El sindicato de trabajadores lácteos presentó pruebas que conectan a la empresa con maniobras de narcotráfico internacional y aportes a la campaña de Patricia Bullrich, mientras se multiplican las denuncias por persecución sindical y violaciones laborales.
El escándalo estalla en un contexto donde el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda de desregulación y desprotección de los derechos laborales. ATILRA sostiene que detrás de Lácteos Vidal hay un entramado de poder económico, narcotráfico y política que desnuda el doble discurso del oficialismo frente al crimen organizado y la corrupción empresarial.
El gremio de trabajadores de la industria láctea (ATILRA) sacudió el tablero judicial y político al denunciar ante la Justicia Federal que Lácteos Vidal, una de las empresas más expuestas por su enfrentamiento con el sindicalismo, estaría involucrada en un entramado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude laboral. La presentación se realizó en el marco de la causa Nº 31095/2025, y expone documentos provenientes de la Justicia de Estados Unidos que vinculan a la titular de la firma, Alejandra Bada Vázquez, con Fred Machado, un empresario detenido en Texas por tráfico internacional de cocaína.
Según el escrito, desde cuentas asociadas al narcotraficante Machado se habrían realizado transferencias millonarias hacia Bada Vázquez, así como aportes por más de $215 millones a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023. Los sindicalistas advierten que se trata de un caso que excede los límites de un conflicto laboral: “Estamos frente a una red que conecta dinero sucio, poder político y persecución sindical”, señalaron desde ATILRA.
El abogado del sindicato, Dr. Julián Martín Coronel, solicitó a la Justicia frenar la escisión societaria que impulsa la empresa y suspender las medidas cautelares que podrían facilitar el vaciamiento patrimonial, buscando garantizar los créditos laborales de los trabajadores despedidos.
El sindicato denuncia que Lácteos Vidal ha violado sistemáticamente fallos judiciales, persigue a empleados por actividad gremial y mantiene prácticas laborales abusivas. Durante la pandemia, relataron, la empresa obligó a trabajadores a presentarse sin protocolos sanitarios, lo que derivó en la muerte de un obrero por COVID-19.
Pero las acusaciones no terminan ahí. Testimonios dentro del expediente mencionan episodios de violencia directa protagonizados por la dueña de la empresa, quien habría amenazado a empleados con un arma de fuego y se presentó como víctima ante los medios, con el apoyo del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, una agrupación ligada al espacio político de Bullrich.
La denuncia gremial no sólo expone el costado criminal de una firma que se promocionaba como “modelo de productividad”, sino también la connivencia política y mediática que, en el actual clima del gobierno de Javier Milei, se traduce en una demonización sistemática de los sindicatos y una tolerancia peligrosa hacia los grupos empresariales con prácticas ilícitas.
Resulta llamativo que, mientras el Ejecutivo nacional promete “combatir la casta y el narcotráfico”, las relaciones entre capitales opacos y figuras del poder económico y político siguen actuando con impunidad. En este contexto, el caso de Lácteos Vidal podría transformarse en una bomba judicial y política que deje al descubierto los lazos entre dinero narco, financiamiento electoral y precarización laboral.
“La Cámara tiene una responsabilidad institucional y moral. No puede permitir que el narcotráfico financie empresas ni campañas políticas mientras se pisotean derechos laborales”, concluye la presentación judicial. Una frase que resume el hartazgo de un sector que, mientras lucha por salarios dignos, observa cómo el poder económico se blinda bajo el discurso libertario de Milei y las promesas de libertad se convierten en una coartada para el desmantelamiento del Estado y la impunidad empresarial.
Denuncian a Lácteos Vidal con maniobras de narcotráfico internacional y aportes a la campaña de Patricia Bullrich
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