El Gobierno habilitó una ventana de exportaciones sin retenciones que benefició a un puñado de multinacionales y dejó a los productores mirando desde la vereda de enfrente.
En apenas 72 horas, once cerealeras se apropiaron del cupo de 7.000 millones de dólares con retenciones cero. El resultado: ganancias extraordinarias para Bunge, Cofco, LDC y Cargill, mientras los productores quedaron marginados y con la sensación de haber sido usados por el propio gobierno de Javier Milei.
La bronca en el campo contra el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, no es para menos. Lo que se presentó como una medida para aliviar al sector terminó siendo un negocio redondo para las grandes cerealeras. El decreto que habilitaba exportaciones por 7.000 millones de dólares sin retenciones fue aprovechado de inmediato por las gigantes del rubro, que en apenas tres días inundaron al Banco Central con órdenes de liquidación y coparon todo el cupo disponible.
La operación fue tan quirúrgica como escandalosa. Según estimaciones, once compañías concentraron la movida y se repartieron una ganancia extraordinaria de 2.000 millones de dólares en apenas 72 horas. Bunge, LDC, Cofco y Cargill encabezaron la avanzada, respaldadas por la capacidad financiera que les permitió adelantar declaraciones juradas y cerrar negocios millonarios, mientras los productores más chicos quedaron afuera sin siquiera tiempo de reaccionar.
La sensación de estafa recorre a las bases rurales. Desde la Federación Agraria advirtieron que “el grano ya estaba en manos de los exportadores”, lo que confirma que la jugada estaba pactada de antemano. “Mientras hablaban con nosotros, el Gobierno ya había cerrado el acuerdo con las cerealeras. El campo la vio pasar”, resumió crudamente un dirigente. En Rosario, incluso la propia Sociedad Rural rompió su alineamiento con Milei y denunció que la medida generó “exclusión, desequilibrios y malestar” en quienes sostienen la producción.
El enojo no es solo por quedar afuera del beneficio, sino por la manera en que las cerealeras jugaron con ventaja. Muchos productores sospechan que las exportadoras liquidaron granos que ya habían comprado descontando retenciones, o incluso declararon ventas futuras con la misma lógica. En otras palabras, el negocio lo hicieron doble: aprovecharon el regalo del gobierno y, al mismo tiempo, le transfirieron la pérdida a los productores.
El impacto fiscal tampoco es menor. El propio Ejecutivo reconoció que se perderán 1.500 millones de dólares de recaudación, un costo que, en teoría, debía servir para oxigenar al sector agropecuario. Pero la realidad es que los beneficios quedaron concentrados en menos de una docena de jugadores globales, mientras el resto del campo apenas recibió promesas vacías.
Lo paradójico es que Javier Milei buscaba recomponer la relación con el agro de cara a las elecciones, pero terminó provocando el efecto contrario. Productores medianos y pequeños hoy sienten que fueron usados como pantalla para justificar un negociado entre Caputo y las cerealeras. “Ni Massa se animó a tanto”, ironizó el exministro Ricardo Buryaile, recordando los cuestionados planes “dólar soja” del gobierno anterior que, al menos, incluían a los productores.
El trasfondo es todavía más oscuro si se considera que Caputo y dos de sus funcionarios más cercanos, Juan Pazo y Daniel González, arrastran intereses directos en el sector agropecuario. Desde negocios con chips para el ganado hasta la compra de Profertil por parte de Adecoagro, las conexiones alimentan la sospecha de que este esquema no fue una casualidad, sino un traje a medida para los grandes exportadores.
La conclusión es amarga: mientras un puñado de multinacionales celebran ganancias inéditas, miles de productores vuelven a quedar a la intemperie. El gobierno de Milei prometió terminar con los privilegios, pero terminó consolidando uno de los mayores privilegios del modelo extractivista: la transferencia directa de riqueza desde el campo productivo hacia las corporaciones cerealeras.
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