La desinstitucionalización interna acelera el declive externo
Estados Unidos está experimentando algo más profundo que una mera alternancia política; está viviendo una revolución sistémica desde adentro, una metamorfosis que está redefiniendo los límites mismos de su poder. El trumpismo, ese fenómeno que muchos quisieron ver como una anomalía pasajera, ha marcado el inicio de una nueva era en la instrumentalización de la coerción, transformando la maquinaria estatal en un arma personal y reconfigurando el orden global desde un lugar de fragmentación deliberada.
El experimento del presidente Donald Trump de desmantelar metódicamente los controles a su poder, intervenir en los engranajes del gobierno y usarlos como instrumento de reparación y ventaja política no es un acto de naturalidad. Es un proyecto consciente, una metodología del poder que ha evolucionado de la transgresión táctil a la transformación estructural.
Lo que comenzó como una ruptura táctica de normas no escritas –los llamados guardrails de la democracia estadounidense– se ha convertido en una reorganización fundamental del sistema político. Muchas de las barreras institucionales que, de manera titubeante, se mantuvieron en pie durante su primer mandato, ahora se están desmoronando bajo la presión constante y la erosión normativa. El resultado es una incertidumbre radical, ya no podemos predecir con certeza qué tipo de sistema político, con qué salvaguardas y con qué concepción de la legalidad, dominará Estados Unidos cuando este experimento de alto riesgo llegue a su fin. La línea entre la democracia liberal y una autocracia electoralista se ha vuelto peligrosamente borrosa.
En la narrativa propia de Trump, él es el protagonista de una épica de resistencia y restauración. Según su relato, superó unas elecciones arregladas, dos juicios políticos orquestados por sus rivales, docenas de condenas injustas y dos intentos de asesinato –uno de ellos que estuvo a punto de segar su vida–, para protagonizar lo que él considera la mayor recuperación política de la historia estadounidense. Esta visión, que a los ojos externos puede parecer paranoica, es esencial para entender su mentalidad de asedio.
Para Trump y su núcleo duro, la principal amenaza no es externa –ni China, ni Rusia, ni el terrorismo–, sino interna: el llamado establishment o Deep State, esa amalgama de burócratas, jueces, medios de comunicación y rivales políticos que considera una clase dirigente profundamente corrupta. Su proyecto, por tanto, no se ve a sí mismo como un ataque a la democracia, sino como su necesaria purificación, una restauración de la soberanía popular usurpada por élites desconectadas.
Este mensaje resonó profundamente, más de 77 millones de estadounidenses votaron por Trump en 2024. Es crucial comprender que muchos de ellos no lo eligieron por ser un campeón de los valores democráticos tradicionales –separación de poderes, prensa libre, estado de derecho–, sino precisamente porque creían que ese sistema tradicional ya estaba irremediablemente roto, podrido y sesgado en su contra. Votaron por el martillo que prometía destrozar el cristal, no por el vidriero que lo repararía. Esta fractura en la comprensión misma de lo que constituye la democracia es el terreno abonado para la desinstitucionalización.
Los principales centros de pensamiento global, desde el Council on Foreign Relations (CFR) y Brookings Institution hasta el American Enterprise Institute (AEI) y la propia inteligencia comercial del Eurasia Group, coinciden en un diagnóstico sombrío: Estados Unidos está experimentando un retroceso acelerado en su liderazgo global desde 2025, impulsado por la doctrina «America First». Este no es un declive pasivo, sino activo y autoinfligido. Se manifiesta en un retiro estratégico de instituciones multilaterales, una erosión calculada de alianzas históricas (como la OTAN, renegociada constantemente bajo la amenaza del abandono) y una contribución directa a la reorganización del orden internacional hacia un «desorden» multipolar y fragmentado.
El Eurasia Group ha identificado la «revolución política» de Trump como el principal riesgo geopolítico para 2026, subrayando precisamente el vínculo causal entre la desinstitucionalización interna y la aceleración del declive externo. La conclusión unánime es que, mientras Estados Unidos mantiene una fortaleza militar, está perdiendo a pasos agigantados la hegemonía económica, diplomática y moral que sustentó su poder en el siglo XX. Su peso en la economía global se ha reducido hasta representar menos del 10% de las exportaciones mundiales, una cifra que ilustra su menguante centralidad.
Las políticas diseñadas para contrarrestar este declive, paradójicamente, lo han exacerbado. La respuesta trumpista ha sido doblar la apuesta por la unilateralidad: aranceles punitivos elevados (con una tasa promedio que ha escalado al 18% en 2025, nivel no visto desde la Gran Depresión), la retirada o amenaza de retirada de 66 organizaciones y acuerdos internacionales, y una revisión transaccional de alianzas que las trata como contratos de servicios, no como pilares de seguridad colectiva. Analistas del CFR y Brookings ven en esta estrategia una erosión autoinfligida de los pilares del poder blando estadounidense: el atractivo del dólar como moneda de reserva se debilita, el risk-taking global (la disposición a asumir riesgos bajo el paraguas de seguridad estadounidense) se reduce, y aliados históricos, desde Europa hasta el Golfo Pérsico, buscan activamente alternativas en foros como los BRICS+, diversifican sus reservas y fortalecen la cooperación Sur-Sur.
