El gobierno de Milei avanza contra el Banco Nacional de Datos Genéticos y la búsqueda de los nietos robados. Las Abuelas de Plaza de Mayo alertan que el decreto 351 es un golpe directo a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Tras el rechazo en Diputados, toda la presión recae sobre el Senado.
Con un decreto que desfinancia, interviene y le quita autonomía al Banco Nacional de Datos Genéticos, el gobierno de Javier Milei pone en jaque una herramienta clave para identificar a los hijos de desaparecidos. Las Abuelas denuncian que detrás de la maniobra se esconde una búsqueda de impunidad.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una de las instituciones más emblemáticas en la reconstrucción de la verdad sobre los crímenes de la dictadura, atraviesa uno de los ataques más duros desde su creación. El gobierno de Javier Milei, mediante el decreto 351 publicado el 23 de mayo, lo despojó de su autonomía y autarquía, lo subordinó a la Jefatura de Gabinete y lo dejó sin administración directa de sus recursos. Para las Abuelas de Plaza de Mayo, la medida no es un simple cambio administrativo: es un sabotaje calculado a la búsqueda de los nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado.
El Congreso, en su debate sobre la Ley Bases, había blindado al BNDG para impedir que la “motosierra” presidencial lo alcanzara. Fue una decisión política de consenso: no se podía dejar a merced de los vaivenes ideológicos una institución que ha permitido restituir la identidad a decenas de personas. Sin embargo, el gobierno encontró una grieta legal para ejecutar la intervención. Así, lo que hasta hace poco era un organismo autónomo, con capacidad de decisión y gestión, ahora depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y, en última instancia, de Guillermo Francos.
El decreto, presentado con el eufemismo de “optimizar” el funcionamiento, significa en la práctica que el BNDG ya no puede comprar insumos esenciales sin atravesar una maraña burocrática. Si faltan reactivos para las pruebas de ADN o si un técnico debe viajar a tomar una muestra, el proceso se congela hasta que otros autoricen el gasto. En un trabajo donde cada día puede significar la diferencia entre encontrar o no a un nieto, esas demoras no son un detalle administrativo: son un obstáculo directo.
“Esto no es para mejorar la eficiencia ni la efectividad del Banco. Esto es directamente en busca de silencio. Lo que se pretende es que no se encuentren más nietos”, denuncia Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido que integra la comisión directiva de Abuelas. Su historia —nacido en la ESMA, apropiado por un miembro de la Fuerza Aérea y recuperado en el año 2000— es un testimonio viviente de por qué este Banco es vital.
La ofensiva no se limita a la estructura interna. El presupuesto es el mismo que en 2023, un recorte encubierto en un país con inflación que pulveriza los recursos. Durante más de un mes, el BNDG estuvo acéfalo porque el gobierno dejó vencer el mandato de su directora general técnica, Mariana Herrera Piñero, nombrada por concurso. Sólo la presión pública y la acción judicial encabezada por Estela de Carlotto obligaron al Ejecutivo a prorrogar su gestión.
Las cifras del rechazo en la Cámara de Diputados fueron claras: 133 votos contra el decreto, 69 a favor y 2 abstenciones. Ahora la definición recae en el Senado, donde se prevé un tratamiento inminente. La abogada de Abuelas, Carolina Villella, recuerda que en 2009 el Congreso otorgó autonomía y autarquía al BNDG para “cumplir con obligaciones internacionales” en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Lo que el decreto 351 intenta modificar, advierte, no es accesorio: es el núcleo mismo que garantiza su independencia y eficacia.
El BNDG no es un laboratorio cualquiera. Es el perito oficial cuyo dictamen resulta determinante para establecer si una persona es hija de padres desaparecidos. Así se confirmó el mes pasado la identidad del Nieto 140. Quitarle independencia es, en los hechos, poner en riesgo cada restitución futura.
Pero este ataque no se da en el vacío. Forma parte de un patrón más amplio. En la misma semana que firmó el decreto 351, Milei degradó la Secretaría de Derechos Humanos a una simple subsecretaría y desjerarquizó el museo de la ESMA —sitio declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO— y el Archivo Nacional de la Memoria. Ahora ambos dependen del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, dirigido por una funcionaria con antecedentes militantes contra el aborto y el matrimonio igualitario.
No es el único antecedente. En 2024, el Ejecutivo ya había eliminado la Unidad Especial de Investigación de la Conadi, que tenía acceso a archivos estatales cruciales para investigar apropiaciones. La justificación fue una supuesta “duplicación de funciones”, un argumento que, para los organismos de derechos humanos, disfraza la intención real: bloquear el acceso a la información.
La actitud del gobierno hacia las Abuelas y la búsqueda de identidad ha sido, como mínimo, hostil. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y otros funcionarios como Patricia Bullrich y Luis Petri, directamente ignoraron los pedidos de informes de la Conadi. Los mensajes son claros: donde antes hubo un compromiso del Estado con la memoria, hoy hay indiferencia o incluso desprecio.
En este clima, figuras como Victoria Montenegro, también nieta recuperada, insisten en que “defender el BNDG es preservar la verdad y denunciar que detrás de las acciones del Gobierno hay una búsqueda de impunidad”. Esa impunidad, advierten, no sólo blanquea el pasado sino que compromete el futuro: cada nieto que no se encuentra a tiempo es una verdad que puede perderse para siempre.
Las Abuelas ya han demostrado que no se detienen ni ante dictaduras. Si algo han aprendido las generaciones de nietos restituidos es que la lucha por la identidad no se negocia. “Nosotros aprendimos de nuestras Abuelas. No nos vamos a detener. Vamos a seguir peleando para encontrar al resto de nuestros hermanos”, afirma Pérez Roisinblit. La pregunta que queda flotando es si el Senado estará a la altura de ese compromiso o si, en nombre de una supuesta eficiencia, se convertirá en cómplice de un retroceso histórico.
Fuente:
- https://www.pagina12.com.ar/848534-las-abuelas-piden-al-senado-que-impida-el-desmantelamiento-d
Deja una respuesta