El mensaje oficial difundido por Casa Rosada para el Día Internacional de la Mujer apuntó contra el “feminismo kirchnerista” y cuestionó las políticas de género impulsadas en gobiernos anteriores, mientras miles de personas se movilizan y el debate público se vuelve cada vez más áspero.
El 8 de marzo volvió a instalar una escena conocida pero cada vez más tensa en la Argentina: movilizaciones feministas masivas, una Casa Rosada decidida a confrontar con el movimiento y un clima de polarización que convierte una jornada histórica de reivindicación social en un campo de batalla político e ideológico.
Cada 8 de marzo, el calendario mundial recuerda el Día Internacional de la Mujer. Pero en la Argentina de 2026 la fecha dejó de ser simplemente una jornada de memoria, protesta y reivindicación para convertirse también en un escenario de confrontación política de alto voltaje. Este año, el 8M estalló en las redes sociales y en la calle al mismo tiempo, empujado por un cóctel explosivo: marchas feministas masivas, un mensaje oficial del gobierno nacional cargado de críticas y un debate público que parece incapaz de bajar un cambio.
El disparador fue el mensaje difundido por la Casa Rosada, acompañado por piezas audiovisuales y publicaciones en redes sociales, donde el gobierno de Javier Milei decidió ir a fondo contra lo que denomina “feminismo kirchnerista” o “feminismo institucional”. No hubo eufemismos. El tono fue directo, filoso y deliberadamente provocador.
Según el discurso oficial, durante años una causa legítima como la lucha por los derechos de las mujeres habría sido “distorsionada” para sostener estructuras políticas, burocráticas y militantes. El mensaje plantea que lo que empezó como una reivindicación social terminó derivando —siempre según la narrativa libertaria— en un entramado estatal costoso destinado a impulsar agendas ideológicas y consolidar espacios de poder.
La crítica apunta especialmente a las políticas de género impulsadas en los gobiernos anteriores y, en particular, a la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019, durante la gestión de Alberto Fernández. Para el oficialismo, ese organismo fue presentado como un avance histórico pero terminó convirtiéndose, según sostienen, en una estructura burocrática que consumía recursos públicos sin resolver los problemas que decía combatir.
En el video difundido por el gobierno, la acusación se expresa sin rodeos. Se sugiere que el ministerio se transformó en una “estafa millonaria”, un espacio utilizado para financiar militancia política, impulsar consignas ideológicas y multiplicar estructuras estatales que —de acuerdo con la lectura libertaria— no produjeron resultados concretos.
El mensaje no se limita a cuestionar la eficacia de las políticas de género. Va más allá y plantea una crítica conceptual al feminismo asociado al kirchnerismo, al que acusa de haber utilizado el Estado para imponer lo que denomina “ideología de género” o “agenda woke”. En esa narrativa, el feminismo institucional aparece como parte de un sistema político que, según el oficialismo, habría alimentado la polarización social y consolidado redes de poder dentro del aparato estatal.
Desde la mirada libertaria, el camino para mejorar la vida de las mujeres no pasa por estructuras específicas ni por políticas diferenciadas, sino por una lógica liberal clásica: igualdad ante la ley, libertad económica y mérito individual. En otras palabras, el gobierno insiste en que el progreso femenino no depende de ministerios ni de programas estatales, sino de un país con estabilidad económica, inflación controlada y oportunidades para todos.
El argumento no es casual ni improvisado. Forma parte de una estrategia política que Javier Milei viene desplegando desde el inicio de su gestión. La crítica a lo que llama “ideología de género” se inscribe en una narrativa más amplia que cuestiona el gasto público, denuncia supuestos privilegios burocráticos y propone redefinir el rol del Estado en múltiples áreas.
