H.I.J.O.S. repudió el discurso del subsecretario Alberto Baños en el Comité contra la Tortura de la ONU, donde relativizó la cifra de 30.000 desaparecidos, negó el vaciamiento del área y acusó a organismos de “humillar a la Argentina”. El episodio desató una ola de indignación y profundiza la crisis del Gobierno de Javier Milei en materia de derechos humanos.
El funcionario, un exjuez vinculado a prácticas de la “vieja guardia judicial” e histórico opositor a los organismos de derechos humanos, representó al país en Ginebra con un discurso que fue calificado como “negacionismo de Estado”. H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo y múltiples entidades exigieron su renuncia inmediata y denunciaron el vaciamiento del área bajo el gobierno de Milei.
La intervención de Alberto Baños ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas no pasó desapercibida. De hecho, provocó una tormenta política, institucional y emocional que todavía no amaina. Su discurso, pronunciado el 14 de noviembre de 2025 en Ginebra, no sólo cuestionó la cifra histórica de 30.000 desaparecidos sino que, además, acusó a los organismos de derechos humanos de querer “ver a la Argentina de rodillas” frente al sistema internacional. Las palabras no sólo escandalizaron a los presentes —expertos de la ONU incluidos— sino que reabrieron heridas profundas en un país donde la memoria es un pilar democrático.
Y todo esto mientras el gobierno de Javier Milei intenta sostener, con cada vez menos credibilidad, la ficción de que no existe un vaciamiento del área.
La reacción fue inmediata. La Red Nacional de H.I.J.O.S., un organismo emblemático en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, emitió un repudio categórico exigiendo la renuncia inmediata de Baños. No lo hicieron con frases tibias: acusaron al subsecretario de mentir en un foro internacional, de banalizar el terrorismo de Estado y de agraviar a las víctimas al desconocer la cifra que sintetiza el horror de la última dictadura. La contundencia del reclamo refleja no solo la gravedad del acto, sino la acumulación de tensiones generadas por la política de derechos humanos del gobierno libertario.
Baños no es un improvisado. Su trayectoria —anclada en la estructura judicial que supo coexistir con los silencios de los años más oscuros— ya arrastraba polémicas. Fue juez federal durante décadas, ingresó al Poder Judicial en plena dictadura, renunció en 2023 en medio de críticas por su rol en la causa por la desaparición de Arshak Karhanyan y, pese a su historial controvertido, Milei lo eligió para conducir la Secretaría de Derechos Humanos.
En mayo de 2025 el organismo fue degradado a Subsecretaría, con un presupuesto reducido casi a la mitad, y aun así Baños permaneció en su cargo, ahora “ad honorem”, como si ese detalle purificara el vaciamiento que él mismo contribuyó a ejecutar.
La crisis que estalla ahora no surge de un repentino exabrupto, sino de la acumulación sistemática de decisiones que desmantelaron la política pública en derechos humanos. Desde despidos masivos hasta retiros “voluntarios” forzados; desde el cierre temporal del Centro Cultural Haroldo Conti en la ex-ESMA hasta la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria bajo el paraguas del CIPDH, un organismo ajeno a la tradición argentina en la materia. Todo esto acompañado de un recorte presupuestario del 40% que paralizó programas, afectó el acompañamiento psicológico a víctimas —como ocurre con el Centro Fernando Ulloa— y dejó en evidencia la falta de compromiso estatal con sus obligaciones históricas.
Ante este escenario, Baños viajó a Ginebra acompañado por funcionarios del área de Seguridad y de Asuntos Penitenciarios, pero sin representantes de organismos de memoria ni expertos en derechos humanos. Su discurso —afirmando que no existe vaciamiento alguno, que las denuncias de abusos policiales son exageraciones y que la cifra de desaparecidos es una “construcción”— terminó de confirmar lo que ya era evidente: el gobierno de Milei está decidido a romper la política de Estado construida a lo largo de cuatro décadas.
La incredulidad de los expertos del Comité contra la Tortura fue palpable. Preguntaron por la represión a manifestaciones sociales, por el agravamiento de las condiciones en comisarías y cárceles, por las denuncias del CELS y de la ATE sobre desidia institucional. Baños respondió atacando a quienes exponen esas irregularidades, acusándolos de operar “contra la patria”.
