado. Según el gobernador, fue el expresidente norteamericano quien “salvó” a Milei cuando “estaba en la cornisa”, en alusión al respaldo político y económico que el libertario habría recibido de sectores vinculados al trumpismo.
Mientras tanto, en La Plata, la lectura de los resultados electorales del domingo pasado —en los que La Libertad Avanza logró imponerse sobre Fuerza Patria— desató una autocrítica dentro del peronismo bonaerense. Kicillof pidió “dejar de hablarnos a nosotros mismos” y convocó a reconstruir un movimiento político más amplio, con vocación de mayoría y diálogo social. “Hay que abrir, ampliar, hablarle a más gente. Puede haber diferencias, chisporroteos, pero hay que construir sin tapar las diferencias para que el Partido Justicialista vuelva a ser un movimiento”, expresó, marcando una línea política que busca combinar resistencia y renovación.
Desde los despachos de la Gobernación, la evaluación del resultado electoral difiere de la lectura pesimista de algunos sectores del kirchnerismo. Sostienen que Fuerza Patria mantuvo prácticamente el mismo caudal de votos que en septiembre, mientras que Milei creció por la caída de las terceras fuerzas. Según ese análisis, los libertarios habrían sumado unos 900 mil votos provenientes de partidos menores y de un electorado que votó con el “síndrome de la licuadora”, es decir, el miedo a un colapso económico mayor, un reflejo que remite a los años 90 y al menemismo.
En paralelo, dirigentes cercanos al gobernador admiten que la estrategia de campaña nacional “no fue atractiva ni convocante”, y que la consigna “anti Milei” quedó vacía frente a un discurso libertario que logró capitalizar el descontento social. En septiembre, dicen, había más contenido y propuestas; en octubre, solo resistencia. Esa autocrítica muestra que Kicillof intenta reposicionarse como figura de conducción, pero también como portavoz de un peronismo que busca sobrevivir al ajuste y al desmantelamiento del Estado.
En ese clima de hostigamiento político y financiero, el respaldo de los organismos de derechos humanos al gobernador bonaerense adquirió un peso simbólico notable. Una delegación de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, encabezada por Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se reunió con Kicillof para expresarle apoyo y solidaridad “ante el constante ataque del presidente Javier Milei al pueblo y gobierno de la provincia de Buenos Aires”. La presencia de Almeida y de otros referentes históricos de la lucha por la memoria no solo otorgó legitimidad moral al reclamo del gobernador, sino que también marcó un límite ético frente al avance de discursos negacionistas.
Durante el encuentro, además de manifestar preocupación por la ofensiva del gobierno nacional, los organismos analizaron el retroceso que Milei impulsa en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pilares fundamentales del consenso democrático argentino. La reunión también abordó la “inédita e inaceptable injerencia” del expresidente Donald Trump y de funcionarios estadounidenses en las recientes elecciones, un señalamiento que pone en evidencia la dependencia geopolítica que atraviesa el actual gobierno argentino.
El comunicado de la Mesa fue contundente: denunciaron el desmantelamiento de políticas públicas, el clima de intolerancia social y la legitimación de discursos que reivindican la dictadura cívico-militar. “Fue un encuentro emotivo y esperanzador”, señalaron, reafirmando la consigna histórica: “30 000 compañerxs detenidxs desaparecidos, presentes. ¡Ahora y siempre!”. El mensaje resonó como una advertencia ante un contexto en el que la memoria se intenta borrar y la violencia simbólica vuelve a ocupar el espacio público.
El apoyo de los organismos no fue solo un gesto institucional. Fue un mensaje político en defensa del Estado de Derecho y de la democracia, en un momento en que la Casa Rosada busca concentrar poder y reescribir los consensos básicos de la posdictadura. Mientras Milei promueve la privatización del Estado y la ruptura del tejido federal, los organismos de derechos humanos reafirman la necesidad de resistir la desmemoria y acompañar a quienes, como Kicillof, aún sostienen una agenda de derechos, inclusión y soberanía.
En suma, la exclusión de Kicillof no fue un acto administrativo sino un símbolo de la política de fragmentación que impulsa el gobierno libertario. La negativa de Milei a convocar al principal gobernador del país revela no solo su intolerancia hacia el disenso, sino también su incapacidad para gobernar desde la pluralidad. Buenos Aires, con su peso histórico, económico y social, no puede ser borrada de la foto federal sin que ello tenga consecuencias. Lo que está en juego, más allá de una reunión, es el equilibrio entre el poder central y las provincias, entre el autoritarismo de mercado y la democracia social.
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