En un episodio que expone la profundidad del deterioro político y moral del oficialismo, la diputada Lorena Villaverde, representante rionegrina de La Libertad Avanza, fue denunciada por amenazar al periodista Nicolás Wiñazki antes de salir al aire en el canal A24. El propio comunicador reveló públicamente los mensajes intimidatorios que recibió de la legisladora, apenas minutos antes de iniciar su programa, donde iba a mostrar documentos judiciales de Estados Unidos que la vinculan con una causa penal por tráfico de drogas y estafas inmobiliarias.
Las capturas difundidas por Wiñazki muestran un tono propio del apriete mafioso, más cercano a los viejos manuales de la impunidad que a la práctica de un régimen republicano. La diputada le habría advertido “que tuviera cuidado con lo que iba a decir” y que “no se metiera con su vida privada”, al tiempo que lo acusaba de “recibir órdenes políticas”. En la transmisión posterior, el periodista expuso el contenido de los mensajes y sostuvo que “jamás en 25 años de oficio” había recibido amenazas directas de una funcionaria pública antes de salir al aire.
La gravedad del hecho no radica solo en el intento de amedrentamiento a la prensa —que ya de por sí representa una vulneración del derecho a la información—, sino en quién lo protagoniza: una legisladora nacional que integra el bloque oficialista del presidente Javier Milei, un gobierno que ha convertido la agresión mediática y la persecución a los periodistas en parte de su estrategia política. Villaverde, que ya venía envuelta en denuncias por falsificación de firmas, ventas irregulares de terrenos en el emprendimiento Tajamar y su presunta implicación en un caso de narcotráfico en Florida (EE. UU.), vuelve a ocupar los titulares, esta vez por atacar a quien investiga sus antecedentes.
Según la reconstrucción de A24, Wiñazki planeaba difundir documentación judicial obtenida a través de portales oficiales norteamericanos donde se registra un expediente con su nombre completo, vinculado a una detención en 2002. La diputada había negado públicamente cualquier antecedente penal y se presentaba como “una empresaria exitosa y madre de familia víctima de operaciones políticas”. Sin embargo, los documentos exhibidos por el canal mostraban coincidencias biográficas imposibles de desmentir.
Lejos de dar explicaciones, Villaverde eligió la vía más primitiva de la defensa: la amenaza. Lo hizo desde la comodidad de su banca y bajo la protección política de un oficialismo que no ha condenado el hecho. Ningún referente libertario —ni el vocero presidencial, ni la ministra Patricia Bullrich, ni el propio Milei— emitió palabra alguna para repudiar la intimidación a un periodista, confirmando una línea de conducta que naturaliza la violencia verbal y la persecución a toda voz disidente.
La secuencia encaja con un patrón. Villaverde no es una anomalía dentro del espacio libertario, sino su expresión más cruda: un poder político que se sostiene en la impunidad y en el desprecio hacia la institucionalidad democrática. Su prontuario, ampliamente documentado por Tiempo Argentino, Perfil Data Clave y Agencia Paco Urondo, incluye denuncias por estafas, causas civiles por deudas impagas, presuntos vínculos con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado y una causa por falsificación de firmas durante las internas libertarias de Río Negro.
Mientras tanto, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados guarda silencio. Nadie ha pedido explicaciones formales, ni se ha iniciado un proceso disciplinario pese a la difusión pública de las pruebas. En un país donde se criminaliza la protesta social, el contraste es brutal: una funcionaria que amenaza a un periodista sigue ejerciendo su mandato con total impunidad.
El episodio pone de relieve una tendencia más amplia: el deterioro de la libertad de prensa bajo el actual gobierno. Amnistía Internacional, la SIP y la CIDH ya alertaron sobre “un clima de hostigamiento estatal” hacia periodistas y medios críticos. A eso se suman las campañas de difamación en redes sociales impulsadas por trolls oficialistas y los discursos presidenciales que ridiculizan a los comunicadores que investigan al poder.
Lorena Villaverde, con su accionar, encarna ese modelo de política autoritaria que no tolera el escrutinio público y busca domesticar al periodismo a fuerza de intimidación. Su caso no debería leerse como un exabrupto personal, sino como el reflejo más obsceno de una cultura política que se ha acostumbrado a confundir poder con impunidad.
Cuando una diputada amenaza a un periodista y el Gobierno calla, lo que está en juego no es un conflicto entre dos personas: es la salud misma de la democracia.
Fuentes consultadas:
- A24 – “La diputada Lorena Villaverde amenazó al periodista Nicolás Wiñazki”
https://www.a24.com/politica/la-diputada-lorena-villaverde-amenazo-al-periodista-a24-nicolas-winazki-n1488519 - Noticias Perfil – “Quién es Lorena Villaverde, la otra pata del narcogate libertario”
https://noticias.perfil.com/noticias/politica/quien-es-la-diputada-lorena-villaverde-la-otra-pata-del-narcogate.phtml - Tiempo Argentino – “Revelan acta de detención en EE.UU. de la candidata a senadora de LLA en Río Negro”
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/revelan-acta-de-detencion-en-ee-uu-de-la-candidata-a-senadora-de-la-libertad-avanza-en-rio-negro - Agencia Paco Urondo – “Narcopolítica: el prontuario de Lorena Villaverde”
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/narcopolitica-el-pronturario-de-lorena-villaverde
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