Argentina cae al último puesto salarial de América Latina bajo el gobierno de Milei

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Los datos del Celag y de la UBA revelan el fracaso del “ancla salarial” del Gobierno: la Argentina quedó en el fondo del ranking latinoamericano y su salario mínimo cayó incluso por debajo del que existía antes del estallido de la convertibilidad.

Mientras la Casa Rosada reconoce que utilizó los ingresos de los trabajadores como herramienta central del ajuste, los indicadores muestran un deterioro sin precedentes. Con apenas 225 dólares, el salario mínimo argentino es hoy el más bajo de América Latina y ha perdido un 34% de su poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al poder.

La fotografía actual del salario argentino es tan cruda que, por momentos, cuesta dimensionarla. No se trata solo de una nueva caída, ni de un traspié coyuntural. Lo que muestran los informes del Celag y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA es un derrumbe histórico, un retroceso que nos devuelve a los días más oscuros de la crisis del 2001. Esa comparación, que durante décadas funcionó como un límite simbólico —el piso de lo que un país no podía volver a permitir— fue finalmente perforada bajo la administración de Javier Milei.

El propio Gobierno lo admite entre líneas. Funcionarios de la Casa Rosada reconocieron que la gestión libertaria usó el ingreso de los trabajadores como “ancla del ajuste y la desaceleración de la inflación”. La frase, seca y sin anestesia, expone una decisión política deliberada: sostener la baja de precios a costa del deterioro masivo del poder adquisitivo. Y los números lo ratifican con crudeza. Con un salario mínimo de apenas 225 dólares actualizados a noviembre de 2025, la Argentina se hundió hasta el último lugar del ranking latinoamericano.

Bolivia, Paraguay y hasta Uruguay quedaron por encima, pero lo más humillante es la distancia que nos separa de Costa Rica, que encabeza la lista con 729 dólares. Tres veces más. La brecha es tan profunda que no hace falta ser economista para advertir que algo está roto en la estructura misma del modelo económico que defiende el oficialismo.

La comparación internacional es apenas el primer golpe. El segundo es interno, más emocional, porque interpela directamente la memoria colectiva del país. Según la Facultad de Económicas de la UBA, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió un 34% de su poder adquisitivo. El deterioro fue inmediato y brutal: una caída del 15% en diciembre de 2023 —el primer mes del gobierno libertario— y otro desplome del 17% en enero de 2024. Desde entonces, cada ajuste nominal fue apenas un maquillaje incapaz de revertir la sangría.

Para septiembre de 2025, el salario mínimo real quedó por debajo del nivel del 2001, antes del estallido de la convertibilidad. Ese dato solo debería encender todas las alarmas institucionales de un país que ya vivió las consecuencias de empujar a millones hacia la pobreza con políticas de “shock”. Pero el Gobierno insiste con su relato, culpando al pasado, al “colectivismo” y a la “casta”, mientras dos tercios de la población vive con ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares no supera los 800 mil pesos per cápita. No son estadísticas aisladas: describen un deterioro estructural que ya se filtra en cada rincón del tejido social.

Es cierto que la situación es compleja y que hay múltiples variables que influyen en el tipo de cambio, en la inflación y en la capacidad salarial del país. Pero tampoco se puede ignorar que las decisiones ideológicas del Gobierno aceleraron ese proceso. El “salario como ancla” no es una explicación técnica: es un dogma que impone sacrificios a un solo sector social, siempre el mismo, siempre el más débil.

Con esta política, Milei prometía un rebote rápido, una recuperación explosiva, una especie de recompensa final para quienes aguantaran el ajuste. Sin embargo, casi dos años después de su asunción, los datos muestran lo contrario. El deterioro del ingreso fue tan acelerado que ni siquiera los sectores formales lograron compensarlo. La mayoría perdió poder de compra, los consumos básicos se desplomaron y millones de familias viven en un nivel de precariedad que crece sin pausa.

Nada de esto es un accidente. En la lógica del oficialismo, el salario debe “acomodarse a la productividad”, lo que en la práctica significa bajarlo hasta niveles regionales extremadamente bajos para “atraer inversiones”. Pero ¿qué inversión sostenible puede construirse sobre un país que empobrece sistemáticamente a su población? ¿Qué futuro puede ofrecerse cuando el salario real retrocede un cuarto de siglo?

La incertidumbre atraviesa toda discusión económica. Es posible que algunos indicadores macro mejoren temporalmente. Es probable que ciertos sectores exportadores crezcan. Pero nada de eso compensa un modelo que convierte el ingreso en variable de ajuste permanente. Porque sin salarios dignos no hay mercado interno, ni movilidad social, ni cohesión democrática que pueda resistir a largo plazo.

La realidad es que Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, se convirtió en el país con los sueldos más bajos de la región y volvió a los niveles salariales del 2001. Esta vez, sin crisis bancaria, sin corralito y sin estallido institucional que sirva como excusa. Solo con un programa económico que decidió que la carga principal del ajuste recaería sobre los trabajadores.

La pregunta que persiste —y que cada vez más argentinos se hacen— es cuánto tiempo puede sostenerse un país con salarios de miseria, con trabajadores empobrecidos y con un gobierno que celebra estos indicadores como si fueran señales de éxito.