Hoteles, viviendas, empleos y vuelos chárter forman parte de un plan que promete transformar la economía de la colonia británica en las Malvinas. Todo bajo licencia ilegal británica y con la inacción del gobierno de Javier Milei, que prefiere mirar hacia otro lado frente al avance petrolero en aguas argentinas.
En las frías aguas de las Islas Malvinas, un proyecto petrolero avanza sin freno y con la certeza de que la inacción argentina es el mejor salvoconducto para su expansión. La compañía israelí Navitas, operando bajo licencia británica en el yacimiento Sea Lion, ha revelado proyecciones que exponen no solo el volumen colosal de negocios en juego, sino también el beneficio directo que recibirá la administración colonial impuesta por el Reino Unido. Según cifras difundidas por el medio probritánico Mercopress, en el pico de producción previsto para 2032, la colonia obtendría unos 290 millones de libras al año —equivalentes a cerca de 390 millones de dólares—. En total, y a lo largo de la vida útil del proyecto, las arcas del gobierno local recibirían alrededor de 3.000 millones de libras, es decir, más de 4.030 millones de dólares, en concepto de impuestos y regalías. Un flujo constante de dinero que no reconoce fronteras ni soberanía argentina, sino que se canaliza hacia una estructura política impuesta por la fuerza.
Lo que Navitas plantea no es únicamente la extracción de hidrocarburos. Es un paquete completo de desarrollo colonial en el corazón de un territorio en disputa. El proyecto incluye la construcción de un hotel de 150 camas, cuarenta viviendas para personal y, de cara a 2033, un refuerzo habitacional con entre 62 y 84 nuevas unidades. No se trata de detalles decorativos: cada ladrillo y cada cama forman parte de una estrategia de consolidación británica en las islas, diseñada para que el asentamiento sea autosuficiente y atractivo para nuevos trabajadores y sus familias.
En la etapa de desarrollo, Navitas prevé la creación de 250 empleos, una cifra significativa para la pequeña población de la colonia. Una vez en fase de producción, el número se estabilizará entre 170 y 180 empleos directos, lo suficiente para garantizar que el proyecto se perciba como un motor económico indispensable para los isleños. La ecuación es clara: ingresos multimillonarios, infraestructura de primer nivel y un mercado laboral que fortalece la dependencia local del enclave colonial británico.
La logística del proyecto tampoco se deja al azar. La compañía israelí ha anunciado que movilizará a todo su personal mediante vuelos chárter, evitando así interferir con los vuelos comerciales existentes hacia las islas. La medida, presentada como un gesto de eficiencia, es en realidad un punto de fricción latente: para que estos vuelos puedan operar, se necesitaría la autorización de Argentina. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei ha optado por el mutismo, dejando la puerta entreabierta a que este mecanismo de transporte se implemente sin mayor resistencia diplomática. El silencio oficial no solo sorprende, sino que resulta alarmante. Ante un emprendimiento que, en cualquier otro contexto, sería denunciado como una flagrante violación a la soberanía, la Casa Rosada prefiere evadir el tema.
No es una cuestión menor. Las cifras que maneja Navitas evidencian un negocio de magnitudes históricas para la colonia británica, que se verá fortalecida no solo económicamente sino también en su capacidad de proyectarse a futuro. Y, mientras tanto, Argentina parece resignada a observar desde la barrera cómo se consolida un modelo de explotación colonial en su propio territorio. La pasividad oficial, lejos de ser una estrategia de prudencia diplomática, se percibe como una renuncia tácita a defender los derechos soberanos sobre las islas y sus recursos naturales.
No estamos ante un caso aislado. Este tipo de emprendimientos no emergen de la noche a la mañana; son el resultado de años de planificación y de la ausencia de una política de Estado que enfrente, con firmeza, la ocupación británica. El gobierno de Javier Milei, obsesionado con sus reformas internas y con un ajuste económico que arrasa derechos en el continente, parece no tener tiempo —o voluntad— para encarar la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Mientras se recorta el presupuesto para áreas estratégicas y se desmantelan capacidades estatales, empresas extranjeras, amparadas por la administración colonial, avanzan sin obstáculos sobre recursos que pertenecen a todos los argentinos.
El caso de Navitas es un recordatorio brutal de lo que significa la pérdida de soberanía. No se trata solo de un mapa o de un reclamo en foros internacionales, sino de recursos concretos, de miles de millones de dólares que se extraen y se redistribuyen fuera del alcance del Estado argentino. Cada barril de petróleo que salga del yacimiento Sea Lion bajo licencia británica es un triunfo más para la estrategia colonial y una derrota más para la capacidad argentina de decidir sobre su propio territorio.
El problema, en definitiva, no es solo la avidez de Navitas ni el calculado pragmatismo de la administración británica, sino la inacción de un gobierno argentino que se rehúsa a confrontar el avance colonial. La política del “no hacer olas” termina siendo funcional a quienes, desde miles de kilómetros, deciden el destino de nuestras riquezas. Y lo más grave es que, si este patrón se mantiene, el saqueo legalizado en las Malvinas podría convertirse en un precedente para otros territorios y recursos estratégicos.
El proyecto Sea Lion avanza con cifras millonarias, promesas de desarrollo local y la complicidad de un silencio que, en la práctica, equivale a un visto bueno. Lo que está en juego no es solo petróleo: es el control sobre un pedazo del territorio nacional, el derecho a decidir qué hacer con él y la dignidad de un país que, si no reacciona, quedará reducido a un espectador más en su propia historia.
Fuente: https://www.bocadepozo.com/malvinas-navitas-revela-ganancias-superiores-a-us-4000-millones-para-la-colonia-britanica-y-pretende-intensificar-la-actividad-petrolera
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