Algunos modelos predicen que este camino conduce a un declive más rápido del dólar y a una recesión global inducida por la fragmentación. Geopolíticamente, la administración Trump intenta una transformación militar y económica para contrarrestar a China, pero lo hace desde una posición de fuerza relativa menguante, cargando con el lastre de una deuda pública que supera el 125% del PIB y burbujas financieras infladas por años de política monetaria laxa y ahora por una fiscalidad para poderosos.
En este nuevo mundo moldeado por el transaccionalismo puro, donde las corporaciones trasnacionales y los intereses financieros inmediatos dictan la agenda, la paz se ha convertido en un activo anómalo, de baja rentabilidad en el corto plazo. En cambio, la impunidad del intervencionismo militar selectivo está en alza, así como la privatización de los beneficios económicos de lo que solo puede llamarse una «diplomacia clientelista».
El año 2026 amaneció con el futuro de Ucrania sobre una mesa de negociaciones, pero no en Ginebra o Viena, sino en salones privados. La paz que Trump persigue se construye a través de los negocios. No se trata de resolver agravios históricos o de construir una seguridad duradera; es la aplicación de una mentalidad empresarial para incentivar un alto el fuego que genere dividendos inmediatos, contratos de reconstrucción, acceso a recursos, ventajas estratégicas para empresas estadounidenses. Su retórica de «pacificador en jefe» puede no haberle asegurado aún el Premio Nobel de la Paz, pero ha demostrado ser notablemente eficiente para llenar los bolsillos de su círculo íntimo y redirigir flujos geoeconómicos. Las cartas están sobre la mesa: Trump ha inaugurado una era donde la coerción económica y tecnológica –desde el embargo hasta el control de plataformas– es el arma primaria, y donde la incertidumbre comercial y política no son un error de cálculo, sino la nueva normalidad deseable para quien juega a ser el caos mismo.
El impacto de este nuevo desorden económico estadounidense ya es palpable. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que el porcentaje del comercio global que se rige por sus normas –el andamiaje que Estados Unidos ayudó a construir– se ha reducido al 74%. Peor aún, proyecta que el volumen del comercio mundial crecerá un raquítico 0.5% en 2026, un estancamiento inducido por las guerras comerciales y la desconfianza sistémica. La paradoja es cruel y educativa: mientras Estados Unidos cierra sus puertas con aranceles y «compre estadounidense», China terminó 2025 con un superávit comercial récord, impulsado por la exportación masiva de vehículos eléctricos y tecnología de energía limpia.
El resto del mundo, especialmente el Sur Global, ávido de desarrollo e infraestructura, se ha convertido en el principal receptor de estas exportaciones chinas, a pesar de algunas restricciones occidentales. El crecimiento económico mundial mostró una resiliencia notable en 2025, un testimonio de la inercia de la globalización, pero las proyecciones apuntan a un estancamiento profundo. El miedo y el pesimismo, sembrados desde Washington, están moldeando las agendas económicas globales, y 2026 pondrá a prueba la resistencia de las sociedades bajo el peso combinado de esta incertidumbre y la erosión acelerada del bienestar.
Internamente, la implementación del «America First» ha sido un ejercicio de choque permanente, un péndulo de anuncios abruptos, órdenes ejecutivas, reversiones judiciales y ajustes reactivos que han generado una incertidumbre tóxica para la inversión y el consumo. La inflación, inicialmente importada y luego alimentada por los aranceles mismos, ha demostrado una persistencia tenaz, y las desigualdades se han exacerbado hasta niveles grotescos. Las políticas clave de este segundo mandato –aranceles elevados, deportaciones masivas, extensión de los recortes fiscales de 2017 para los más ricos, y una desregulación frenética– han creado un «sistema pendular» donde las promesas iniciales de prosperidad general se diluyen en realidades de costos ocultos.
La imposición de aranceles, utilizando leyes de emergencia de la Guerra Fría como la IEEPA, ha elevado la tasa efectiva promedio a niveles de los años 30, sin lograr el objetivo declarado de modificar estructuralmente el déficit comercial. El resultado ha sido una economía en forma de «K»: una recuperación brutalmente desigual donde los hogares de altos ingresos, dueños de activos financieros e inmobiliarios, ven su riqueza dispararse, mientras la mayoría de la población lidia con el costo de vida en alza y un desempleo que, aunque moderado en las cifras agregadas (4.6% en 2025), esconde bolsas de desesperación regional y sectorial.
La evasión fiscal de las élites, facilitada por recortes y una administración tributaria debilitada, reduce los ingresos públicos, forzando recortes en servicios sociales y aumentando una deuda pública que ya roza el 125% del PIB. Se proyecta que el déficit federal alcance el 6.8% del PIB en 2026, un nivel propio de una guerra mundial, pero en tiempos de paz nominal. La visión que emerge es la de una economía diseñada para un monopolio de la prosperidad: blancos, ricos y conectados.
