El diputado libertario presentó un proyecto para derogar la Ley 14.650, que fomenta la economía social y solidaria. La iniciativa es parte de su “Paquete Desregulador” y responde a la lógica del ajuste y la privatización total del tejido social.
La propuesta de Castello no sólo implica un retroceso en derechos conquistados por la economía popular, sino que pone en jaque a miles de trabajadores que subsisten fuera del empleo formal. El argumento de “luchar contra la corrupción” es, en realidad, una excusa para avanzar con una agenda que desprecia toda forma de organización colectiva.
En sintonía con el ideario de Javier Milei, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para derogar la Ley Provincial Nº 14.650, que desde 2014 brinda un marco legal para la promoción de la economía social y solidaria en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, presentada como parte de su llamado “Paquete Desregulador”, busca suprimir uno de los pocos instrumentos institucionales que reconocen y respaldan a millones de trabajadores y trabajadoras informales, cooperativistas, mutualistas y actores de la economía popular que no acceden al empleo formal pero construyen alternativas dignas, productivas y organizadas.
“Promover la pobreza”: el relato libertario
Según Castello, esta ley “no cumple su cometido” y “promueve la corrupción y la informalidad”. A través de una retórica provocadora, típica del espacio libertario, el legislador argumenta que estas políticas “mantienen cautivos a los beneficiarios” y “no les permiten progresar”. En su cruzada contra el “estatismo”, sostiene que las compras estatales a cooperativas o asociaciones populares —previstas en hasta un 5%— representan una injusticia para “los contribuyentes”.
En sus fundamentos, Castello repite una fórmula clásica del neoliberalismo más dogmático: acusar de corrupción cualquier forma de redistribución estatal, deslegitimar la organización comunitaria y presentar como “libertad” el retiro total del Estado. Para eso, incluso utiliza las auditorías del Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello— como supuesta prueba de irregularidades, aun cuando muchas de esas auditorías fueron utilizadas para justificar recortes sin proceso legal.
Golpe a la organización social
La Ley 14.650, sancionada en 2014, fue producto de una larga lucha de movimientos sociales, cooperativas, mutuales y organizaciones barriales. Su objetivo es visibilizar, formalizar y fortalecer a los sectores históricamente marginados del mercado laboral, reconociendo sus aportes a la economía y creando herramientas concretas como un registro oficial de efectores, capacitaciones, y la obligación estatal de incorporar productos y servicios del sector en sus compras públicas.
Eliminar esta norma no es simplemente un “recorte administrativo”: es un ataque directo a una forma alternativa de construir trabajo y comunidad, en un contexto de creciente desempleo, recesión económica y ajuste brutal del gobierno nacional.
¿Menos regulaciones o más desigualdad?
La eliminación de esta ley no es un hecho aislado. Forma parte de un paquete ideológico que Castello denomina “Paquete Desregulador”, compuesto por otras propuestas como eliminar la obligación de talles diversos en indumentaria femenina, derogar regulaciones sanitarias en cartas de restaurantes o incluso permitir ferias comerciales en pueblos pequeños sin control alguno.
Todo bajo la consigna “menos regulaciones, más libertad”, que oculta un objetivo claro: desmantelar derechos, flexibilizar sin límites, eliminar controles públicos y dejar todo librado a la lógica del mercado.
La desregulación que propone Castello no es sinónimo de libertad, sino de desprotección, precariedad y profundización de las desigualdades sociales. El argumento de que “el Estado gasta en lo que el contribuyente no elegiría” desconoce que el rol del Estado es, precisamente, garantizar derechos que el mercado no reconoce ni respeta.
Un discurso funcional al poder económico
El discurso libertario —que demoniza la economía popular, las organizaciones sociales y la acción estatal— es profundamente funcional a los sectores concentrados del poder económico. Al negar valor a las redes comunitarias, al atacar a quienes se organizan por fuera del sistema formal, y al destruir herramientas de contención social, se pavimenta el camino hacia una sociedad más desigual, más fragmentada y más violenta.
Castello no propone soluciones para los excluidos, sino la desaparición de sus herramientas de subsistencia. No propone combatir la pobreza, sino invisibilizarla. Su proyecto no es un ajuste técnico, sino una decisión política y simbólica contra los sectores populares.
En tiempos donde se profundiza la crisis social, la derogación de una ley que promueve la economía solidaria no es una medida neutra ni inocente: es una forma de profundizar el ajuste y destruir las pocas redes de contención que aún quedan en pie.
Fuentes:
- https://diputadosbsas.com.ar/guillermo-castello-economia-popular-pba/
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