El Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, presentó con pompa el programa “Familia Militar”, anunciado como “una iniciativa histórica” para reconocer a quienes integran las Fuerzas Armadas y al personal civil de la Defensa. En el discurso oficial, se trata de un gesto simbólico de respaldo y gratitud hacia más de un millón de beneficiarios. Pero, lejos de representar una mejora real en sus condiciones de vida, el plan se parece más a una cuponera de descuentos presentada con estética de política pública.
El propio Petri remarcó durante el lanzamiento que el programa “no supone ninguna erogación para el Estado”, porque los beneficios provienen de convenios con comercios, empresas y universidades. Esa frase, repetida varias veces, resume la lógica del Gobierno: ofrecer “beneficios” sin invertir un solo peso, trasladando el costo a terceros privados que, en teoría, absorberán los descuentos como parte de sus “políticas de responsabilidad social”. En los hechos, el Estado se desentiende de su función distributiva y convierte el reconocimiento a las Fuerzas Armadas en una operación de marketing.
El programa promete descuentos de entre el 10% y el 80% en rubros que van desde alimentos y transporte hasta educación, salud, turismo o cultura. Suena bien, pero en la práctica esos porcentajes dependen exclusivamente de la buena voluntad y la capacidad económica de las empresas adheridas. No hay un sistema de control ni de compensación que garantice que el beneficio se aplique de manera efectiva y uniforme. Un comercio puede ofrecer un descuento simbólico en un producto puntual y figurar igual como “beneficiario adherido”. Es el típico esquema donde la publicidad pesa más que la política.
La simpleza del mecanismo –presentar el DNI para acceder al beneficio– es vendida como una virtud del sistema, cuando en realidad oculta la ausencia de un registro estatal sólido. No hay base pública que permita verificar en tiempo real si las empresas cumplen con lo prometido, ni información detallada sobre la distribución geográfica de los convenios. En regiones donde la economía está más precarizada o informalizada, los supuestos descuentos difícilmente lleguen a aplicarse. De esta manera, el “sistema federal” que proclama Petri podría terminar siendo otro programa concentrado en las grandes ciudades.
Mientras el ministro celebra la articulación público-privada como si fuera un logro de gestión, el mensaje subyacente es claro: el Estado se desentiende del financiamiento de sus propias fuerzas y delega su política de bienestar en los descuentos de supermercados y cadenas comerciales. No hay aumento salarial, no hay mejoras estructurales en salud o vivienda, no hay inversión en infraestructura. Solo hay cupones de consumo y un discurso de gratitud. Es el mismo modelo que se repite en distintas áreas del gobierno de Javier Milei: reemplazar derechos por promociones, reemplazar políticas por convenios, reemplazar Estado por mercado.
El lanzamiento de “Familia Militar” también coincide con el inicio de la campaña electoral legislativa de 2025, lo que deja entrever una intención política más que institucional. En un año donde el descontento social crece, presentar una cuponera con el sello del Ministerio de Defensa permite exhibir una acción “positiva” sin costo fiscal. Se apela al orgullo patriótico, al vínculo emocional con los veteranos de Malvinas y a la identificación simbólica con las fuerzas, mientras se evita asumir responsabilidades presupuestarias.
Si el objetivo fuera realmente “mejorar la calidad de vida” de la comunidad militar y civil del ámbito de la Defensa, las medidas serían otras: recomposición salarial, políticas habitacionales, cobertura sanitaria integral, acceso garantizado a educación superior y facilidades crediticias. En cambio, se ofrece una tarjeta digital dentro de la app “Mi Argentina” para validar descuentos en comercios. Es decir, una vitrina tecnológica para un contenido mínimo.
El discurso de Petri cierra con una frase de manual: “Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei seguimos trabajando para respaldar a las Fuerzas Armadas todos los días”. Sin embargo, ese “respaldo” se limita a una operación simbólica. El programa no demanda recursos, pero tampoco genera derechos. No fortalece la defensa nacional ni repara deudas históricas con sus integrantes. Solo ofrece la ilusión de pertenecer a un sistema de beneficios, como si el reconocimiento se midiera en porcentajes de descuento.
En definitiva, “Familia Militar” no es un programa de bienestar ni una política de Estado. Es una cuponera institucionalizada, una herramienta de propaganda que busca reemplazar la inversión pública por acuerdos comerciales y disfrazar la falta de presupuesto con el lenguaje de la eficiencia. Una postal perfecta del mileísmo: mucha épica patriótica y cero compromiso económico.
Fuentes:
Presidencia de la Nación – “El ministro Petri presentó ‘Familia Militar’, el primer programa de beneficios para miembros de las Fuerzas Armadas y del ámbito de la Defensa”
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministro-petri-presento-familia-militar-el-primer-programa-de-beneficios-para-miembros-de-las-fuerzas-armadas-y-del-ambito-de-la-defensa
“Familia Militar”: una cuponera de descuentos disfrazada de política pública
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