El dictamen de la fiscal Laura Roteta sostiene que debe respetarse el orden original de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y advierte que desplazar a Reichardt violaría la ley de paridad de género.
La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, emitió un dictamen clave en el marco del escándalo político desatado tras la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza (LLA): la persona que debe reemplazarlo al frente de la lista es Karen Reichardt, y no Diego Santilli, como pretendía un sector del oficialismo libertario.
El documento, presentado ante el juzgado electoral de Alejo Ramos Padilla, remarca que el reemplazo debe realizarse respetando el orden de prelación establecido en la nómina original, donde Reichardt ocupaba el segundo lugar. Cualquier alteración de ese orden —sostiene la fiscal— implicaría una violación al principio de paridad de género, incorporado a la legislación electoral argentina para garantizar la representación equitativa de mujeres y varones en cargos públicos.
Roteta advirtió además que aplicar de forma literal el Decreto 171/2019, que prevé que ante una vacancia asuma el candidato del mismo género, podría generar un efecto contrario al que busca la ley: terminar desplazando a una mujer y, con ello, reducir la representación femenina. Por eso, el dictamen recomienda mantener la sucesión original de la lista, que ubica a Reichardt en el primer lugar.
La postura de la fiscalía contradice la estrategia impulsada por sectores libertarios y por el propio gobierno nacional, que buscaban posicionar a Santilli al frente de la boleta, apelando a un tecnicismo normativo que ahora se enfrenta con la interpretación más amplia de la ley de paridad.
El caso quedó en manos del juez Alejo Ramos Padilla, quien deberá resolver si hace lugar al dictamen de la fiscalía o acepta la impugnación presentada por los apoderados de LLA. La decisión podría escalar a la Cámara Nacional Electoral, en caso de apelaciones, y sentar un precedente sobre cómo deben resolverse las vacancias en listas mixtas bajo el esquema de paridad vigente.
Más allá del aspecto jurídico, la disputa expone las tensiones internas dentro del espacio libertario y las maniobras de control político en la conformación de las listas, donde la equidad de género aparece nuevamente como terreno de disputa entre la legalidad formal y las prácticas partidarias.
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