En su intento de defensa, Patricia Bullrich terminó confesando más de lo que explicó. En una entrevista emitida por Todo Noticias (TN), la ministra de Seguridad y actual candidata de La Libertad Avanza sostuvo que su espacio está “pagando un costo político por lo de Espert”, pero agregó una frase que desnuda el núcleo del escándalo:
“El pago del narco fue en 2019. Después de eso fue candidato en 2021 y en 2023. Ya se sabía y nadie dijo nada”.
La afirmación no solo confirma que el gobierno sabía del vínculo entre José Luis Espert y el empresario narco Federico “Fred” Machado, sino que reconoce públicamente que el silencio fue una decisión política. En otras palabras, Bullrich admitió que conocían los antecedentes del financista del narcotráfico y, aun así, lo dejaron competir y representar al espacio oficialista.
La frase, lejos de despegarla, la incrimina. Porque lo que la ministra presenta como una “aclaración temporal” termina siendo una confesión de complicidad. Es la prueba de que La Libertad Avanza no fue víctima de una operación mediática, sino protagonista de una cadena de encubrimientos que comenzaron hace años y hoy estallan con una fuerza que ni Milei ni Bullrich logran contener.
La propia investigación publicada por EnOrsai el 9 de octubre bajo el título “Narcofinanciamiento y complicidad política: el escándalo que envuelve a José Luis Espert y pone en jaque a Patricia Bullrich” había revelado el hallazgo de un contrato por un millón de dólares entre Espert y Machado, un empresario detenido y pedido en extradición por los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Ese documento, firmado el 7 de junio de 2019, muestra con precisión lo que Bullrich ahora intenta relativizar: el dinero narco financió el inicio de la carrera política de Espert, bajo conocimiento del propio Ministerio de Seguridad.
Bullrich lo sabía. Así lo demuestran los oficios diplomáticos del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, que respondieron a consultas formales elevadas por su cartera. No fue una omisión, fue una decisión. Mientras públicamente exigía “explicaciones” a Espert, ya tenía en su despacho los informes que confirmaban los vínculos de Machado con redes internacionales del narcotráfico.
El intento de defensa en TN fue, entonces, un acto fallido de cinismo. Bullrich se presentó como víctima del “costo político” cuando en realidad fue una pieza clave en el silenciamiento institucional del caso. En su propio relato, admite que el escándalo se conocía desde 2019 y que nadie —ni ella, ni Milei, ni los órganos de control del Estado— hizo absolutamente nada.
Detrás de esa frase se esconde el verdadero rostro del gobierno libertario: la selectividad moral, esa lógica que condena a los opositores por “corrupción” mientras blanquea a los propios bajo el manto del “ya se sabía”.
La autoincriminación de Bullrich ocurre, además, en un contexto de creciente presión judicial. Espert está imputado por lavado de dinero, con un pedido de registro y secuestro de bienes firmado por el juez federal Lino Mirabelli. Aun así, mantiene una licencia con goce de sueldo en la Cámara de Diputados, con la anuencia de Martín Menem, presidente del cuerpo y aliado incondicional del Ejecutivo. Ninguna medida efectiva se concretó. Ningún pedido de renuncia fue formulado.
Mientras tanto, el discurso de transparencia del gobierno se desmorona. Javier Milei prometió “limpiar la política de corruptos”, pero hoy mantiene en su espacio a un dirigente que firmó un contrato con un narco internacional. Bullrich, símbolo de la “mano dura”, se transformó en el paradigma de la doble moral. Y la Justicia avanza con la lentitud típica de los casos que comprometen al poder.
Lo que comenzó como una operación financiera encubierta terminó siendo un espejo del modelo político libertario: un sistema de impunidad corporativa que mezcla negocios turbios, silencios cómplices y una moral pública de quita y pon.
En su entrevista en TN, Bullrich creyó estar desmintiendo una acusación. Pero lo que hizo fue confirmar que el gobierno libertario sabía, calló y se benefició. Que el “pago del narco” fue conocido por las más altas esferas y que, aun así, eligieron mirar hacia otro lado.
La autodefensa se transformó en autoincriminación. Y lo que pretendía ser una explicación terminó siendo una confesión política en horario prime time: La Libertad Avanza no cayó en la trampa del narcofinanciamiento; la tendió.
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