Un fuerte contrapunto en redes reavivó la discusión sobre el régimen de beneficios que recibe Mercado Libre. Mientras la empresa asegura que paga 14 veces más impuestos de lo que recibe por la Ley de Economía del Conocimiento, críticos señalan que la firma se sostiene con exenciones privilegiadas y que su fundador tributa en el exterior.
La disputa pública expone una tensión creciente: ¿se trata de un modelo de desarrollo exportador que genera empleo o de un gigante tecnológico que sostiene su expansión gracias a subsidios, alivios fiscales y un esquema que no está al alcance de cualquier pyme? Entre acusaciones de “angurria empresarial” y defensas corporativas basadas en auditorías y cifras, el debate vuelve a iluminar el delicado equilibrio entre promoción estatal y desigualdad tributaria.
El cruce comenzó con un posteo contundente, emocional y filoso. Un usuario, cuyo perfil se presenta como crítico de todo oficialismo, apuntó directamente contra Mercado Libre y contra lo que considera una práctica habitual de las grandes corporaciones tecnológicas: maximizar beneficios privados mientras reclaman alivios públicos. Su frase inicial, “no das trabajo, necesariamente comprás tiempo a personas para lograr tus objetivos de ganancias”, no sólo denuncia la lógica del capitalismo digital, sino que desarma la narrativa empresarial de la “generación de empleo” como acto altruista. Su planteo es simple pero incómodo: las compañías contratan porque lo necesitan, no porque quieran “hacer el bien”.
El autor va más allá y subraya un punto que incomoda al ecosistema pyme argentino: las grandes compañías pagan “14 veces más por su volumen operado”, pero proporcionalmente tributan lo mismo que cualquier empresa pequeña. La diferencia, sostiene, es que mientras una pyme no accede a casi ningún alivio fiscal, un gigante como Mercado Libre extiende la mano para recibir subsidios y exenciones en nombre del estímulo a la economía del conocimiento. La crítica se vuelve aún más punzante cuando recuerda que el fundador de la empresa, considerado uno de los hombres más ricos del país, decidió tributar en otra jurisdicción “por angurria”, según sus palabras. Esa mudanza fiscal, interpretada como una estrategia para reducir cargas impositivas, funciona como símbolo de una inequidad estructural: los que más tienen pueden elegir bajo qué bandera pagar impuestos; los demás no.
Frente a estas críticas, Mercado Libre publicó un comunicado que busca ordenar el debate y recuperar legitimidad pública. La empresa sostiene que en los últimos cinco años pagó “14 veces más impuestos propios de lo que accedió en beneficios” gracias a la Ley de Economía del Conocimiento (LEC). Según su versión, los incentivos no son privilegios sino herramientas que promueven exportaciones, inversión y generación de empleo calificado. En un gesto evidente de defensa institucional, el comunicado asegura que para acceder a estos beneficios cumplió todas las condiciones exigidas por la normativa, incluidas auditorías realizadas por organismos como la Universidad de Buenos Aires.
La firma remarca que emplea en Argentina a más de quince mil personas, de las cuales siete mil se desempeñan en áreas tecnológicas. Afirma también que sólo en 2024 exportó servicios por más de 920 millones de dólares y que pagó impuestos propios por 1.128 millones, además de retenidos de terceros por más de 2.000 millones. Estas cifras aparecen acompañadas de gráficos diseñados para reforzar la narrativa corporativa: más impuestos, más empleo, más crecimiento. Es un intento de contrarrestar las acusaciones de privilegio mostrando una ecuación positiva para el Estado y para el país.
El comunicado insiste en un concepto clave: la LEC no es una dádiva, sino una política pública aprobada por el Congreso que define reglas claras para sectores estratégicos de la economía digital. Según la empresa, Argentina es el único país de la región donde la normativa se encuentra bajo cuestionamientos constantes, mientras que en otros países se la considera una herramienta eficaz para competir en el mercado global del talento digital. Desde esa perspectiva, el problema no sería el beneficio, sino la tendencia local a sospechar de cualquier incentivo fiscal dirigido a grandes empresas.
Sin embargo, el planteo original del usuario que marcó la polémica pone el énfasis en otro lugar: la desigualdad. Su crítica apunta a la estructura de poder del capitalismo digital, donde una compañía que declara pagar cifras récord en impuestos también recibe exenciones y subsidios que ninguna pyme podría soñar. En ese marco, la frase “extendés la mano para recibir subsidios de privilegio” funciona como una acusación política y moral: no se cuestiona sólo la legalidad del beneficio, sino su legitimidad ética en un país donde miles de pequeñas empresas pagan impuestos sin recibir apoyo estatal a cambio.
La figura del fundador, que el autor menciona sin nombrarlo explícitamente, opera como símbolo de ese conflicto. Su residencia fiscal en el exterior es leída como una maniobra para reducir la carga impositiva personal, algo legal pero socialmente irritante. El mensaje implícito es claro: si la compañía más grande del país necesita beneficios para funcionar y su principal accionista elige no tributar en Argentina, entonces el debate sobre “qué aporta realmente Mercado Libre” está lejos de agotarse.
La empresa, por su parte, intenta cerrar la discusión llevando el foco a los “resultados concretos”: exportaciones, empleo, inversiones y competitividad internacional. Afirma que la conversación pública debería centrarse en estos indicadores y no en lo que define como “cuestionamientos obsoletos”. El uso de esa palabra sugiere que la crítica social estaría desactualizada, que no comprende cómo funciona la economía digital y que parte de prejuicios ideológicos hacia las grandes corporaciones tecnológicas.
Pero la tensión entre ambas miradas no se resuelve tan fácilmente. El debate no es técnico, es político. Las cifras de Mercado Libre pueden ser ciertas, pero conviven con una realidad que muchos ciudadanos observan con creciente fastidio: el crecimiento de las corporaciones parece no implicar automáticamente una mejora proporcional en las condiciones de vida del resto. La empresa puede exhibir récords de empleo, mientras miles de trabajadores denuncian sueldos bajos en el sector logístico; puede pagar impuestos millonarios, mientras obtiene beneficios fiscales que otros sectores no reciben; puede presentarse como líder de la innovación, mientras la discusión pública se pregunta si el Estado está poniendo demasiado en un solo jugador.
En este intercambio, el lenguaje emocional del primer posteo expresaba algo más profundo: la sensación de que en Argentina las reglas no son iguales para todos. Que las empresas más grandes tienen mecanismos para alivianar su carga fiscal mientras las más chicas naufragan entre impuestos y trámites. Que el mérito no siempre alcanza, porque el poder económico termina inclinando la cancha.
El comunicado de Mercado Libre intenta responder a esas percepciones con números y gráficos, con argumentos institucionales y con una defensa de la LEC como política de Estado aprobada por gobiernos de distinto signo. El problema es que, aunque los datos puedan ser correctos, el debate social no se resuelve sólo con cifras. Hay una discusión más profunda sobre el rol del Estado, la equidad tributaria, la concentración económica y los límites del poder corporativo. Esa conversación no se va a agotar.
Lo que queda claro es que el tema seguirá en la agenda. No sólo porque Mercado Libre es un actor central de la economía argentina, sino porque la desigualdad tributaria, la fuga de capitales y las tensiones entre pymes y grandes corporaciones son debates estructurales que aún esperan resolución. En un país donde cada ayuda fiscal se discute como privilegio o inversión estratégica, cualquier beneficio a una empresa gigante se convierte, inevitablemente, en un campo de batalla político.
Cruce por la Ley de Economía del Conocimiento: Mercado Libre se justifica y usuarios cuestionan sus exenciones
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