Dentro de ese marco, el gobierno intenta vincular la seguridad y la estabilidad económica con el bienestar de las mujeres. En el mensaje oficial se sugiere que políticas generales —como el endurecimiento de la seguridad o el control de la inflación— impactarían positivamente en la vida de las argentinas, ya que la violencia y la crisis económica afectan especialmente a los sectores más vulnerables.
Pero esa mirada dista mucho de ser consensuada. De hecho, es precisamente esa postura la que ha encendido una reacción inmediata en amplios sectores del movimiento feminista y de la oposición política.
Mientras la Casa Rosada difundía su mensaje, organizaciones feministas y sociales convocaban movilizaciones en todo el país. Las marchas del 8M, que en la Argentina suelen reunir a decenas de miles de personas, volvieron a llenar calles y plazas con consignas que combinan reclamos históricos y críticas al presente.
Entre las demandas que se repiten año tras año aparecen la lucha contra la violencia de género, la desigualdad salarial, la precarización laboral y los femicidios. Sin embargo, en esta coyuntura las movilizaciones también incorporan un fuerte componente político: el rechazo a las políticas de ajuste y a los recortes en programas sociales que, según diversos colectivos, impactan con mayor fuerza sobre mujeres y diversidades.
Para los sectores feministas, el problema no es la existencia de un ministerio o de políticas específicas, sino la persistencia de desigualdades estructurales que siguen atravesando la vida cotidiana de millones de mujeres. Desde esa perspectiva, el discurso del gobierno no solo minimiza esos problemas, sino que intenta deslegitimar décadas de luchas sociales.
La tensión crece aún más cuando el debate se traslada a las redes sociales. Allí el enfrentamiento se vuelve más áspero, más visceral y muchas veces más simplificado. De un lado, simpatizantes del gobierno celebran lo que consideran una crítica necesaria al “feminismo estatal”. Del otro, activistas y sectores opositores denuncian una ofensiva ideológica contra derechos conquistados.
Uno de los puntos que más polémica generó fue la decisión del gobierno de recordar casos de abuso o comportamientos cuestionados en gestiones anteriores. En el debate público aparecen referencias al gobierno de Alberto Fernández, quien impulsó políticas de género y se definió públicamente como feminista, pero enfrenta denuncias de violencia de género de su expareja Fabiola Yáñez.
Para el oficialismo, esos episodios revelan una supuesta contradicción entre el discurso y la práctica de quienes promovieron el feminismo institucional. El argumento busca golpear en el corazón de la legitimidad política del movimiento asociado al kirchnerismo.
Sin embargo, la utilización de esos casos también despierta críticas. Muchos consideran que traerlos a la discusión del 8M constituye una forma de instrumentalizar una fecha histórica para disputar poder político.
La paradoja es evidente. Una jornada que nació como símbolo de lucha obrera y reivindicación social se ha convertido en un escenario donde chocan visiones antagónicas sobre el Estado, la política y los derechos.
Porque más allá de la batalla discursiva del presente, el origen del 8 de marzo está ligado a demandas que atraviesan más de un siglo de historia: igualdad salarial, acceso al trabajo, participación política y protección frente a la violencia machista.
En la Argentina, esas luchas se tradujeron en conquistas concretas, como la ley de cupo femenino en la política aprobada en 1991, una de las primeras de América Latina. Ese tipo de avances forman parte del trasfondo histórico que sigue alimentando las movilizaciones actuales.
El problema es que hoy ese legado convive con una polarización política cada vez más intensa. El 8M ya no es solo una jornada de reivindicación. Es también un espejo donde se reflejan las tensiones más profundas de la sociedad argentina.
Y en ese espejo, el gobierno de Milei decidió plantarse con una narrativa frontal que desafía abiertamente al feminismo organizado. El resultado es un debate ardiente, cargado de acusaciones cruzadas y atravesado por una pregunta incómoda: hasta qué punto una causa histórica puede sobrevivir al fuego cruzado de la política.
En la Argentina contemporánea, la respuesta parece estar todavía en disputa.
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