Esa postura —más cercana al cinismo de los años de plomo que a la política diplomática argentina— generó un revuelo que ya se refleja en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su indignación. Un posteo de la periodista Luciana Bertoia superó las 3.000 interacciones en pocas horas, calificando el episodio como “histórico, no en el buen sentido”.
Los organismos no tardaron en reaccionar. H.I.J.O.S., Abuelas, Madres Línea Fundadora, el CELS y múltiples entidades sociales calificaron lo sucedido como un “acto de negacionismo de Estado”. Recordaron que ninguno de los recortes denunciados por empleados —despidos, cierre de programas, reducción de presupuesto y precarización de sitios de memoria— fue mencionado por Baños en su intervención. Denunciaron que el gobierno libertario está debilitando la estructura estatal creada para garantizar justicia y reparación, y que hacerlo mientras se niega la cifra de desaparecidos constituye una agresión directa a la memoria del país.
La crisis, además, no se limita al ámbito doméstico. La ONU deberá emitir un informe final en 2026 donde evaluará la explicación del gobierno argentino sobre tortura, abuso policial y retrocesos en derechos humanos. El discurso de Baños no sólo complicó la posición diplomática del país, sino que puede derivar en recomendaciones duras que afecten la imagen internacional de la administración Milei, un gobierno que ya enfrenta cuestionamientos en materia económica, social y laboral.
La gravedad del discurso de Alberto Baños se vuelve aún más evidente cuando se lo compara con los estándares internacionales más estrictos en materia de memoria y derechos humanos. En países como Alemania —cuya legislación surgió del consenso democrático para impedir el resurgimiento de discursos que relativicen o banalicen los crímenes del nazismo— manifestaciones negacionistas como las expresadas por el funcionario argentino no son sólo consideradas una provocación política, sino directamente un delito. Cualquier intento de poner en duda cifras oficiales sobre genocidios o de atacar públicamente a los organismos que custodian la memoria histórica constituye allí una agresión a la democracia en sí misma, sancionada con penas de prisión porque se considera que ese tipo de discursos amenaza la convivencia social y habilita el retorno de ideologías violentas.
Desde ese prisma, el comportamiento de Baños en la ONU no sólo es un bochorno diplomático: sería impensable y penalmente perseguible en un país que aprendió, con sangre y destrucción, el costo de permitir que el negacionismo se infiltre en el discurso oficial. Alemania construyó un marco legal que impide que funcionarios en ejercicio o figuras públicas puedan atacar los cimientos de su memoria colectiva. Si un subsecretario alemán negara en un foro internacional los crímenes de su dictadura, relativizara el número de víctimas o acusara a los organismos de memoria de “humillar al país”, enfrentaría consecuencias judiciales inmediatas. Ese contraste deja en evidencia hasta qué punto el gobierno de Javier Milei está dispuesto a cruzar límites que en democracias consolidadas serían inaceptables y penalmente castigados.
A nivel interno, este episodio profundiza la fractura entre el gobierno y la sociedad civil. El repudio no provino sólo de organismos históricos: sindicatos como ATE convocan movilizaciones, mientras periodistas, académicos y legisladores advierten sobre el giro autoritario del Ejecutivo.
Todos coinciden en algo: el discurso de Baños no fue un accidente ni un exceso. Fue la expresión más descarnada de un proyecto político que busca desarticular la política de memoria argentina, minimizar los crímenes de Estado y reconfigurar el relato histórico bajo la lógica del negacionismo.
Hoy, a 40 años del retorno democrático, el país se encuentra ante un desafío inédito: un gobierno que, desde la máxima representación del Estado, pone en duda sus propias políticas de derechos humanos. Las exigencias de renuncia a Baños son sólo el primer paso. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la continuidad de un consenso que sostuvo cuatro décadas de justicia y verdad.
El negacionismo, cuando se instala en el discurso oficial, no es sólo una afrenta a las víctimas; es una amenaza directa al pacto democrático.
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