La tierra habla en La Perla: identifican restos de 12 desaparecidos y la memoria vuelve a golpear a un país que aún discute sus derechos humanos. A casi medio siglo del terrorismo de Estado, excavaciones forenses en el ex centro clandestino de Córdoba permitieron identificar parcialmente a doce víctimas de la dictadura. Entre ellas, el cordobés Mario Alberto Nívoli, secuestrado en 1977.
El hallazgo en el predio militar de La Calera reabre una herida histórica y confirma lo que durante décadas negaron los verdugos: el aparato represivo dejó rastros imposibles de borrar. La identificación parcial de doce desaparecidos vuelve a poner en el centro del debate la memoria, la justicia y el peligro de relativizar el pasado en un contexto político que tensiona las políticas de derechos humanos.
La tierra guarda secretos. Pero a veces, después de décadas de silencio, decide hablar. Y cuando lo hace, el resultado suele ser incómodo para quienes prefieren mirar hacia otro lado. En Córdoba, en el predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención La Perla, la tierra volvió a decir lo que los archivos militares, los pactos de silencio y las complicidades institucionales intentaron esconder durante casi cincuenta años.
La Justicia federal confirmó la identificación genética parcial de los restos de doce personas desaparecidas durante la última dictadura militar argentina. Los restos fueron hallados en excavaciones realizadas en el predio donde operó uno de los principales centros de represión ilegal del país. El hallazgo, anunciado en marzo de 2026, se produjo tras trabajos de excavación realizados en 2025 en un sector conocido como “Loma del Torito”, dentro de la guarnición militar de La Calera.
El operativo estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Se trata de un trabajo científico meticuloso que combina arqueología, genética y antropología para reconstruir aquello que el terrorismo de Estado intentó borrar. Cada hueso encontrado, cada fragmento analizado, cada coincidencia genética es una pieza más en el rompecabezas de la memoria.
La identificación anunciada por el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba es, por ahora, parcial. Eso significa que los estudios genéticos continúan y que el proceso todavía debe completarse con nuevas pericias y confirmaciones antes de divulgar públicamente todas las identidades. Sin embargo, la noticia ya marca un punto de inflexión: se trata de uno de los avances más significativos en la investigación sobre La Perla en décadas.
El anuncio llega además en un contexto cargado de simbolismo histórico. Se produce a pocos días del cincuenta aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aquel que inauguró el período más oscuro de la historia argentina reciente. Un régimen militar que instauró un sistema organizado de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos.
La Perla fue uno de los epicentros de ese sistema. Ubicado a unos veinte kilómetros de la ciudad de Córdoba, el centro clandestino funcionó bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército y se convirtió en una pieza clave del engranaje represivo en el interior del país. Por ese lugar pasaron entre 2.200 y 2.500 personas detenidas ilegalmente. La mayoría nunca volvió a aparecer.
Los testimonios de sobrevivientes reconstruyeron con crudeza lo que ocurría dentro de esas instalaciones. Detenciones clandestinas, torturas sistemáticas, violencia sexual, condiciones de cautiverio inhumanas. La lógica del terror estaba diseñada para quebrar cuerpos y voluntades.
Pero el final del recorrido era todavía peor. Muchos detenidos eran trasladados a zonas cercanas para ser ejecutados. Dentro del propio centro, los represores utilizaban una expresión brutal para referirse a ese destino: “ir al pozo”. Una frase que funcionaba como sentencia de muerte.
La estructura represiva estaba comandada por el general Luciano Benjamín Menéndez, uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en el interior del país. Con el retorno de la democracia fue juzgado y condenado en múltiples causas por delitos de lesa humanidad, acumulando penas de prisión perpetua antes de su muerte.
Décadas después, la investigación sobre aquellos crímenes continúa avanzando gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Creado en 1984, este grupo de especialistas se convirtió en una referencia internacional en la búsqueda de personas desaparecidas. Su trabajo permitió identificar más de 800 víctimas del terrorismo de Estado y aportó pruebas clave en numerosos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Su metodología combina ciencia y memoria. Excavaciones arqueológicas para localizar fosas clandestinas. Análisis antropológicos para reconstruir restos humanos. Estudios genéticos para establecer coincidencias con familiares que durante décadas aportaron muestras de ADN con la esperanza de encontrar respuestas.
Esa perseverancia, muchas veces silenciosa y casi artesanal, es la que ahora permitió avanzar en la identificación de las víctimas encontradas en La Perla.
Entre ellas aparece un nombre que condensa el drama de toda una generación: Mario Alberto Nívoli.
Nívoli era cordobés, oriundo de la localidad de Ucacha. Tenía 28 años cuando fue secuestrado el 14 de febrero de 1977. Había estudiado Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral, aunque no llegó a terminar la carrera. También trabajaba como técnico electricista.
Durante sus años universitarios militó en la Juventud Universitaria Peronista, vinculada a la organización Montoneros. Como tantos jóvenes de su tiempo, participaba en la política con la convicción —quizás ingenua, quizás valiente— de que el país podía ser distinto.
Su historia terminó abruptamente cuando un grupo de tareas irrumpió en su casa del barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba. Se lo llevaron por la fuerza. Desde ese momento su familia nunca volvió a verlo.
Nívoli estaba casado y tenía dos hijos. Uno de ellos era apenas un bebé de cuatro meses cuando ocurrió el secuestro. Durante casi cinco décadas, esa familia convivió con la incertidumbre más brutal: la de no saber qué había pasado con su padre.
La identificación de los restos modifica radicalmente esa historia. No devuelve la vida perdida ni repara el daño causado, pero transforma algo esencial: la condición del desaparecido.
De pronto aparece una certeza. Dolorosa, definitiva, pero real.
El hallazgo también produce un efecto que excede a la esfera íntima de una familia. Cada identificación aporta evidencia concreta sobre el funcionamiento del aparato represivo y sobre el destino final de muchas víctimas.
En otras palabras: cada hueso encontrado es una prueba histórica.
Por eso estos avances no solo tienen valor científico o emocional. También tienen peso político y judicial. Confirman que existió un sistema planificado de terrorismo de Estado, con centros clandestinos, ejecuciones y enterramientos destinados a ocultar los crímenes.
En tiempos en que algunos sectores del poder político intentan relativizar ese pasado o banalizar la gravedad de aquellos hechos, estos hallazgos funcionan como un recordatorio incómodo.
La historia, incluso enterrada, vuelve.
Y vuelve con pruebas.
Las excavaciones en La Perla todavía no terminaron. Los investigadores creen que podría haber más restos humanos en el área. Eso significa que la búsqueda continúa y que nuevas identidades podrían aparecer en los próximos meses.
Es un proceso lento, complejo y profundamente doloroso. Pero también es un acto de justicia.
Porque mientras existan desaparecidos sin identificar, la historia seguirá incompleta.
Y porque, al final del día, los países que olvidan sus tragedias suelen estar condenados a repetirlas.
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