Mientras el Gobierno se encierra en la lógica del ajuste y la desregulación, empresas clave como Scania frenan su producción y golpean a economías regionales. La falta de políticas industriales deja a miles de trabajadores a la deriva.
La automotriz Scania volvió a apagar los motores de su planta de Colombres, en Tucumán, y la postal es siempre la misma: portones cerrados, máquinas detenidas y casi 600 trabajadores suspendidos durante una semana completa. Lo que para la empresa se presenta como una estrategia de “contingencia” ya se transformó en un drama sostenido para los empleados y sus familias, que ven cómo la producción acumula 35 días de parálisis en lo que va del año.
El acuerdo con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) permitió implementar el esquema de suspensiones, pero no alcanza para maquillar la crudeza de la situación: un 90% de las líneas de producción están detenidas y apenas entre 30 y 40 operarios mantienen alguna actividad mínima. En una provincia que depende de estas exportaciones —la planta aporta alrededor del 15% del total de Tucumán—, el golpe económico y social es evidente.
Desde la compañía insisten en atribuir las suspensiones a la caída de la demanda internacional, en particular en Brasil y la Unión Europea. Sin embargo, no se puede ignorar que detrás de esa explicación aparece otro factor mucho más corrosivo: la ausencia total de políticas industriales del gobierno de Javier Milei. Mientras el mundo reconfigura cadenas productivas y protege a sus fábricas, la Argentina libertaria se encierra en un dogma que desprecia la producción y confía ciegamente en los mercados, como si la mano invisible pudiera rescatar a los trabajadores suspendidos.
El caso Scania no es aislado. En los últimos meses, se repiten las noticias de parálisis fabriles, suspensiones masivas y amenaza de despidos en distintos sectores estratégicos. La historia reciente demuestra que cuando la industria exportadora tropieza, es el Estado el que debe articular mecanismos de protección y estímulo. Pero hoy, el gobierno nacional no sólo no interviene: celebra el achique, desprecia la planificación y abandona a provincias enteras al vaivén de la demanda externa.
La paradoja es que la propia empresa reconoce que el mercado interno empieza a dar señales de recuperación, aunque de nada sirve si el Ejecutivo no define un rumbo productivo. Tucumán, que logró insertarse en el mapa industrial exportador con esta planta de transmisión, queda rehén de la pasividad oficial. Cada semana de suspensión no sólo significa salarios recortados, sino también un golpe directo a la economía regional, a las pequeñas y medianas empresas que dependen de la actividad fabril y al entramado social que se sostiene alrededor de la industria.
Scania lamenta el impacto y habla de “sustentabilidad del negocio”. Milei, en cambio, ni siquiera menciona el tema. El silencio oficial frente a estos hechos es más que elocuente: expresa la convicción de un modelo económico que privilegia la especulación financiera y el ajuste fiscal por encima de cualquier estrategia de desarrollo. Y si el costo es que miles de trabajadores queden a la deriva, parece ser un daño colateral aceptable para un gobierno que hace del desmantelamiento productivo una bandera ideológica.
La planta tucumana fue en 2020 un símbolo de expansión: incorporó más de 200 empleados en medio de una demanda global en alza. Hoy, en cambio, encarna el retroceso, el parate y la incertidumbre. Esa es la Argentina de Milei: sin política industrial, sin protección laboral y sin horizonte claro para los que producen y exportan.
Fuente
.https://www.infogremiales.com.ar/scania-vuelve-a-paralizar-su-planta-de-colombres-por-una-semana-y-suspende-a-sus-casi-600-operarios/
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