Una medida electoralista que suspende retenciones hasta el 31 de octubre busca dólares rápidos, pero profundiza la desigualdad y agrava la dependencia del sector más privilegiado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno de Javier Milei eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre, apenas cinco días después de las elecciones nacionales. La decisión, presentada como una maniobra para “generar mayor oferta de dólares”, evidencia una vez más la estrategia desesperada de la administración libertaria: exprimir al campo como caja rápida mientras se hunden las reservas del Banco Central, que la semana pasada debió vender 1100 millones de dólares en medio de la tensión cambiaria.
La medida alcanza a los principales cultivos del país —soja, maíz, trigo y girasol— y se suma a la batería de reducciones que ya venía aplicando el Ejecutivo desde julio. En aquel momento, el Decreto 526 había recortado las alícuotas de manera significativa: el maíz y el sorgo bajaron de 12% a 9,5%, el girasol del 7% al 5,5% en grano y 4% en sus derivados, y la soja, que históricamente tributaba el 33%, quedó en 26% para el grano y 24,5% para sus subproductos. En pocas palabras: una transferencia millonaria desde el Estado hacia el sector agroexportador.
El oficialismo intenta vender este esquema como una política de “competitividad”, pero lo cierto es que se trata de una concesión desproporcionada al núcleo más poderoso de la economía argentina. Mientras la Mesa de Enlace celebra, el resto de la sociedad padece un ajuste feroz en salarios, educación y salud pública. El contraste es obsceno: se congela la inversión en universidades, se recortan programas sociales y se profundiza la recesión, pero al agro se le ofrece una alfombra roja para maximizar ganancias.
El gobierno justifica la medida con datos de exportaciones en alza —56% en volúmenes durante 2024 y 26% en valores—, pero omite deliberadamente que esas cifras ya representaban ingresos extraordinarios para el sector. A pesar de ello, se lo sigue premiando con nuevas exenciones impositivas, incluso cuando el propio Banco Central agoniza por la falta de divisas. Este doble discurso desnuda la lógica mileísta: ajustar a las mayorías para sostener a una minoría concentrada.
La excusa de la “necesidad de dólares” es apenas un parche temporal. El ingreso de divisas dependerá de la decisión del campo de liquidar, algo que históricamente se maneja con especulación. Nada garantiza que la eliminación de retenciones se traduzca en una lluvia de dólares; lo que sí está asegurado es que el Estado resigna recursos fundamentales que podrían destinarse a políticas sociales y productivas.
El anuncio, además, no es inocente en el calendario político: la vigencia hasta fines de octubre deja claro que se trata de un guiño electoralista, un intento de seducir a un sector que ya se ubica entre los principales aliados del gobierno. En los hechos, Milei vuelve a demostrar que gobierna para pocos, aun a costa de comprometer la estabilidad macroeconómica de todo el país.
El discurso de Adorni, cargado de acusaciones contra “la vieja política” que supuestamente busca boicotear al oficialismo, no logra tapar la contradicción de fondo: mientras se habla de austeridad, se promueve un festival de beneficios impositivos para quienes menos lo necesitan. La política económica del libertarismo es clara y brutal: ajuste para el pueblo, privilegios para el agro.
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