El gobierno de Javier Milei abre esta semana las licitaciones para entregar cuatro centrales hidroeléctricas en el Comahue y prepara la privatización de rutas, ferrocarriles y empresas estratégicas como AySA y Nucleoeléctrica. La historia se repite: venta de activos estatales para cubrir vencimientos de deuda, mientras el país enfrenta una crisis política y social creciente.
Con un discurso que promete “eficiencia y libertad”, el Ejecutivo libertario lanza un plan de privatizaciones que recuerda a los años noventa, cuando el menemismo entregó el patrimonio nacional bajo la presión del Fondo Monetario y los grandes grupos económicos. Milei busca recaudar 5000 millones de dólares para pagar deuda, mientras las internas en su gobierno y las tensiones con el macrismo exponen una disputa por los negocios detrás del “Estado mínimo”.
El gobierno de Javier Milei se prepara para dar el puntapié inicial a su plan más ambicioso y, a la vez, más polémico: el festival de privatizaciones. Este viernes abrirá los sobres de licitación para entregar en concesión cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue. Se trata de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, sobre los ríos Neuquén y Limay. Según los cálculos oficiales, esas operaciones dejarían unos 600 millones de dólares. Pero el objetivo del Ejecutivo es mucho más grande: aspira a embolsar cerca de 5000 millones de dólares a través de la venta de activos públicos para cubrir vencimientos de deuda externa el próximo año, sin recurrir a nuevos préstamos.
El cronograma privatizador no se detiene ahí. Hacia fines de noviembre saldrán los pliegos para entregar la concesión de las rutas nacionales 12 y 14, dos de los principales corredores del país. Luego seguirá el Belgrano Cargas, pieza clave en la logística del transporte ferroviario, y más tarde la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el grueso de las exportaciones argentinas. En 2026, el turno será de Transener, AySA, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y el Correo Argentino. En la Casa Rosada lo llaman “modernización”, pero en los hechos implica ceder el control de sectores estratégicos al capital privado, nacional o extranjero, en nombre de la “eficiencia”.
La retórica libertaria promete terminar con las “empresas deficitarias”, aunque los propios números oficiales desmienten ese argumento. Durante el primer semestre de 2025, las 32 empresas estatales arrojaron un superávit consolidado de más de 106 mil millones de pesos. Sin embargo, Milei y su equipo apuntan a desprenderse de las que muestran balances negativos, como Enarsa o Trenes Argentinos. La lógica es puramente fiscalista: liquidar activos públicos para tapar agujeros financieros, una receta conocida que ya mostró sus consecuencias en los años noventa.
La comparación con el menemismo no es casual. Como en aquel entonces, el gobierno plantea las privatizaciones como una vía rápida para “engordar la caja” del Estado. Pero detrás del discurso tecnocrático asoma el mismo objetivo que impulsó las ventas de empresas públicas en los 90: fortalecer a los grupos económicos y al sistema financiero a costa del patrimonio colectivo. A diferencia del primer menemato, que canjeó empresas por bonos de deuda, Milei asegura que esta vez solo se recibirán dólares “contantes y sonantes”. Sin embargo, los acreedores externos ya presionan para incluir sus títulos en los paquetes privatizadores. La historia, como suele ocurrir, amenaza con repetirse.
En los pasillos del poder, la apuesta oficialista se sostiene sobre una premisa discutible: el triunfo electoral de La Libertad Avanza habría “revalorizado” los activos del Estado, porque los mercados ven posible la reelección de Milei en 2027. El argumento es cínico y peligroso: cuanto más se consolide un gobierno que desprecia lo público, más caro podrá vender lo que pertenece a todos. En ese razonamiento se revela el verdadero espíritu del plan: la economía al servicio de la especulación.
Mientras tanto, las internas políticas amenazan con dinamitar la hoja de ruta del presidente. Las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, jefe de Gabinete y ministro del Interior respectivamente, expusieron el caos interno en la administración libertaria. Detrás de los comunicados prolijos y las frases sobre “diferencias estratégicas”, lo que se disputa es el control de las privatizaciones, un negocio multimillonario con ramificaciones políticas. Cada ministerio quiere su tajada. Cada funcionario busca su lugar en el reparto.
El conflicto con el PRO de Mauricio Macri añade más tensión a la escena. El expresidente, que fue clave para sostener electoralmente a Milei, ahora pretende intervenir directamente en el proceso privatizador. Según trascendió, Macri habría pedido el control de las áreas de transporte e infraestructura, que incluyen la hidrovía, el Belgrano Cargas y las rutas nacionales. Milei, celoso del poder y reacio a ceder espacios, le cerró la puerta. El resultado fue un nuevo enfrentamiento entre socios que ya no disimulan la desconfianza mutua.
La supuesta “revalorización” de las represas del Comahue es, en realidad, el primer test del apetito empresario. Dieciocho grupos competirán por quedarse con esas concesiones, aunque el entusiasmo no necesariamente se traduce en beneficios para el país. Lo que está en juego no es solo quién administrará las centrales, sino quién se apropia del flujo de ganancias futuras y del control sobre un recurso vital como el agua y la energía. Privatizar represas no es una decisión técnica: es un acto político que define el rumbo del desarrollo nacional.
Resulta preocupante que, mientras el gobierno insiste en “sacarse de encima” empresas estatales, no muestre el mismo apuro por resolver los problemas de empleo, inflación o pobreza. La prioridad parece ser otra: congraciarse con los acreedores, los grandes empresarios y el FMI. En nombre de la “libertad económica”, Milei reedita la vieja fórmula neoliberal que hundió al país en la desindustrialización y el endeudamiento. La promesa de “no repetir los errores del menemismo” suena hueca cuando los métodos y las consecuencias son idénticos.
La Argentina ya conoce el resultado de estas políticas. Cada vez que se entrega un recurso estratégico al mercado, el Estado pierde capacidad de decisión, los precios suben, los servicios se deterioran y la soberanía se debilita. No es ideología: es experiencia histórica. Lo que se presenta como un “ajuste eficiente” termina siendo una transferencia monumental de riqueza desde lo público hacia los bolsillos de unos pocos. La “libertad” que proclama Milei es, en realidad, la libertad de los poderosos para seguir mandando.
El festival de privatizaciones que se inicia este viernes no es solo una operación económica: es un símbolo del proyecto político libertario. Desmantelar el Estado, entregar los bienes comunes y concentrar el poder en manos del capital privado. La pregunta que queda flotando es la misma que marcó los años noventa: ¿quién se beneficia realmente cuando el Estado se vende al mejor postor?
Fuente
.https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/el-proximo-viernes-arranca-el-festival-de-privatizaciones-del-gobierno-nacional/amp/
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