Cierres intempestivos, suspensiones masivas y derechos laborales recortados marcan el pulso de una industria textil asfixiada por la recesión, mientras el Gobierno celebra el “orden macro” y deja a miles a la intemperie.
En Córdoba y Tierra del Fuego, dos historias distintas revelan un mismo patrón: empresas históricas que cierran o frenan su actividad, trabajadores notificados en vacaciones y el uso discrecional de herramientas legales para pagar menos. Detrás, una política económica que empuja a la industria al abismo y normaliza el daño social.
El cierre de La Texto Fabril, en Alta Gracia, no fue un accidente ni un rayo en cielo despejado. Fue el desenlace de un proceso prolongado de deterioro productivo, silencios patronales y señales de alarma ignoradas, que culminó de la peor manera posible: con telegramas de despido enviados mientras los trabajadores estaban de vacaciones y una propuesta de pagar apenas el 50% de las indemnizaciones. Ochenta años de historia industrial clausurados con una frialdad administrativa que duele, no sólo por la pérdida de empleos sino por el mensaje que deja flotando en el aire: en la Argentina del ajuste, el trabajo vale menos.
La escena es brutal por lo que simboliza. Una fábrica fundada en 1946, que atravesó gobiernos, crisis, planes económicos y cambios tecnológicos, no resistió el nuevo ciclo de recesión profunda. Los últimos 29 operarios de planta, algunos con más de tres décadas de antigüedad, fueron notificados cuando el descanso obligatorio se transformó en una trampa. No hubo aviso previo, no hubo diálogo claro, no hubo un horizonte de transición. Hubo, en cambio, una apelación al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita indemnizaciones reducidas en contextos de crisis, sin que se acreditara debidamente el procedimiento preventivo correspondiente. La ley usada como escudo, no como garantía.
Los testimonios de los trabajadores reconstruyen un camino de degradación productiva que no comenzó ayer. Reducciones horarias, eliminación de horas extras, menos días de trabajo, caída abrupta de la producción. Rumores de venta, versiones de achique, pasillos cargados de incertidumbre. Nada de eso fue enfrentado con transparencia por la empresa. El silencio patronal se volvió política de gestión, hasta que el cierre fue un hecho consumado. Cuando la dirigente de la Asociación Obrero Textil denunció el incumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del procedimiento preventivo de crisis, puso palabras a una sensación compartida: se prometió una cosa y se hizo otra.
Este episodio cordobés no es una excepción. Es un síntoma. Y cuando se lo coloca junto a lo que ocurre en Tierra del Fuego, el cuadro se completa con trazos aún más preocupantes. Allí, la textil Sueño Fueguino no cerró, pero suspendió por tres meses a la totalidad de su personal. Setenta y un trabajadores quedaron en pausa, bajo un esquema acordado con representación sindical para evitar despidos directos. La empresa seguirá pagando salarios durante el período sin tareas, combinando porcentajes sobre remuneraciones brutas y netas. La decisión se presenta como un mal menor, una estrategia defensiva para sostener la estructura productiva hasta que mejore el nivel de pedidos. Pero detrás de ese lenguaje técnico hay una realidad cruda: la actividad se desplomó.
Los datos sectoriales son elocuentes. Varias plantas textiles operan hoy entre el 27% y el 30% de su capacidad instalada. A esos niveles, la eficiencia industrial se evapora, los costos unitarios se disparan y la continuidad productiva se vuelve una apuesta riesgosa. La retracción del consumo interno, combinada con una política económica que prioriza el ajuste fiscal y la apertura indiscriminada, dejó a la industria nacional sin red. En Río Grande, Sueño Fueguino acumuló stock, redujo despachos y produjo sólo para compromisos puntuales antes de decidir la suspensión. No fue una decisión caprichosa: fue la consecuencia directa de un mercado interno en terapia intensiva.
La situación fueguina suma, además, una capa adicional de incertidumbre. La empresa enfrenta un proceso judicial vinculado a su encuadre dentro del régimen promocional provincial, hoy bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La posible pérdida de beneficios fiscales amenaza con alterar de manera decisiva su estructura de costos. En un esquema industrial tan sensible como el fueguino, donde la competitividad depende en gran medida de incentivos impositivos y del volumen de ventas internas, cualquier modificación abrupta puede resultar letal. El futuro de la empresa, y de sus trabajadores, pende de resoluciones que exceden largamente su capacidad de control.
Mientras tanto, el entramado manufacturero local se deshilacha. En la electrónica Aires del Sur, más de cien empleados iniciaron un paro y permanecen en la planta por atrasos salariales y falta de definiciones empresarias. A comienzos de año, el cierre de Tel-Fu dejó a cincuenta trabajadores en la calle. Los casos se acumulan, se encadenan, se potencian. No son hechos aislados: conforman una tendencia.
Lo que une a Córdoba y Tierra del Fuego no es sólo la pertenencia al sector textil o industrial, sino el contexto político y económico en el que estas decisiones se toman. El gobierno de Javier Milei insiste en que el ajuste era inevitable, que el sacrificio presente traerá beneficios futuros, que el mercado ordenará lo que la “casta” desordenó. Sin embargo, en el territorio, el orden prometido se traduce en fábricas cerradas, suspensiones, indemnizaciones recortadas y trabajadores que pasan de producir a resistir.
La apelación al artículo 247 para pagar la mitad de las indemnizaciones, sin cumplir los requisitos legales completos, no es un detalle técnico. Es una señal de época. Una época en la que se flexibilizan de hecho derechos conquistados durante décadas, bajo el argumento de la crisis, mientras el Estado se retira de su rol de control y protección. Una época en la que se naturaliza que un telegrama llegue en vacaciones, como si la forma no importara, como si el impacto humano fuera un daño colateral aceptable.
En Tierra del Fuego, el acuerdo de suspensiones muestra otro rostro del mismo problema. La intervención sindical logró evitar despidos inmediatos, pero no puede revertir la caída estructural de la demanda ni la fragilidad del modelo productivo frente a un programa económico que enfría el consumo y encarece la producción. Se gana tiempo, nada más. Y el tiempo, sin políticas activas, suele jugar en contra de los trabajadores.
Reconocer la complejidad del escenario no implica renunciar a la crítica. La industria textil argentina arrastra problemas históricos, desde la competencia importada hasta la informalidad y la falta de inversión. Pero el actual contexto profundiza esas debilidades en lugar de abordarlas. El gobierno eligió un camino de shock que golpea primero y explica después. En ese trayecto, las fábricas no esperan, los trabajadores no comen expectativas y las comunidades locales pagan el precio.
La Texto Fabril cerró después de ochenta años. Sueño Fueguino suspendió a su personal para sobrevivir. Entre un extremo y otro se despliega el mapa de una Argentina productiva en retroceso. No es sólo una discusión económica: es una disputa por el sentido del trabajo, por el valor social de la industria, por el tipo de país que se construye cuando el ajuste se convierte en doctrina y la sensibilidad social en un estorbo.
El drama no termina en los portones cerrados ni en las plantas en pausa. Continúa en los hogares que ajustan gastos, en los pueblos que pierden actividad, en los saberes productivos que se diluyen. Y mientras el discurso oficial celebra indicadores macroeconómicos, la microeconomía cotidiana grita otra cosa. La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿cuántas fábricas más deben cerrar o suspender antes de admitir que el rumbo elegido está desindustrializando el país?
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