El diputado y dirigente bancario Sergio Omar Palazzo alertó que, desde la asunción de Javier Milei hasta octubre de 2025, el Banco Central habría autorizado la creación de 471 empresas con “naturaleza financiera”, que a pesar de sus estatutos declaran no estar alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras. El dato, surgido de documentos del Boletín Oficial, expone una posible zona gris en la supervisión y el control de la actividad financiera en Argentina.
El mensaje de Palazzo, publicado en su cuenta de X, no es menor. Lo que plantea tiene la magnitud de una alarma institucional: en menos de un año de gestión de Javier Milei, 471 sociedades habrían sido aprobadas por la autoridad monetaria con estatutos que, de manera directa o secundaria, establecen una actividad financiera o crediticia, pero que al mismo tiempo declaran no operar bajo el alcance de la Ley 21.526. En términos simples, son empresas que podrían realizar operaciones típicas del sistema financiero sin estar sujetas a las regulaciones, controles y auditorías del Banco Central de la República Argentina.
El diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria enmarcó su advertencia dentro de un contexto que no puede pasar inadvertido: la liberalización del sistema financiero que el gobierno de Milei impulsa en nombre de la “libertad de mercado”. En esa lógica, el control estatal sobre las operaciones financieras se considera una traba burocrática, y la supervisión del BCRA se diluye bajo el argumento de que cada empresa es responsable de su propio riesgo. Sin embargo, lo que Palazzo describe no es un detalle técnico, sino un posible desmantelamiento de las herramientas de control público sobre un sector históricamente sensible a la especulación, el lavado de activos y las maniobras de fuga de capitales.
El Boletín Oficial, según la información que el legislador menciona, sería la fuente de las aprobaciones. Allí se publican, día tras día, las resoluciones y registros de nuevas sociedades, muchas de las cuales incluyen en sus estatutos la posibilidad de realizar “inversiones financieras”, “intermediación de capitales” o “gestión de activos”. Sin embargo, al momento de presentarse ante el BCRA, estas mismas empresas declaran “no realizar operaciones comprendidas bajo la Ley de Entidades Financieras”, lo que las coloca fuera del radar del organismo. El resultado es una proliferación de compañías con capacidad de mover fondos, ofrecer servicios financieros y captar inversiones sin estar sujetas al marco legal que rige para los bancos, financieras y cooperativas de crédito.
Lo que Palazzo expone con claridad es el riesgo sistémico que se esconde detrás de ese vacío. Si una empresa declara no estar alcanzada por la ley 21.526, el Banco Central no la fiscaliza. No controla su capital mínimo, su liquidez, sus operaciones, ni la procedencia de los fondos. Es decir, se genera un universo paralelo de entidades que operan en los márgenes de la regulación, amparadas en la letra ambigua de sus propios estatutos y en la pasividad de una autoridad monetaria que parece haber decidido mirar para otro lado.
Esa situación, además, choca de frente con el principio de prevención del lavado de dinero que establece la Unidad de Información Financiera (UIF) y con las obligaciones que la Argentina asumió ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). En un escenario global donde los flujos financieros opacos son objeto de sanciones, la multiplicación de empresas “financieras no financieras” habilitadas por el propio BCRA podría comprometer seriamente la reputación del país y su cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia.
Palazzo, conocedor del entramado bancario y de las lógicas internas del sistema, no se limita a lanzar una denuncia política. Su planteo tiene sustento documental y jurídico: la contradicción entre el objeto social de las empresas y su autodeclaración ante el regulador. Si una sociedad anónima declara en su estatuto que puede “otorgar préstamos, créditos o gestionar inversiones”, su actividad encuadra claramente en los supuestos de la Ley 21.526. Pero si el Banco Central acepta su registro bajo la condición de “no realizar operaciones financieras”, sin ningún tipo de control posterior, el Estado pierde su capacidad de fiscalización. Es, en la práctica, una invitación abierta al arbitraje regulatorio y a la opacidad contable.
El problema trasciende los números. Las 471 autorizaciones en apenas 465 días hábiles implican más de una empresa por día con perfil financiero aprobada. Si ese ritmo continúa, en un año el país podría tener más de 700 nuevas sociedades con capacidad de manejar dinero, invertir o especular sin ningún tipo de auditoría. En un contexto donde el ministro de Economía y el propio presidente defienden la desregulación total del mercado, el dato adquiere una dimensión política: la desprotección del sistema financiero no es una falla, sino una decisión deliberada.
La denuncia de Palazzo también deja expuesta la contradicción del discurso oficialista. Mientras el gobierno proclama que su prioridad es combatir la corrupción y el uso discrecional del poder, la política financiera del BCRA parece favorecer la creación de empresas sin control ni trazabilidad. Son las mismas condiciones que, históricamente, dieron origen a las crisis bancarias y a los escándalos de fuga de divisas que vaciaron el país. No se trata de un tecnicismo, sino de una política que erosiona los cimientos del sistema de control financiero.
Lo más preocupante es la falta de respuesta institucional. El Banco Central, hasta el momento, no emitió ningún comunicado aclarando los criterios de autorización, ni explicó si existe una supervisión posterior sobre estas compañías. Tampoco hay registro de que el Congreso haya pedido informes al respecto, más allá de las solicitudes de acceso a la información pública que el propio Palazzo presentó. En ese silencio, el BCRA confirma lo que el legislador denuncia: una peligrosa zona gris entre la legalidad y la desregulación total.
La historia reciente enseña que las crisis financieras no comienzan de un día para otro. Se gestan lentamente en los márgenes del control, en la tolerancia al riesgo y en la complacencia institucional. La advertencia de Sergio Palazzo debería encender luces rojas en la Comisión de Finanzas del Congreso, en la Auditoría General de la Nación y en la propia cúpula del Banco Central. No se trata solo de una disputa entre modelos económicos, sino de la defensa de una mínima racionalidad regulatoria que impida que el sistema financiero argentino se transforme en tierra de nadie.
Si el Estado abdica de su rol de contralor, el resultado es previsible: más concentración, más especulación y más impunidad para quienes utilizan la estructura empresarial para fines opacos. La denuncia del diputado no es un gesto opositor más, sino una advertencia fundada sobre una práctica que, de confirmarse, pondría en riesgo la estabilidad y la transparencia del sistema financiero argentino.
Fuentes:
La cuenta oficial de Sergio Omar Palazzo en X (antes Twitter).
El texto de la Ley 21.526 de Entidades Financieras (que regula qué entidades quedan sujetas al control del Banco Central de la República Argentina). argentina.gob.ar
Información en la página del BCRA sobre autorización de entidades financieras. bcra.gob.ar
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