El fallo judicial que condenó a los autores materiales del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner expone una trama más profunda: la impunidad de quienes planificaron, financiaron y alentaron un crimen político que marcó un antes y un después en la historia democrática argentina.
Mientras Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte recibieron penas de 14 y 8 años, respectivamente, los verdaderos responsables —los instigadores, los financistas y los operadores mediáticos y judiciales— permanecen a salvo, amparados por un sistema que elude deliberadamente investigar los vínculos del poder económico, político y comunicacional con el intento de magnicidio.
La sentencia que condenó a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner podría haber significado el cierre de una de las páginas más oscuras de la historia democrática reciente. Sin embargo, lejos de aportar justicia plena, el fallo del Tribunal Oral Federal 6 terminó exhibiendo la persistente connivencia entre sectores del poder judicial, político y mediático que, desde el primer día, buscaron minimizar un hecho que puso en riesgo la institucionalidad misma del país.
La condena a Sabag Montiel —14 años tras la unificación de penas— y a Uliarte —8 años— no logra ocultar lo esencial: los autores intelectuales, los verdaderos responsables de instigar y financiar el atentado, siguen impunes. Vieron la audiencia por televisión, tal como señala la crónica, sin que nadie los interpele ni los siente en el banquillo. Gabriel Carrizo, señalado en un primer momento como partícipe, fue absuelto. Y la investigación sobre las conexiones políticas y económicas que alimentaron la violencia quedó archivada o diluida entre los vericuetos del Poder Judicial.
El mensaje es claro: cuando el atentado es contra Cristina, las reglas cambian. Lo expresó sin rodeos el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, al afirmar que “tratándose de Cristina Fernández de Kirchner siempre hay otra ley”. Esa “otra ley” es la que permite que un intento de magnicidio sea tratado como un episodio menor, sin indagar quiénes lo planificaron, quiénes lo financiaron y quiénes lo alentaron desde los medios y las redes con un discurso de odio sistemático.
La justicia argentina, una vez más, demostró su selectividad. Para algunos dirigentes opositores y comunicadores vinculados a la ultraderecha libertaria, todo este proceso fue apenas un trámite judicial que debía cerrarse rápido para borrar de la memoria colectiva la magnitud del ataque. Pero la impunidad tiene rostro: el de los jueces que se negaron a investigar la “pista Milman”, el de los fiscales que desoyeron el borrado de pruebas y el de los grandes medios que hicieron del silencio una estrategia.
El fallo descarta agravantes como la violencia de género y la alevosía, pese a que la víctima fue una mujer que ejercía la vicepresidencia y había sido presidenta en dos ocasiones. Cristina representaba, en ese momento, la figura política más influyente del país, símbolo de una corriente popular y femenina que el poder económico y mediático buscó destruir. Negar el componente de violencia política y de género no solo es un error jurídico: es una forma de encubrimiento.
La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la instrucción, fue la responsable de desmantelar las líneas de investigación que apuntaban hacia los sectores del poder real. Bajo su gestión se dañaron pruebas clave —como el teléfono de Sabag Montiel— y se omitió investigar los vínculos entre grupos libertarios violentos, como Revolución Federal, y empresarios vinculados a la familia Caputo. En cualquier otro contexto, semejante irregularidad habría generado escándalo institucional. Pero en la Argentina del gobierno de Javier Milei, la justicia se ha convertido en un brazo más de la política oficialista, subordinada a los intereses del poder económico y mediático que sostiene su proyecto.
Mientras tanto, la expresidenta no presenció el veredicto. Desde su entorno reconocieron que el fallo les dejó “sabor a poco”. No es para menos: quienes intentaron matarla hoy tienen horizonte de libertad anticipada. Sabag Montiel podría salir en menos de una década; Uliarte, en apenas tres años. Tres años para quien participó del intento de asesinato de la líder política más relevante de las últimas décadas. Tres años para quien, junto a su pareja, formó parte de un entramado que no actuó solo, sino en el marco de una escalada de violencia política que se incubó durante años.
La misma justicia que condenó sin pruebas a Cristina en la causa Vialidad, aplicando el máximo de la pena, ahora decide “comprender” las circunstancias de sus atacantes. Es el espejo invertido de un sistema judicial que castiga a la víctima y protege a los verdugos.
En redes sociales, La Cámpora lo resumió con una frase certera: “La bala que no salió y el fallo que sí salió”. Con esa ironía, el espacio denunció la hipocresía de los grandes medios que, tres años después del atentado, siguen sin preguntar “¿Quién mandó a matar a Cristina?”. Porque la impunidad no es solo jurídica: es también mediática. Es el silencio cómplice de los canales y diarios que borraron la palabra “magnicidio” de sus portadas, reemplazándola por expresiones ambiguas como “incidente” o “episodio”.
El intento de asesinato de Cristina fue el punto culminante de una campaña de odio orquestada desde la política y amplificada por los medios. Programas de televisión que durante años demonizaron su figura, dirigentes que en plena Cámara de Diputados relativizaron la gravedad del hecho y una militancia digital alimentada por trolls oficiales que siguen atacándola cada día. Todo eso configuró el clima de impunidad en el que Sabag Montiel creyó actuar como brazo ejecutor de un mandato colectivo.
El gobierno de Javier Milei, por su parte, ha profundizado esa cultura de la violencia simbólica. Su discurso permanente contra el “colectivismo”, sus insultos a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, su desprecio por la memoria histórica y su hostilidad hacia toda forma de militancia social reactivan el mismo caldo de cultivo que permitió el atentado. No es exagerado afirmar que el negacionismo oficial y la banalización del odio político son hoy políticas de Estado.
El fallo del TOF 6 no solo deja libres a los cómplices ocultos; también sienta un precedente peligroso. Si un intento de asesinato contra una vicepresidenta puede cerrarse sin esclarecer quién lo financió ni quién lo ordenó, la democracia argentina queda a merced de cualquier otro ataque que el poder decida tolerar. La impunidad se institucionaliza cuando el Estado no protege a sus representantes electos y cuando el sistema judicial funciona como garante del silencio.
Las preguntas que la justicia no quiso responder siguen siendo las mismas: ¿qué pasó con la pista que vinculaba a Gerardo Milman? ¿Por qué se borraron los celulares de sus asesoras en las oficinas de Patricia Bullrich? ¿Quién financió a Revolución Federal y qué rol tuvieron los empresarios del entorno de Nicolás Caputo? El archivo de la causa contra Milman, dispuesto por la propia Capuchetti, fue un gesto de protección política que revela hasta qué punto el poder real sigue moviendo los hilos.
En este contexto, el veredicto del atentado contra Cristina no es solo una sentencia judicial: es una radiografía del país. Un país donde la justicia premia a los poderosos y castiga a los que los enfrentan. Donde los responsables de un intento de magnicidio son tratados con indulgencia, mientras la víctima sigue siendo perseguida judicial y mediáticamente.
El mensaje final es tan brutal como claro: pueden intentar matar a una líder política y salir casi indemnes si el blanco es el peronismo, si el objetivo es Cristina. Esa es la verdadera dimensión de la impunidad que reina en la Argentina de hoy.
A tres años del atentado, el poder político y judicial no solo no respondió, sino que consolidó su protección a los autores intelectuales. La bala no salió, pero el fallo sí: un fallo que vuelve a herir a la democracia y deja en evidencia que la justicia argentina sigue actuando, como siempre, al servicio del poder.
Fuente:
.https://www.pagina12.com.ar/864329-los-autores-intelectuales-vieron-la-condena-por-tv
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