El gobierno anunció la eliminación temporaria de retenciones al agro hasta fines de octubre, pero el costo fiscal supera los US$1.000 millones y compromete el acuerdo con el FMI.
El gobierno de Javier Milei volvió a mostrar que su prioridad está lejos del equilibrio de las cuentas públicas que tanto proclama en discursos y entrevistas. La eliminación temporaria de las retenciones al complejo oleaginoso y cerealero, medida anunciada hasta el 31 de octubre, tendrá un costo directo de alrededor de US$1.000 millones, lo que equivale al 46% del superávit previsto para este año. En otras palabras: casi la mitad del esfuerzo fiscal que el propio oficialismo promete sostener frente al Fondo Monetario Internacional se esfuma en un guiño al sector más poderoso del campo.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló que el costo fiscal directo imputable al 2025 equivale a 0,15% del PBI, mientras que la pérdida neta de recaudación del impuesto a las ganancias llega a 0,14%. En un país donde cada décima del PBI se discute como si fuera oro, la decisión oficial desnuda una contradicción: mientras se recorta en educación, salud e investigación, se le concede al agro un beneficio que erosiona las bases de la estabilidad fiscal.
La magnitud del agujero queda más clara cuando se analizan los escenarios planteados por el IARAF. Dependiendo del nivel de liquidación de soja y maíz, la pérdida de recaudación oscilaría entre US$1.460 millones y US$1.600 millones, es decir, entre 0,25% y 0,28% del PBI. Si bien el estudio contempla posibles efectos indirectos de mayor recaudación —como un aumento en el impuesto a las ganancias por mayor renta empresaria o un impulso al consumo—, los números duros no se modifican: la medida compromete el cumplimiento del Presupuesto 2026 y tensiona aún más la relación con el FMI.
El relato oficial insiste en que la eliminación de retenciones estimulará las exportaciones y generará un “derrame” en la economía. Sin embargo, los propios cálculos muestran que apenas un 8% de la reducción de derechos de exportación podría compensarse vía coparticipación del impuesto a las ganancias. En el mejor de los casos, el costo fiscal seguiría siendo de 0,23% del PBI, una cifra significativa para un gobierno que se jacta de tener el “ajuste más grande de la historia de la humanidad”.
El trasfondo político es evidente. Milei necesita mostrar señales de cercanía con el campo, uno de los sectores que más apoyó su candidatura y que reclama permanentemente por la eliminación de retenciones. Pero el costo lo paga el conjunto de la sociedad. ¿Cómo justificar un beneficio multimillonario para los exportadores mientras se le exige sacrificio a jubilados, trabajadores y estudiantes universitarios? ¿Con qué legitimidad se pide ajuste a la mayoría cuando se abren de par en par las arcas del Estado para favorecer a unos pocos?
La medida es temporal, sí, pero el daño fiscal ya está hecho. Y lo más grave es que expone la fragilidad de un programa económico que se presenta como inflexible, pero que se acomoda cuando se trata de beneficiar a los poderosos. El “orden” prometido por Milei se convierte, otra vez, en un privilegio para algunos y en un castigo para todos los demás.
Fuente
.https://noticiasargentinas.com/economia/quita-de-retenciones–estiman-costo-fiscal-en-us-1-000-millones-con-perdida-equivalente-al-46–del-superavit_a68d1b1a5930ba966a5273d36
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