La insólita historia de Bentia Energy, la petrolera creada con USD 30 mil que terminó en manos del exfuncionario Javier Iguacel, y que promete invertir 150 millones en activos maduros que YPF le vendió a precio de liquidación.
(Nicolás Valdez) Mientras el gobierno de Javier Milei promete eficiencia, transparencia y “castigar a la casta”, un viejo conocido del macrismo convierte su reciente emprendimiento en un vehículo para capitalizar recursos estratégicos. La historia de una privatización exprés, disfrazada de “optimización”, que abre serios interrogantes sobre el rumbo energético del país y las verdaderas intenciones detrás de la supuesta desregulación.
El relato suena a déjà vu. Una empresa nueva, sin trayectoria, sin estructura, sin experiencia operativa, aparece de la noche a la mañana para quedarse con activos estratégicos del Estado. Su fundador, lejos de ser un outsider, es un viejo conocido de la política argentina: Javier Iguacel, exministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri y autor de una de las medidas más impopulares del período, aquella que buscaba cobrarle retroactivamente a los usuarios de gas una compensación por la devaluación. Sí, el mismo.
Ahora, Iguacel vuelve al centro de la escena, esta vez con traje de empresario. En julio de 2024 fundó Bentia Energy, una sociedad constituida con apenas 30 mil dólares de capital inicial. Solo dos meses después, esa misma empresa logró quedarse con siete áreas maduras que pertenecían a YPF en la formación Vaca Muerta, uno de los yacimientos no convencionales más prometedores del continente. La venta fue parte de un plan de “reestructuración estratégica” impulsado por la conducción de Horacio Marín, presidente de la petrolera estatal designado por Javier Milei. Una decisión, dicen, para concentrarse en activos más rentables. Aunque el resultado huele más a remate que a estrategia.
Bentia Energy no solo se apropió de esos activos, sino que ahora anunció que invertirá 150 millones de dólares en los próximos años para desarrollarlos. ¿De dónde salen esos fondos? ¿Por qué una empresa sin historial, creada por un exfuncionario, fue beneficiada con semejante oportunidad? ¿Quién fiscalizó la operación? Las preguntas no son menores, sobre todo cuando se habla de recursos naturales, de soberanía energética y de gestión pública.
El mercado energético argentino no olvida. Javier Iguacel fue uno de los artífices del ajuste en el sector durante el macrismo. Primero, como director de Vialidad Nacional, donde utilizó su cargo para promover causas judiciales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y luego como reemplazante de Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía. Su gestión terminó en escándalo. Intentó aplicar una resolución que permitía a las distribuidoras de gas cobrarle a los usuarios, en cuotas, la diferencia generada por la devaluación. El rechazo fue unánime. Lo obligaron a dar marcha atrás. Poco tiempo después, dejó el cargo.
Pero la política argentina da revancha. Entre 2019 y 2023 fue intendente de Capitán Sarmiento. Y, con el ascenso de Javier Milei, volvió a sonar fuerte en los pasillos del poder. Macri lo propuso para presidir YPF. No prosperó. Entonces, optó por el camino privado. Aunque, en este caso, lo privado está íntimamente ligado a lo público. Porque lo que está en juego no es un kiosco de barrio ni una startup tecnológica, sino áreas petroleras que pertenecieron a la principal empresa del Estado argentino.
La movida es audaz. Bentia Energy, esa criatura empresarial recién nacida, adquirió siete concesiones de YPF: Señal Cerro Bayo, Volcán Ruca Mahuida, Don Ruiz, Las Mandas, Al norte del dorsal, Octógono Fiscal y Dadín. En total, unas 200.000 acres, divididas en los clusters norte y sur. Según la información publicada, el cluster norte produce actualmente unos 3.250 barriles equivalentes por día, principalmente de petróleo. El sur, unos 3.700 barriles, con mayor proporción de gas. Son áreas maduras, sí, pero productivas.
El plan de Iguacel es ambicioso: perforar 34 pozos nuevos, reparar otros 41 y abandonar más de 400 que están inactivos. También se propone monetizar el gas que hoy se reinyecta para facilitar la extracción de petróleo. Calculan que podrían vender hasta 200.000 metros cúbicos diarios. Todo suena prolijo, técnico, casi lógico. Pero cuando se raspa la superficie, las alarmas se disparan.
Porque la historia no termina en Iguacel. En la gestión de Bentia también participa su exjefe de gabinete en la cartera de Energía, Lucas Logaldo, un nombre sin antecedentes en el sector petrolero. Se suman otros inversores, no identificados. ¿Es una operación transparente o una privatización encubierta? ¿Se trata de meritocracia empresarial o de un reciclaje de funcionarios amigos del poder?
En este contexto, la prédica anticasta de Javier Milei se convierte en una caricatura. ¿Cómo se justifica que un exfuncionario de Macri, que intentó aplicar tarifazos y medidas impopulares, ahora termine siendo beneficiado con activos del Estado? ¿Qué lógica guía al gobierno cuando entrega parte del corazón energético del país a empresas sin trayectoria? ¿No es esto exactamente lo que se prometió combatir?
La creación exprés de Bentia Energy no solo pone en evidencia una preocupante falta de controles, sino también una política de entrega que se repite con matices desde los años noventa. El capital simbólico de YPF, recuperada en 2012 como emblema de soberanía energética, hoy es nuevamente rifado. Ya no con el escándalo de una privatización escandalosa, sino con la justificación técnica de la “eficiencia operativa”. Un maquillaje neoliberal con sabor a pasado.
Y todo esto ocurre mientras el gobierno recorta presupuestos, desfinancia universidades, paraliza obras públicas y reprime la protesta social. En nombre del ajuste, se castiga a la sociedad. Pero en nombre del mercado, se benefician los amigos. El doble estándar es obsceno. Mientras se le exige al pueblo “hacer sacrificios”, se abren las puertas del negocio a exministros con prontuario.
El caso Bentia no es una anécdota menor. Es el ejemplo más claro de hacia dónde va la política energética del gobierno de Javier Milei. Una política que, detrás del discurso incendiario contra el Estado, oculta una reedición brutal del viejo modelo de saqueo. Sin licitaciones públicas, sin transparencia, sin planificación nacional. Solo negocios, favores y retornos.
Quizás el mayor problema no sea que Iguacel vuelva, sino que lo haga por la puerta grande. Y que lo haga con el aval de un gobierno que se dice libertario, pero que reproduce las peores prácticas del capitalismo de amigos. Porque cuando los recursos del Estado terminan en manos de exfuncionarios, cuando el control social se diluye, cuando las decisiones estratégicas se toman a espaldas del pueblo, lo que está en juego no es solo una concesión. Lo que se pone en duda es el propio contrato democrático.
La historia de Bentia Energy es apenas el prólogo de un guión que ya conocemos. Un guión donde los mismos de siempre, disfrazados de emprendedores, se reparten lo que es de todos. Donde los funcionarios se reciclan como empresarios y los recursos estratégicos pasan a ser fichas en un casino geopolítico.
Y lo más indignante es que lo hacen con una sonrisa. Con total impunidad. Como si nada. Como si la memoria del pueblo argentino fuera un detalle menor. Pero no lo es. Porque cada barril que salga de esas tierras, cada pozo perforado, cada metro cúbico de gas monetizado, será también una muestra de cómo el poder sigue reproduciéndose a sí mismo. Aunque cambien las caras, aunque se agiten nuevas banderas.
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