La designación de Alejandro Lew, otro ex J.P. Morgan, en el gabinete de La Libertad Avanza, confirma una tendencia: el desembarco directo del capital financiero global en los resortes del Estado argentino. El periodista Alejandro Bercovich informó que Lew, quien fue gerente financiero de YPF durante el peronismo, se suma al equipo económico libertario y recordó que Guillermo Mitchell lo responsabilizó por el faltante de combustible en plena campaña electoral de 2023. Ahora, bajo el ala de Javier Milei, se vuelve pieza de un engranaje que ya cuenta con al menos siete ex J.P. Morgan en puestos clave del gobierno.
El movimiento no es casual ni aislado. Según Bercovich, el jefe del grupo offshore que opera desde el gabinete es nada menos que Jamie Dimon, CEO mundial del banco estadounidense y uno de los hombres más poderosos de Wall Street. Dimon estuvo recientemente en Argentina, donde transmitió un mensaje claro a empresarios y funcionarios: Estados Unidos busca que el Cono Sur reemplace a China como proveedor de bienes industriales, y para eso es indispensable avanzar con la reforma laboral. El proyecto libertario argentino se alinea así con la estrategia económica de la ultraderecha norteamericana encabezada por Donald Trump: un rediseño del mapa global del trabajo, donde la rebaja de derechos laborales y la reducción de costos son condiciones de competitividad.
El trasfondo histórico es revelador. A medida que las relaciones laborales se “flexibilizaron” durante el menemismo, la informalidad laboral se disparó. Recién empezó a disminuir cuando se revirtieron parcialmente aquellas reformas y el Estado recuperó su capacidad de fiscalización sobre el empleo ilegal. Hoy, con Milei en el poder, el péndulo vuelve a inclinarse hacia el mismo abismo: menos controles, más precariedad, más poder para las empresas. Los ejemplos abundan. El sector con mayor informalidad es el empleo doméstico, seguido por la construcción, donde ya se aplican mecanismos de flexibilización inspirados en la reforma laboral que impulsó Mauricio Macri. El fondo de cese laboral —vigente y promovido por el gobierno libertario— sustituye las indemnizaciones tradicionales por un sistema que facilita el despido y elimina la estabilidad como derecho básico.
Bercovich advierte que los datos del mercado laboral son contundentes: el año pasado se perdió el 20 % de los empleos temporarios y muchos trabajadores vieron reducidas sus horas. Una nueva reforma que amplíe la flexibilidad no sólo agravaría la desigualdad, sino que tendría un efecto pro cíclico, es decir, amplificaría las recesiones: cada vez que cae la demanda, se destruye empleo más rápido y más profundo. La experiencia argentina demuestra que la supuesta “modernización” laboral no genera más empleo formal, sino más inestabilidad, rotación y salarios de subsistencia.
El desembarco de ex J.P. Morgan en el gabinete libertario, encabezado por figuras que responden a la lógica del capital especulativo, consolida un modelo de gobierno donde las decisiones económicas ya no se toman en Buenos Aires, sino en los despachos de Wall Street. Lo paradójico —y al mismo tiempo previsible— es que Milei construyó su relato político atacando al “sistema” y prometiendo independencia frente al poder financiero internacional. Sin embargo, su gestión se encuentra hoy subordinada a los intereses de los grandes fondos globales y a la agenda que impone Jamie Dimon: una Argentina exportadora de trabajo barato, dócil y desregulado.
Esta reconfiguración del poder económico tiene consecuencias sociales profundas. El discurso de la “libertad” se traduce, en la práctica, en libertad para despedir, para tercerizar, para evadir cargas sociales. Lo que se disfraza de “eficiencia” es, en realidad, una transferencia de poder y de renta desde los trabajadores hacia las corporaciones financieras. Cuando los derechos laborales se debilitan, la informalidad se extiende; cuando el Estado renuncia a su rol regulador, el mercado impone su ley: la del más fuerte.
En el fondo, el desembarco de Alejandro Lew simboliza un cambio de paradigma. Ya no se trata sólo de liberalizar la economía o reducir el gasto público, sino de transformar a la Argentina en una plataforma regional al servicio del capital transnacional, sin trabas laborales ni regulaciones ambientales. La visita de Dimon y la influencia de J.P. Morgan en la nueva elite libertaria confirman que la llamada “revolución liberal” tiene un guión extranjero: adaptar la estructura laboral argentina al nuevo orden productivo de Estados Unidos.
El país enfrenta así un dilema que va más allá de la coyuntura. O reconstruye una economía basada en el trabajo digno y la soberanía nacional, o se resigna a ser una periferia industrial del Norte global. En este tablero, las designaciones no son administrativas: son ideológicas. Alejandro Lew no es sólo un técnico; es la expresión local de un proyecto de poder global que busca convertir los derechos laborales en un costo y al trabajador en una variable de ajuste.
La historia reciente advierte que cada vez que la política se subordina al capital financiero, la desigualdad crece y la democracia se debilita. Los gobiernos pasan, pero los bancos quedan. La pregunta, entonces, ya no es quién gobierna Argentina, sino desde dónde. Y la respuesta, tras la designación de otro ex J.P. Morgan, parece cada vez más clara: desde Wall Street.
Fuente:
Posteo del periodista Alejandro Bercovich en la red social X.
Deja una respuesta