La ingeniería social y la conflictividad interna son partes integrales de este proyecto. Las políticas migratorias no son un simple ajuste técnico; son un instrumento de reconfiguración demográfica y política. Las deportaciones masivas (con una meta declarada de 750,000 anuales) y restricciones draconianas a visas de trabajo, como exigir pagos exorbitantes de U$S 100,000 para una visa H-1B, están diseñadas para crear escasez laboral en sectores clave, presionando al alza los salarios de ciertos grupos mientras excluyen a otros. Esta retórica, que culpabiliza a las comunidades inmigrantes de la «basura» y la criminalidad, se complementa con políticas represivas internas, como el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas.
Incidentes de violencia política, como los asesinatos de legisladores demócratas en Minnesota en 2025 o la ejecución sumaria de una conductora durante un operativo, han encendido alarmas sobre la fusión entre retórica incendiaria y brutalidad estatal. Las deportaciones ya han extraído más de 1.2 millones de trabajadores de la fuerza laboral, creando un «monopolio de escala» perverso: las grandes corporaciones pueden automatizar o absorber el «impuesto arancelario», mientras las pequeñas empresas, a menudo propiedad de minorías, son aplastadas por la escasez de mano de obra y el aumento de costos. La doctrina de «contratar estadounidenses«, ahora dogma oficial en el Departamento de Trabajo, se ha convertido en una herramienta de exclusión social, enmarcando la participación económica como un juego de suma cero basado en una lealtad nacional étnicamente codificada. El resultado es una «economía dual» cada vez más marcada.
Uno de los mayores problemas estructurales que este enfoque ignora, y de hecho agrava, es el estancamiento de la productividad. Mientras China ha mantenido un crecimiento constante de la productividad (alrededor del 9% en 2021), la estadounidense lleva décadas languideciendo en un magro 1-2% anual, y se ha estancado casi por completo desde 2020. La brecha entre el valor generado por hora trabajada y el salario recibido por el trabajador medio, que comenzó a ampliarse en los años setenta, se ha acelerado drásticamente en la última década.
Los salarios reales están, en esencia, estancados desde 1975. Es fácil intuir dónde ha ido a parar la diferencia: a las rentas del capital, a los beneficios corporativos récord y a la compensación de los altos ejecutivos. Las políticas actuales, que favorecen la concentración monopólica y debilitan la inversión pública en investigación, educación e infraestructura, no hacen sino cavar más hondo esta trampa de baja productividad, condenando al país a un crecimiento mediocre a largo plazo, sin importar cuántos aranceles se impongan.
El tiempo, sin embargo, se le acaba al presidente Trump. Las cruciales elecciones de medio término de noviembre de 2026, donde se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y varias gubernaturas clave, se perfilan como un referéndum sobre esta revolución truncada. Trump llega a esta cita con índices de aprobación históricamente bajos (oscilan entre el 31% y el 36%), una economía que presenta un crecimiento moderado (2.6%) pero una inflación persistente que los ciudadanos sienten en sus bolsillos, y un conjunto de políticas –aranceles, deportaciones, tensión social– que han polarizado al país como nunca.
Históricamente, el partido del presidente sufre una derrota en los midterms (pierde en promedio 25 escaños en la Cámara desde 1946), y un «efecto midterm» estructural favorece a la oposición en un 4-6% del voto. Los sondeos actuales coinciden en que los Demócratas son favoritos para recuperar el control de la Cámara, mientras los Republicanos probablemente retengan el estrecho margen en el Senado. Factores clave que podrían inclinar la balanza incluyen la persistencia de la «economía K», el desgaste de la represión interna y la posibilidad siempre latente de un «cisne negro»: un episodio de violencia política masiva o una crisis económica repentina.
La premisa de una derrota republicana en la Cámara no es descabellada, y abriría la puerta a un escenario de parálisis y confrontación extrema. Un Congreso con al menos una cámara en manos demócratas aumentaría drásticamente las probabilidades de un tercer proceso de impeachment contra Trump, una posibilidad que el propio presidente ha advertido y que analistas, como el Eurasia Group, consideran un «riesgo top» para la estabilidad global en 2026.
Sin embargo, la destitución real requeriría una mayoría de dos tercios en el Senado, una hazaña improbable. No obstante, un impeachment en marcha paralizaría la agenda de Trump –sus planes para Ucrania, Venezuela y la economía–, reviviendo el pantano político de 2019-2021, pero con instituciones más dañadas y un clima social más enrarecido. Sería la coronación de la desinstitucionalización: el poder ejecutivo y el legislativo en una guerra abierta, con el poder judicial como campo de batalla.
La moneda está en el aire, pero una cosa es cierta: el experimento trumpista, ya sea que consolide su poder o se enfrente a un muro de contención, ha dejado una marca indeleble. Ha demostrado que el sistema estadounidense es más frágil de lo que se creía, y que el camino desde la hegemonía benevolente hasta el desorden fragmentado puede recorrerse en un solo mandato presidencial. El mundo observa, y ya no espera liderazgo, sino que se prepara para la tormenta.
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