Inflación a la baja, consumo deprimido, cierre de empresas y precarización social: el balance económico de un experimento libertario que ordena números mientras desordena la vida cotidiana. A más de un año de gestión, el gobierno de Javier Milei exhibe como logro central la desaceleración inflacionaria, pero el costo social, productivo y laboral del ajuste expone un modelo que prioriza la ortodoxia fiscal y la rentabilidad financiera por sobre el desarrollo, el empleo y la cohesión social.
El gobierno de Javier Milei llegó al poder con una promesa tan simple como contundente: terminar con la inflación a cualquier costo. Esa consigna, repetida como mantra desde la campaña electoral, se convirtió en el eje ordenador de toda la política económica. El problema es que el “cualquier costo” dejó de ser una abstracción teórica para transformarse en una experiencia concreta para millones de argentinos. La desaceleración inflacionaria, presentada como prueba irrefutable del éxito libertario, convive con un deterioro profundo del tejido social, productivo y laboral que los propios datos relevados por la prensa nacional e internacional ya no pueden ocultar.
La inflación, es cierto, mostró una baja significativa respecto de los picos registrados en el inicio del mandato. Medios como El País y Reuters consignaron que la combinación de ajuste fiscal extremo, licuación de ingresos, congelamiento de la obra pública y una política monetaria asfixiante permitió frenar la dinámica de remarcaciones. Sin embargo, ese resultado no fue producto de un proceso virtuoso de crecimiento ni de una mejora estructural de la economía, sino de una recesión inducida que contrajo el consumo, desplomó la demanda interna y redujo drásticamente la circulación de dinero en la economía real. En términos simples: los precios dejaron de subir al ritmo anterior porque gran parte de la sociedad dejó de poder comprar.
El relato oficial insiste en que la estabilización es el primer paso hacia una futura prosperidad. Pero la evidencia empírica recogida por los principales portales periodísticos muestra que ese futuro prometido no llega, mientras el presente se vuelve cada vez más precario. La actividad económica exhibe una recuperación selectiva y profundamente desigual. Algunos sectores vinculados a la exportación primaria, la energía o las finanzas logran sostenerse o incluso mejorar sus márgenes, mientras la industria orientada al mercado interno, el comercio y las pequeñas y medianas empresas enfrentan un escenario de cierre masivo y pérdida de puestos de trabajo. Informes citados por la prensa dan cuenta de decenas de miles de empresas que bajaron sus persianas desde la asunción de Milei, un dato que desmiente la narrativa de “destrucción creativa” y expone, en cambio, un proceso de desindustrialización acelerada.
El mercado laboral es uno de los espacios donde el ajuste libertario muestra su rostro más crudo. La caída del empleo registrado, el avance de la informalidad y la pérdida sistemática del poder adquisitivo de los salarios configuran un escenario de empobrecimiento estructural. Mientras el gobierno celebra la disciplina fiscal, los trabajadores ven cómo sus ingresos quedan cada mes más lejos de cubrir la canasta básica. El País consignó, además, un aumento récord de la mora en los hogares argentinos, un síntoma inequívoco de que las familias recurren al endeudamiento para sobrevivir. Tarjetas de crédito, préstamos personales y atrasos en el pago de servicios se convierten en la norma, no por consumo suntuario, sino para llegar a fin de mes.
La pobreza y la desigualdad atraviesan el corazón de este modelo. Aunque el oficialismo intenta mostrar mejoras estadísticas parciales, las coberturas de Página/12 y otros medios advierten sobre la manipulación metodológica y la distancia entre los números y la experiencia cotidiana. La eliminación o el recorte de programas sociales, la licuación de jubilaciones y pensiones y el desmantelamiento de políticas públicas de contención social profundizan una brecha que ya no es solo económica, sino también territorial y generacional. El ajuste no cae de manera homogénea: golpea con más fuerza a los sectores populares, a los adultos mayores, a los trabajadores informales y a las economías regionales.
En el plano productivo, incluso actores históricamente moderados, como representantes de la Unión Industrial Argentina citados por El País, reconocen que muchas empresas “van a quedar en el camino”. La apertura comercial abrupta, combinada con un tipo de cambio que no favorece a la industria local y una presión financiera creciente, expone a las pymes a una competencia desigual frente a productos importados. Lejos de promover inversiones productivas, el esquema económico parece incentivar la especulación y la valorización financiera, reproduciendo un patrón conocido en la historia argentina: ganancias rápidas para pocos, crisis recurrentes para muchos.
La reforma laboral impulsada por el gobierno, analizada por medios como Financial Times y El País, se inscribe en esta lógica. Bajo el argumento de modernizar el mercado de trabajo y atraer inversiones, se avanzó en propuestas que debilitan derechos, reducen indemnizaciones y precarizan las condiciones laborales. El conflicto con los sindicatos no es un fenómeno aislado ni ideológico, sino la reacción previsible de un movimiento obrero que percibe una transferencia directa de ingresos y poder desde el trabajo hacia el capital. En ausencia de un sistema sólido de protección social, la flexibilización no genera empleo de calidad, sino mayor vulnerabilidad.
En materia fiscal y financiera, el gobierno reivindica no recurrir al endeudamiento externo, una posición destacada por Reuters. Sin embargo, esa decisión convive con un ajuste del gasto público de una magnitud inédita, que paraliza la inversión en infraestructura, ciencia, educación y salud. El equilibrio fiscal, convertido en dogma, se alcanza a costa de un Estado cada vez más ausente en áreas estratégicas. El resultado es un país que ordena planillas contables mientras deteriora sus capacidades productivas y sociales a largo plazo.
La prensa internacional también recoge las tensiones sociales y políticas que emergen de este esquema. AP News y otros medios señalan que la reducción del Estado no elimina necesidades, sino que las traslada al ámbito privado o comunitario, donde no siempre existen recursos para cubrirlas. Incendios forestales, crisis sanitarias o emergencias sociales encuentran a un Estado debilitado, más preocupado por cumplir metas fiscales que por garantizar derechos básicos.
El balance económico del gobierno de Javier Milei, construido a partir de la mirada de los principales portales de noticias, muestra así una paradoja central. La inflación baja, pero la vida se encarece. Las cuentas cierran, pero las persianas también. El déficit desaparece de los informes oficiales, pero reaparece en los hogares, en las empresas y en los territorios. El experimento libertario no fracasa por exceso de Estado, como sostiene su retórica, sino por reducir la economía a un ejercicio contable que ignora su dimensión social, productiva y humana.
Lejos de sentar las bases de un desarrollo sostenible, el modelo actual parece reeditar una vieja historia argentina: ajuste, concentración de la riqueza, deterioro del empleo y conflictividad social. La diferencia es el discurso que lo legitima. Bajo la promesa de libertad, se consolida un esquema que restringe opciones, empobrece mayorías y deja al país más vulnerable. La pregunta que empieza a recorrer incluso a los analistas más prudentes no es si los números cierran hoy, sino cuánto tiempo puede sostenerse un orden económico que se construye, sistemáticamente, sobre el desorden social.
.https://www.pagina12.com.ar/842468-freno-economico-y-fuga-de-inversiones-el-financial-times-din/
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