Milei castiga a los hogares: la energía será más cara que para las industrias

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El Ejecutivo oficializó la Resolución 434/2025 que invierte la carga del costo energético: desde noviembre, los hogares pagarán más que la industria y el comercio. Mientras el Gobierno celebra su “respaldo electoral”, avanza con aumentos que superan la inflación y profundizan la desigualdad energética.

En medio del deterioro del poder adquisitivo y la parálisis salarial, el Gobierno de Javier Milei decidió modificar el esquema tarifario de la electricidad, haciendo que los usuarios residenciales del AMBA y del interior paguen facturas más altas que las empresas. Una medida que desnuda la lógica del ajuste selectivo: beneficios para el capital concentrado, sacrificio para los hogares.

El gobierno de Javier Milei volvió a mostrar su verdadera cara: la de un proyecto que defiende los intereses de los grandes grupos económicos a costa del bolsillo de la ciudadanía. A través de la Resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en noviembre, el Ejecutivo estableció un cambio estructural en la forma de calcular el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), que regirá hasta abril de 2026. Lo que en apariencia parece una actualización técnica es, en realidad, un nuevo golpe al consumo familiar, ya que por primera vez los hogares argentinos pagarán más por la energía que las industrias y los comercios.

Durante años, el sistema tarifario argentino mantuvo una lógica básica de justicia distributiva: las familias, consideradas usuarias residenciales, abonaban menos por la energía que las empresas con fines de lucro. Esa relación se invierte drásticamente con el nuevo esquema impulsado por el Gobierno libertario. Según los valores oficiales, los usuarios residenciales pagarán entre 56.054 y 58.281 pesos por megavatio-hora (MWh), mientras que las industrias y comercios abonarán entre 47.310 y 51.633 pesos. En otras palabras, el costo para los hogares será entre un 10 y un 20 por ciento mayor que el de los grandes consumidores.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, justifica la medida en supuestos criterios de eficiencia y competitividad. Sin embargo, la lógica detrás de esta decisión es puramente política y económica: aprovechar el resultado electoral para avanzar en aumentos tarifarios muy por encima de la inflación. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las facturas de luz llegarán con incrementos de entre 3,4% y 4,1%. Puede parecer un porcentaje menor, pero se suma a una seguidilla de subas acumuladas que, desde diciembre de 2023, ya superan el 500%.

Mientras tanto, las industrias y comercios tendrán un trato privilegiado. Para ellos, las variaciones irán desde un aumento del 2,2% hasta una reducción del 10,3%, con una mayoría de los casos que incluso mostrará una baja promedio del 1%. En un país donde las pequeñas y medianas empresas cierran a diario por falta de consumo, el Gobierno decide favorecer a los grandes jugadores del mercado energético y financiero, mientras descarga la presión sobre los usuarios comunes.

El relato oficial intenta disfrazar la medida con un tecnicismo estacional: según el Gobierno, entre mayo y octubre —cuando aumentan los costos de generación por el uso de combustibles como gas y gasoil— las industrias volverán a pagar más que los hogares. Pero el impacto real no se mide solo por la estacionalidad, sino por la acumulación de tarifas sobre ingresos que no crecen. En un contexto de salarios estancados, paritarias frenadas y una inflación reprimida por la recesión, el nuevo tarifazo funciona como una transferencia directa de ingresos de la ciudadanía al sector empresarial.

El golpe es doble: a la tarifa eléctrica se suma el aumento del recargo sobre el gas natural para los usuarios que no viven en las denominadas “zonas frías”. A través de la resolución 1698/2025, la Secretaría de Energía incrementó ese recargo del 7 al 7,2% por metro cúbico, encareciendo aún más el servicio en las regiones que no cuentan con el beneficio de tarifas reducidas.

El régimen de “zonas frías” —que hoy alcanza a 3,15 millones de usuarios— ya estuvo en la mira del oficialismo, que intentó eliminarlo primero en la Ley Bases y luego en el proyecto de Presupuesto 2026. El Gobierno argumenta que el subsidio “ya no tiene sentido”, bajo la excusa de que las tarifas están “actualizadas”. Pero la actualización, lejos de ser un indicador de equidad, refleja el desfasaje entre la política económica y la realidad social.

“Lamentablemente, desde nuestra mirada, ya no tiene sentido el subsidio”, admitió con resignación Fernanda Lacey, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, en declaraciones a AM750. “Si tomamos diciembre de 2023 a octubre de 2025, en promedio se incrementaron todos los servicios un 500 por ciento. Si la inflación ronda el 2,1 por ciento, ¿cómo justifican ahora un aumento del 3,8 por ciento?”, cuestionó. Su planteo expone la paradoja central del mileísmo: mientras se jacta de haber domado la inflación, aplica incrementos tarifarios que la superan ampliamente.

El argumento del “ajuste necesario” se desdibuja frente a las consecuencias sociales de una política energética regresiva. Las familias del AMBA y del interior verán cómo su poder adquisitivo se erosiona aún más, en un país donde los salarios reales cayeron a niveles de hace casi dos décadas. Para muchas, la electricidad dejó de ser un servicio para convertirse en un lujo mensual. En cambio, los sectores empresariales —los mismos que celebran la “desregulación” y el “fin del populismo”— vuelven a recibir beneficios fiscales y energéticos en nombre de la “competitividad”.

Lo que se consolida con esta resolución no es una política energética, sino una política de exclusión. El Gobierno de Milei ha transformado la gestión de los servicios públicos en un instrumento ideológico: castigar al ciudadano común bajo el pretexto del “orden fiscal” y liberar de cargas a los actores concentrados de la economía. Así como en los años noventa se hablaba del “costo argentino”, ahora Milei instala la idea del “consumidor culpable”, un ciudadano que paga caro no por derrochar energía, sino por el simple hecho de existir dentro del esquema neoliberal.

La energía, que debería ser un derecho básico y un motor de desarrollo, se convierte en una mercancía sometida a las reglas del mercado. Detrás de la retórica libertaria de la “eficiencia” y la “racionalidad económica”, se esconde una vieja receta: privatizar ganancias y socializar costos. El nuevo esquema tarifario no busca corregir distorsiones, sino consolidar un modelo donde los servicios públicos son un privilegio para quienes puedan pagarlos.

Resulta evidente que el gobierno aprovecha cada victoria política o electoral para profundizar su ajuste estructural. Lo hizo con la Ley Bases, lo intenta con el Presupuesto y lo replica ahora con la energía. El resultado es el mismo: un país más desigual, más caro y con menos derechos.

En nombre de la libertad, Milei aplica una política energética que encadena a los hogares a una factura impagable. Su discurso antiestatal termina beneficiando a los mismos grupos económicos que históricamente capturaron al Estado. Mientras los usuarios ajustan sus consumos para sobrevivir, las grandes industrias disfrutan de tarifas subsidiadas por los bolsillos de todos.

En definitiva, la Resolución 434/2025 no es solo un tarifazo: es una declaración ideológica. Un mensaje claro de quién paga el ajuste y quién se beneficia del nuevo orden libertario. Y en esa ecuación, las familias argentinas vuelven a quedar del lado del sacrificio, mientras las grandes empresas cosechan las recompensas del poder.