El gobierno justifica la falta de recursos para reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo anuncia una rebaja de retenciones con un costo fiscal equivalente a la mitad de esa misma ley. La contradicción expone cuáles son las verdaderas prioridades oficiales.
La mañana del lunes dejó en claro una de las mayores contradicciones del gobierno de Javier Milei: mientras se frena la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por “falta de fondos”, se oficializa una rebaja de retenciones a las exportaciones agrícolas que implica resignar el 0,25% del PBI. La misma cifra que, paradójicamente, permitiría cubrir la mitad del financiamiento que el Ejecutivo se niega a otorgar a las personas con discapacidad.
No se trata de un error de cálculo, sino de una decisión política deliberada. El Decreto de Necesidad y Urgencia 682/25 eliminó temporalmente las retenciones a granos y subproductos, fijando un cupo de hasta 7.000 millones de dólares. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre septiembre y diciembre podrían liquidarse casi 10.000 millones en exportaciones. Para el gobierno, ese oxígeno financiero es más urgente que dar respuestas a colectivos vulnerables.
El contraste es brutal. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la emergencia en discapacidad requiere entre 0,25% y 0,48% del PBI. La rebaja a las retenciones, por sí sola, cubriría la mitad de ese gasto. Incluso podría solventar por completo la Ley de Financiamiento Universitario o multiplicar por quince los recursos destinados a la Ley de Emergencia Pediátrica, reclamada por el Hospital Garrahan. Pero Milei repite el mismo libreto: “no hay plata”.
La decisión no solo desnuda prioridades, también revela un cinismo que raya la crueldad. Se veta una ley destinada a atender necesidades urgentes de quienes viven con discapacidad, mientras se subsidia de facto al complejo agroexportador. La excusa es siempre la misma: garantizar dólares frescos para sostener un programa económico que hace agua. El Banco Central tuvo que vender 1.100 millones en apenas tres ruedas para sostener la banda cambiaria, un síntoma de fragilidad que ahora se pretende compensar con un beneficio directo a los grandes productores de soja y maíz.
El mensaje político es claro: cuando se trata de los sectores populares, el ajuste es innegociable; cuando se trata del campo, siempre hay margen para ceder. Milei se aferra al dogma del equilibrio fiscal solo cuando se discuten políticas sociales, pero lo tira por la ventana cuando su supervivencia política y electoral está en juego. La medida estará vigente hasta después de las elecciones legislativas, lo que desnuda también el trasfondo electoralista de la decisión.
Lo que el gobierno presenta como una estrategia de estabilización es, en realidad, un pacto desigual: se garantiza la ganancia extraordinaria de los exportadores a costa de quienes esperan, en vano, una respuesta del Estado. Las personas con discapacidad, las universidades públicas y hasta los niños del Garrahan quedan relegados, mientras los dólares del campo son celebrados como la única “verdadera emergencia”.
Esta es la grieta que Milei nunca reconoce: la que separa a los poderosos que siempre reciben y a los sectores vulnerables que siempre esperan. Y en esa grieta se juega el futuro de un país cada vez más desigual.
Inmoralidad: Milei niega fondos para discapacidad pero regala 0,25% del PBI al campo
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